En más de una ocasión se ha escuchado a las diferentes gestiones macristas hacer gala de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a su gestión y determinación para resolver ciertos conflictos que se encuentran bajo el ala de su responsabilidad, entre las que se destacan no solo las políticas educativas y sanitarias, sino también todo lo concerniente en materia de seguridad.
En ese marco, la mitad de la legislatura porteña envió una carta al mandatario PRO para exigirle que no permita que Patricia Bullrich intervenga la Ciudad de Buenos Aires con las Fuerzas de seguridad federales para irrumpir en la marcha en favor de la universidad pública con el objetivo de aplicar el autodenominado ‘Protocolo Antipiquetes’. En la misiva le piden que haga respetar la autonomía del distrito “y el rol de la Policía de la Ciudad, de conformidad con los principios de actuación establecidos en la ley N° 5688 que en su artículo 4to destaca que “la seguridad pública es deber propio e irrenunciable del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que debe arbitrar los medios para salvaguardar la libertad, la integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden público, implementando políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y fortalecer la cohesión social, dentro del estado de derecho”.
La legisladora porteña de Unión por la Patria, Claudia Neira, publicó en sus redes el comunicado que lleva las firmas de 30 diputados y diputadas de otros bloques como el Partido Socialista, La UCR y Confianza Pública.
“Presentamos una nota pidiendo al Jefe de Gobierno que asuma la responsabilidad de la seguridad de la movilización de mañana y no habilite la intervención de las Fuerzas Federales en territorio porteño. No existe ninguna causal para permitir un nuevo avasallamiento de nuestra autonomía», explicó Neira.
La carta entregada por las y los legisladores, señala: “La Ciudad de Buenos Aires cuenta con capacidad operativa suficiente para garantizar la movilización y mantener el orden público, como se ha registrado en oportunidad de otras masivas movilizaciones. En este sentido, de acuerdo a la Ley de Seguridad Interior las fuerzas federales no pueden intervenir en las provincias sin un pedido de los gobernadores y en supuestos taxativos. El orden y la seguridad se pueden garantizar cuando se hacen respetar las leyes y el orden constitucional de nuestra Ciudad. En este sentido en territorio de la Ciudad de Buenos Aires, la seguridad y el tránsito son funciones indelegables de la Ciudad, que deben ser respetadas».
Cabe destacar que en las últimas horas, el ministerio de Seguridad porteño comunicó que autorizó el cronograma de la marcha en defensa de la educación pública. «Con el objetivo de fortalecer el orden en el espacio público durante toda movilización, el Ministerio ha establecido desde el comienzo de la actual gestión, diferentes directivas para que coexistan, en armonía, quienes deseen circular libremente con aquellos que quieran manifestarse dentro de la ley. Ambos derechos deben respetarse y ejercerse de manera equilibrada y sin conflicto», señaló la cartera que conduce Waldo Wolff.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo que la aplicación del protocolo antipiquetes dependerá de la cantidad de gente que participe de la marcha. «El protocolo tiene que ver con la cantidad de gente que va, yo conozco más o menos el número de gente que va a ir«, reconoció Bullrich en una entrevista.
Bullrich habló de la posibilidad de «provocaciones» por parte de la CGT, la CTA y la izquierda, a los que acusó de «generar una situación para poder movilizarse de acá a la eternidad». En ese sentido, desde Casa Rosada, manifestaron que el «reclamo es legítimo», pero aseguraron que existen unos «pocos dirigentes» que los usan para hacer una apropiación «política» de la marcha.
