El filósofo napolitano Giambattista Vico es considerado el fundador del concepto de historia como ‘ciencia’. Fue el primero en poner en duda el pensamiento dominante de la época, propuesto por el francés René Descartes, según el cual las únicas ciencias verdaderas eran las naturales.  Vico afirmaba que todas las civilizaciones pasan por determinados ciclos históricos —los ‘cursos’ y ‘recursos’ de la historia — que se repiten. Benedetto Croce, otro filósofo italiano de las primas décadas del novecientos, descubre a Vico y re-elabora su teoría con la visión de que cada civilización procede cíclicamente hacia la sociedad ideal, para luego colapsar en sí misma y volver a cumplir los mismos errores.

Ecuador, como buena parte de los países latinoamericanos que han brillado por el progresismo encarnado en el socialismo del siglo XXI, está cayendo nuevamente en el autoritarismo, neoliberalismo y subordinación al Washington Consensus.  Por eso, aquí voy a delinear los elementos que me hacen suponer que el gobierno de Lenin Moreno se está convirtiendo en una dictadura del siglo XXI.

Primero, Moreno ha realizado una moderna forma de golpe de Estado.

En las elecciones del 2 de abril 2017 gana la Revolución Ciudadana, con el binomio Lenin Moreno-Jorge Glas. El pueblo vota dos candidatos de una fórmula, dos personas postuladas en tándem. Y esas dos personalidades asumen el cargo el 24 de mayo del mismo año.

Moreno, al desacreditar todos los pilares del éxito de la gestión económica y social de la Revolución Ciudadana, acusar de caudillismo al ex presidente, reunirse con los grupos de poder económico y de la derecha; al reafirmar su separación con quienes habían sido sus electores, y, en fin, al quitarle las funciones y luego destituir (de forma irregular) a su vice-presidente Glas, cambia “de facto” el proyecto político en su gestión de gobierno. Desvirtúa así al proyecto que había resultado ganador, por voluntad popular.

En la segunda década del siglo XXI seguimos embarcados en el siglo de la comunicación de masas. Es un tiempo en el que, para hacer desaparecer a una persona o a un proyecto político, ya no es necesario desaparecer físicamente a sus militantes y/o dirigentes. Ahora es suficiente con destruir su reputación.

¿Cuál es la mejor estrategia, entonces, para hacer desaparecer a un izquierdista,  a un revolucionario? Acusarlo de corrupción. Por eso, muchos de los ex funcionarios del gobierno Correa, que no están alineados con el actual presidente, son ‘fiscalizados’ y/o amenazados de fiscalización por las gestiones realizadas durante el gobierno de Correa.

La consulta popular del próximo 4 de febrero ha sido convocada de forma anticonstitucional por medio de un decreto presidencial. Es un decreto que no cuenta con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, requisito fundamental en la jurisprudencia ecuatoriana. De las siete preguntas propuestas por Moreno y asumidas por el Consejo Nacional Electoral y el aparato mediático conservador sin ninguna objeción, una fue elaborada con la finalidad de que el ex presidente Rafael Correa no se pueda volver a postular como candidato presidencial nunca más.

Otra pregunta apunta a modificar al Consejo de Participación Ciudadana de forma tal que se componga de un cuerpo transitorio cuyos miembros sean nombrados por el gobierno y aprobados por la Asamblea Nacional, ahora con mayoría compuesta por la parte de Alianza País que apoya a Moreno más las derechas más recalcitrantes del Ecuador.  De esta forma, el Consejo difícilmente realizará su función de participación y control popular, tal como lo prevé la Constitución.

Otra de las preguntas es aquella que, en caso de ser aprobada, aboliría la Ley de Plusvalía, una normativa cuestionada por los grandes  propietarios inmobiliarios y de tierra porque impide la especulación en esos sectores de la economía. Dicha Ley tiene por objetivo prevenir la explosión de burbujas inmobiliarias, un fenómeno que afectó muchísimo a los inmigrantes ecuatorianos en España. Es una ley muy innovadora, y que los ecuatorianos deberían, en cambio, defender con orgullo.

El vicepresidente Jorge Glas es víctima de encarcelación ilegal. Su prisión empezó con una detención preventiva injustificada, que fue renovada irregularmente. Siguió con una sentencia de seis años de prisión, con declaraciones de cada testigo y perito legal del proceso sin ninguna prueba.  No quiero mencionar aquí las decenas de funcionarios y militantes de base que me han contado haber sido amedrentados por apoyar al proceso político liderado por Correa, o, las represiones a los manifestantes, como las de la semana pasada en la Plaza Grande.

En Ecuador, la libertad de prensa y/o de opinión no está siendo respetada. Es otra de las razones por las que se puede categorizar lo que sucede en Ecuador como una nueva forma de dictadura. No hay medio público que permita expresarse o escribir a los miembros de Alianza País que defienden la gestión Correa, o a los intelectuales a ella cercanos. Son numerosos los despidos de funcionarios y empleados que coinciden ideológicamente con el ex mandatario. Encima, desde el gobierno ecuatoriano se logró impedir la conferencia magistral sobre desarrollo económico que Rafael Correa tenía previsto dar en las Naciones Unidas.

A todo eso hay que sumarle que todas las actividades del ex presidente en su propio país no tienen eco en la prensa. Mucho menos sus declaraciones y denuncias sobre irregularidades. Los medios públicos se han convertido, sin ningún recelo, en medios absolutamente gubernamentales. Esos medios hoy son dirigidos por periodistas que fueron opositores a Correa y que en sus redes sociales expresaron toda clase de epítetos a Moreno cuando el hoy mandatario fue vicepresidente y delegado de las Naciones Unidas para las discapacidades.

El gobierno de Moreno ha establecido una alianza con los poderes fácticos para promover el regreso al neoliberalismo. La estrategia política no permite que el gobierno proponga paquetazos y medidas neoliberales antes de la consulta de febrero, pero está claro que el rumbo está definido. Se entrega la herramienta de la moneda electrónica a los grupos de bancos privados, los mismos que en el 1999 congelaron los depósitos en una medida que estuvo acompañada por la devaluación y la dolarización. Eso hizo perder todos los ahorros de la clase media (los ricos ya habían sacado sus depósitos fuera del país).

El gobierno de Moreno abrió el dialogo con el FMI, cuyos representantes fueron recibidos con honores en el Palacio Presidencial. Después de destituir ilegalmente al vicepresidente, la Asamblea Nacional, a propuesta del Presidente, elige una nueva vicepresidenta: para lo cual se alía con el grupo parlamentario del alcalde de Quito, Mauricio Rodas.

Todo esto lleva a comprobar la tesis de Vico y Croce: después de una época de esplendor, el Ecuador –como muchos de los países latinoamericanos- esta volviendo en una época oscura conocida por el pueblo por el enorme sufrimiento que le ha traído y que pasará a la historia con los nombres de Nuevo Plan Cóndor y Dictaduras del Siglo XXI.

*Analista internacional