Fueron cuatro largos días de negociación. El jueves comenzó la reunión de la Comisión Nacional de Casas Particulares que establece el salario de las poco más de 450 mil trabajadoras del sector que se encuentran registradas en la actualidad (apenas el 2,7% son varones) y ofrece una referencia para las 1,2 millones que lo hacen de manera informal. Es el gremio en el que la informalidad laboral se encuentra más extendida y naturalizada.

Ese día, por falta de acuerdo, se decidió un cuarto intermedio que siguió el viernes cuando tampoco se pudo alcanzar un entendimiento. Lo mismo ocurrió el lunes. Finalmente, el día martes el organismo que regula los haberes del sector acordó un incremento del 12,9% para el período de julio y agosto en dos cuotas de 8,5% y 4% acumulativas respectivamente. Así en agosto el salario mínimo para la categoría inicial sin adicionales llegará a los $321.361.

El acuerdo aclara que el incremento de julio tiene un carácter retroactivo y, por lo tanto, en aquellos casos en que ya se hubiera abonado el estipendio relativo a ese mes, deberá ser actualizado en un pago complementario.

Las características atomizadas del gremio plantean grandes dificultades para que ese cobro se pueda plasmar efectivamente en lo que se refiere al mes de julio. Sobre todo, para las trabajadoras que perciben sus honorarios por hora.

La Comisión Nacional para el Trabajo en Casas Particulares, el organismo que determina las escalas salariales del sector, está integrada por doce sindicatos y dos entidades patronales cuyos votos equivalen al 25% del total cada uno. El Estado ostenta el 50% de los votos restantes y poder de desempate en caso de no alcanzar acuerdo. Así las cosas, a diferencia incluso del Consejo del Salario Mínimo, donde el gobierno en caso de no haber acuerdo debe disponer un laudo extraordinario, en este caso, es el gobierno quien, formalmente, puede definir en forma unilateral el incremento.

A pesar de la extensa negociación, esta vez, se alcanzó un acuerdo que destrabó la negociación y eludió la necesidad de recurrir a la intervención unilateral de la secretaría de Trabajo.

De este modo, es de esperar que en julio y agosto las trabajadoras del sector recuperen parte del poder adquisitivo que resignaron en el último año. Es que, entre junio de 2024 y el mismo mes de 2023, el salario real de la quinta categoría (tareas generales) resignó un 20,8% con relación a la evolución de la Canasta Básica Alimentaria que mide el nivel de indigencia. El marcado deterioro del sector, sin embargo, fue menor al del salario mínimo vital y móvil que en el mismo período retrocedió en términos reales un 29,4%.

En la medida en que la inflación pronosticada para los meses de julio y agosto por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA marca un 3,9% y un 3,8% respectivamente, los aumentos podrían reducir un poco el retroceso que arrastran. De cumplirse esos pronósticos, el salario de agosto habrá perdido un 18,9% de poder adquisitivo y equivaldrá a apenas un 75% del valor de la canasta básica alimentaria que mide el nivel de indigencia para una familia de dos adultos y dos menores.

La relación entre el salario inicial de las trabajadoras de casas particulares y la CBA llegó a ser del 132% en junio de 2017. Entonces el salario mínimo equivalía a un 133% de la CBA mientras que en agosto de este año, de cumplirse la inflación pronosticada por el REM, representará apenas el 61,8% de la línea de indigencia.