El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de La Plata lee este martes su veredicto en el juicio que investiga los crímenes cometidos en cuatro centros clandestinos de detención (CCD) que funcionaron en brigadas de la Policía bonaernese de las localidades de Banfield, Quilmes, San Justo y Lanús en perjuicio de 605 víctimas, durante el terrorismo de Estado.

El fallo del TOF N°1:

  • Prisión perpetua para Federico Minicucci, exjefe del Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada
  • Prisión perpetua para Guillermo Alberto Domínguez Matheu, exjefe de Actividades Psicológicas
  • Prisión perpetua para Carlos Gustavo Fontana, excapitán
  • Condena de 25 años de prisión para Alberto Julio Candioti, exjefe de la Sección Comando y Servicio
  • Prisión perpetua para Jorge Héctor Di Pasquale
  • Prisión perpetua para Carlos María Romero Pavón
  • Prisión perpetua para Roberto Armando Balmaceda
  • Prisión perpetua para Jaime Lamont Smart, exministro de gobierno bonaerense
  • Prisión perpetua para Juan Miguel Wolk
  • Absolución para Enrique Augusto Barre
  • Prisión perpetua para Jorge Antonio Bergés
  • Prisión perpetua para Horacio Luis Castillo

Los imputados

Entre los 12 imputados se encuentran el exministro Jaime Lamont Smart y los expolicías bonaerenses y exmilitares de inteligencia Federico Antonio Minicucci, Guillermo Alberto Dominguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Carlos Maria Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Alberto Julio Candioti, Juan Miguel Wolk, Enrique Augusto Barre, Jorge Antonio Bergés y Horacio Luis Castillo.

El tribunal integrado por Ricardo Basílico, Esteban Rodríguez Eggers y Walter Venditti escuchó desde las 8 las últimas palabras de cuatro de los imputados, y luego se hizo un cuarto intermedio hasta la hora de la lectura del veredicto, que comenzó pasadas las 13:30.

Tanto Abuelas de Plaza de Mayo como otros organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas convocaron a asistir a las 13 a la puerta de los tribunales, en calle 8, entre 50 y 51 de la ciudad de La Plata, para seguir la sentencia.

Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en esta causa, acusó a los imputados por privación ilegal de la libertad y tormentos de 23 embarazadas y una madre secuestrada junto a su hijo, y por la sustracción, retención y ocultamiento de diez nietos y nietas, siete de los cuales ya recuperaron su identidad, segùn se informó desde esa entidad en un comunicado.

En tanto, la fiscalía pidió la imposición de prisión perpetua para todos los imputados así como medidas de reparación para las víctimas y sus familiares, durante las diez jornadas de exposición de su alegato desarrolladas desde el pasado 12 de diciembre.

Los integrantes de la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad, Gonzalo Miranda y Ana Oberlin, desarrollaron las pruebas vinculadas con los 605 casos de víctimas y la responsabilidad de los acusados en los crímenes cometidos en los denominados “pozos” de Banfield y Quilmes, la Brigada de Investigaciones de San Justo y la Brigada de Investigaciones de Lanús, llamada “El Infierno”.

Y agregó: “Una organización criminal que se había apropiado del Estado y que operaba de manera coordinada, verticalizada, con distribución de tareas en función de las jerarquías y lugares, activándose procesos reglados que dan la idea de un aparato en funcionamiento donde cada pieza es parte de un sistema superior que controla todo“.

Violencia diferencial a personas trans

Asimismo, la fiscalía remarcó el carácter de víctimas de las personas trans que fueron llevadas al Pozo de Banfield cuyos casos, analizados en este juicio, dieron cuenta de que “todas fueron sometidas a la maquinaria del terrorismo de Estado al igual que las otras personas victimizadas” y sus derechos avasallados por “toda clase de vejaciones”, señalaron Oberlin y Miranda.

“Debemos nuevamente resaltar que estas mujeres formaron parte de las personas consideradas enemigas, justamente porque no se ajustaban al modelo sexo-genérico que el terrorismo de Estado buscó garantizar y eso implicó que adicionalmente sufrieran no sólo las violencias generales de las personas que estaban en el Pozo de Banfield, sino también violencias diferenciales, en razón justamente de sus identidades de género”, añadieron.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal instaron a los gobiernos provincial y nacional y a distintos organismos a que materialicen medidas de reparación para las víctimas, como reincorporaciones laborales, ascensos y beneficios jubilatorios.

También solicitaron que se dé amplia publicidad a la sentencia en portales y sitios de difusión pública de la región y que se remita copia de la misma al Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, teniendo en cuenta que en el debate se produjo prueba vinculada con la organización ilícita transnacional integrada por las dictaduras del Cono Sur, conocida como Operación Cóndor.