Laura Sala es doctora en Ciencias Sociales (UBA), magíster en Estudios Latinoamericanos (UNSAM), Socióloga (UBA); co-coordinadora del Grupo de Estudios sobre Centroamérica (IEALC-UBA) y del Grupo de Trabajo CLACSO «Violencias en Centroamérica». Conoce profundamente la actualidad de los países de esa región.
–Lo que pasa en Guatemala no sorprende.
–Es un proceso bastante largo. En 2019 era presidente Jimmy Morales, un cómico televisivo aliado de los militares más duros. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (creada en 2006), un organismo internacional con mucho apoyo de la ONU y de EE UU fortaleció el sistema de Justicia y llevó adelante muchas investigaciones vinculadas a la corrupción del poder económico. Pero Morales echa a la CICIG y empieza un proceso de captación del sistema Justicia y persecución a los jueces y fiscales. De hecho, la fiscal general Consuelo Porras nombra a Rafael Curruchiche, un personaje nefasto, que reemplaza a Juan Francisco Sandoval, el fiscal especial cuyo trabajo fue central para empezar a descubrir esa trama de corrupción que había adentro del Estado.
–Ahí cobra fama el “pacto de corruptos”, como se denomina a la alianza entre el capital económico más ligado a los negocios ilícitos.
–Copan el sistema de Justicia, incluida la Corte Suprema. Aparece la «fundación contra el terrorismo» ligada a los militares más duros de la época de la contrainsurgencia y llaman «terroristas» a todo lo que sea de izquierdas. Las élites económicas más conservadoras y ligadas a los negocios ilícitos, como Consuelo Porras, se articulan muy fuerte. Así, cuando gana Arévalo, un triunfo muy sorpresivo para todo el mundo, arranca el proceso para que no asuma. Fueron meses de disputa. Se involucró EE UU y la Comunidad Europea a favor del nuevo presidente. Y apareció un actor clave: los pueblos indígenas que acamparon en el Ministerio Público por más de 100 días. Arévalo les agradece todo el tiempo. Así asume, pero el proceso no se detiene. Esta gente defiende intereses muy fuertes y un sistema de corrupción muy grande. De hecho lo primero que hacen es intentar que los diputados de Semilla, no puedan asumir.
–Ya en el gobierno, la actitud de Arévalo fue la de enfrentar a ese sistema judicial.
–Con los medios que dispone, que son pocos, intenta sacar a Porras, pero no lo logra, por una ley del 2016 que se emitió en medio de otra crisis de corrupción, para evitar que el presidente, cuando es acosado por el sistema de justicia, eche al fiscal general. Y ahora le juega en contra. Mandó un proyecto de ley para modificar esa ley pero el Congreso no lo está tratando. Tiene muy pocos diputados. Una minoría. Y la Corte es parte de este entramado de corrupción. Las instituciones democráticas no existen pero Arévalo tiene el apoyo del pueblo. Que le está pidiendo que los hache patadas (a los fiscales). La gente sabe quiénes son los corruptos. Los pueblos indígenas están jugando un papel muy importante en este momento. Bernardo se está acercando además a algún sector del empresariado, pero no tiene mucho, digamos, para dar esta pelea.
–¿Y el frente exterior?
–EE UU lo está bancando, pero hay un sector dentro, el más conservador, cercano a Donald Trump que está ligado al “pacto de corruptos”, con una campaña de acción psicológica muy fuerte contra el “comunismo” de Arévalo. El gobierno de EE UU, como la OEA y la UE se pronunciaron bancando la democracia en Guatemala, pero en este contexto no se sabe cuánto puede durar.
–¿Este nuevo pedido de retiro de inmunidad coincide con el proceso de selección de los 13 nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad de las Cortes de Apelaciones?
–Se arma una Comisión de Postulación con los decanos de universidades y el Colegio de Abogados, pero es el Congreso el que decide en última instancia. Sí, influye en la disputa central.
–Esta pelea del Ejecutivo contra la Justicia se reitera sistemáticamente en la región. México, Honduras, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina y siguen las firmas.
–En Guatemala se refuerza tras la fuerte crisis política del 2015. El presidente Otto Pérez Molina, un militar implicado en la contra insurgencia, en el genocidio fue electo, digamos democráticamente y la CICIG descubre una línea de corrupción dentro de las aduanas que implica una millonada de plata. Implicaba a todo el gobierno. El presidente termina renunciando, pero se fortalece el “pacto de la corrupción”. A su vez implicó la movilización enorme de la sociedad guatemalteca, una reactivación de los movimientos populares y el liderazgo de autoridades indígenas, un proceso súper interesante, que se da en una sociedad profundamente racista. Finalmente, Sala recuerda que “este año se cumple el aniversario del inicio del proceso revolucionario en el 44 encabezado por el padre de Arévalo y también el aniversario del golpe de Estado del 54, la primera operación encubierta de la CIA en Guatemala.
