El peso de los servicios públicos en la economía familiar se duplicó con creces en los ocho meses de gestión del gobierno de Javier Milei. Las tarifas de agua, gas, electricidad y transporte público que abona una familia tipo del AMBA pasaron de representar el 6,2% del salario promedio en diciembre de 2023 al 14,3% en agosto último.
Los números, elaborados por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires, son una acabada muestra de la vigencia del refrán popular que señala que “los precios suben por el ascensor y los salarios, por la escalera”.
En efecto, el cruce de los datos señala que los incrementos tarifarios autorizados por el Ministerio de Economía en los últimos ocho meses fueron muy superiores a las mejoras en los salarios de la población. El estudio realizado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP precisa que la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 380% entre diciembre y agosto.
En cambio, el salario mínimo convalidado por el Consejo del Salario (organismo tripartito en el que confluyen el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos) sólo se incrementó 68,2% en ese período, en el que pasó de $ 156.000 a poco más de $ 262.000.
Algo similar ocurre si se toma en cuenta la remuneración que perciben los trabajadores registrados, que es captada por el Ripte, indicador que elabora la Secretaría de Trabajo. Aun con cierto retraso para su confección (el último dato disponible corresponde a junio), el ingreso promedio subió sólo 92% en el primer semestre.
El peso total de esa canasta de servicios en la economía familiar llegó a ser más alto, del 15% en el mes de junio. Desde entonces bajó levemente, unas siete décimas porcentuales, por los menores consumos de energía eléctrica y gas, que comienzan a reducirse una vez pasado el pico estacional de invierno.
Según el estudio realizado por el IIEP, una familia del segmento N1 (sin subsidios) gasta $ 144.433 en el mes en cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar. La cifra surge de $ 38.137 en la tarifa de electricidad; $ 34.973 en la de gas; $ 24.486 en el servicio de agua y cloacas; y $ 46.873 para el gasto en transporte.
“El gasto en transporte público será mayor en septiembre ante igual cuadro tarifario. Eso se debe a que en agosto el aumento se efectivizó a partir del día 12 y por lo tanto el gasto refleja 12 días con la tarifa anterior y 19 con el valor actual del boleto”, advierte el trabajo.
Nuevo mes, nuevo precio
A ello se suman los incrementos que rigen desde hoy. A través de sendas resoluciones, la Secretaría de Energía dispuso actualizar los precios que percibirán las empresas generadoras de electricidad y las productoras de gas, los que impactarán en las boletas finales alrededor de un 4%. En el caso de Aysa, en tanto, el ajuste (mensual y automático) surge de una fórmula polinómica que contempla la evolución de los precios al consumidor, los precios mayoristas y los salarios: este mes será de 4,48%.
El objetivo del gobierno es reducir al mínimo el gasto en subsidios y que los usuarios terminen pagando el total de la tarifa plena. En ese sentido, la estrategia difiere de la aplicada por el macrismo. En aquel momento, el encargado del área, Juan José Aranguren, había planificado una serie de aumentos semestrales que iban a llevar a esa meta. El actual ministro, Luis Caputo, privilegió ir regulando el ritmo para no retroalimentar la inflación.
Al respecto, el documento del IIEP estima que “en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 44% de los costos, mientras que el Estado se hace cargo del 56% restante. Sin embargo, esta cobertura es dispar entre segmentos de hogares y entre servicios”.
Las diferencias surgen de la segmentación que el Frente de Todos había puesto en marcha en 2022 y que creó tres grupos en función del nivel de ingresos de la población. Con los incrementos que rigen desde hoy, el gobierno espera que los usuarios de altos ingresos (clasificados como N1) absorban el 72% del costo del gas y el 90,5% de la electricidad. La cifra será menor para los hogares N3 o de ingresos medios, que cubrirán 32% y 40% respectivamente, mientas que en los N2 (bajos ingresos) la proporción alcanzará el 26% y 25%.
Este último grupo, el que ocasiona mayor gasto en subsidios por el Estado, podría adelgazar drásticamente a partir de esta semana. El jueves 5 vence el plazo otorgado para la inscripción en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía) de aquellos usuarios que habían sido incorporados de manera automática porque eran beneficiarios de la tarifa social. Si no se anotan, pasarán a ser considerados como N1 y sus tarifas aumentarán fuertemente.
