El acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional que compromete una fuerte reducción del déficit fiscal para los próximos cuatro años permite pronosticar una aceleración en la reducción de empleos públicos.

Los 354 telegramas que la semana pasada llegaron a los domicilios de los trabajadores de la agencia Télam, en parte, se explican por ese ajuste en el gasto público que impulsan desde el Ejecutivo.

El programa de «dotaciones óptimas» del Ministerio de Modernización augura una nueva ofensiva sobre los empleados públicos nacionales, para quienes el gobierno tiene preparados unos 20 mil despidos más en el próximo período.

Los estatales, además, deberán soportar el congelamiento de la planta, del presupuesto para insumos y de sus propios salarios en la medida en que el gobierno los exceptuó de los beneficios que otorga el Decreto 508/18 que habilita un incremento adicional del 5% para aquellos convenios paritarios del sector privado que hubieran acordado una suba de salarios del 15 por ciento.

Sin embargo, las cesantías no son patrimonio exclusivo del sector público. Entre los cinco puntos que el triunvirato de la CGT había presentado al gobierno en las reuniones previas al paro nacional del lunes pasado estaba incluido el pedido de un compromiso de suspender los despidos públicos y privados durante un período de seis meses. La negativa del gobierno, a pesar de que en otra oportunidad ya había firmado algo similar sin efectos concretos posteriores, fue lo que terminó de desencadenar la medida de fuerza.

Semana caliente

Durante la última semana, y luego del paro general, se conocieron centenares de despidos de trabajadores que abarcan diferentes rubros del sector privado.

Más de 50 cesanteados en la Fundación Favaloro generaron medidas de fuerza en el gremio de la Sanidad donde también se produjeron 15 despidos en el Laboratorio Andrómaco y decenas en la empresa Vital. Se trata del gremio de origen de Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato que conduce la CGT.

El viernes último se conoció el cierre de la empresa ceramista tucumana Ranchillos, que dejó 45 trabajadores en la calle. El taller metalúrgico ECO TA, en Berazategui, decidió cesantear a 30 empleados que corresponden al 70% de su personal. La empresa de peajes de la ruta 11 de Santa Fe despidió esta semana a más de 120 empleados mientras que, luego del vencimiento de la conciliación obligatoria, la patronal de Radio del Plata no sólo ratificó los 30 despidos que habían generado el conflicto sino que los amplió hasta 42. El Diario de Paraná desvinculó a 30 trabajadores de prensa que se suman a los 57 despidos producidos durante el mes de mayo.

En el gremio pastelero, la empresa Pegasus que gestiona la cadena de helados Freddo y estaba vinculada al vicejefe de gabinete, Mario Quintana, anunció su intención de reducir cien empleos en su planta ubicada en Parque Patricios a través de retiros voluntarios de los cuales sustanciaron 40 en estos días.

Villa del Sur informó el despido de 44 operarios de su planta situada en Chascomús, mientras que la empresa de electrodomésticos MABE, situada en Haedo, desvinculó a 60 empleados como parte del desmantelamiento de su planta de producción. La compañía conservará apenas 30 trabajadores para atender el servicio técnico.

El jueves pasado se había conocido el cierre repentino de la empresa de jugos Vitacrem, ubicada en la ciudad entrerriana de Concordia y, días antes, en la misma provincia, la compañía química Unilever informó el despido de 21 operarios que fueron transitoriamente reincorporados a través de una conciliación obligatoria. Los delegados de la empresa marplatense Textilana denunciaron 30 bajas a través de un novedoso mecanismo de «renuncia con indemnización». En el mismo sector se registraron 40 despidos en Australtex de Tierra del Fuego.

En la La Pampa, luego de un largo conflicto y una vez vencida la conciliación obligatoria, la petrolera Vista ratificó el despido de 150 operarios.

El relevamiento parcial suma más de 1200 despidos que corresponden a lo que ocurrió apenas en la última semana.

Además, la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA), conducida por otro de los triunviros de la CGT, Juan Carlos Schmid, se declaró en estado de alerta y movilización ante la posibilidad de que se produzcan 200 cesantías de empleados de la Terminal Río de la Plata del Puerto de Buenos Aires. El gremio automotriz, SMATA, alertó la semana pasada acerca de la posibilidad de que se produzcan «miles de despidos y suspensiones».

Estos datos sirven para ilustrar una situación que se ha acelerado al ritmo del agravamiento de la crisis económica y las señales recesivas y de una nueva retracción del consumo pero que, como tendencia, ya se venía manifestando.

Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, señaló que «ya hay casos de empresas que anunciaron el despido de todo el personal y pasaron a ser importadoras. Hay un resurgir de este tipo de situaciones».

Además pronosticó que «el mercado de trabajo va a enfrentar un segundo semestre muy complicado, con una actividad estancada que no va a contribuir a la creación de empleo y un freno fuerte de la construcción por la reducción en la obra pública que, por las características del empleo en el sector donde se despide sin indemnización, golpea en forma directa e inmediata. Va a impactar muy fuerte en el mercado de trabajo.»

Datos nuevos

«Los resultados reflejan dos meses de turbulencias», fueron las palabras que utilizó el director de Estadísticas del Ministerio de Trabajo, José Anchorena, al presentar ante la prensa el informe mensual sobre mercado laboral, el pasado jueves. El estudio se compone de los datos consolidados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de abril y de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de mayo.

El SIPA da como resultado una pérdida de 95 mil puestos de trabajo registrados desde diciembre a abril de este año. Solo en abril se perdieron más de 39.800 puestos de asalariados del sector privado que, en términos desestacionalizados, implican una creación nula de empleo. Además se ratificó la tendencia al retroceso de los monotributistas y autónomos, que son los sectores más sensibles a las señales de recesión por su condición de empleados precarios o su propensión a retrasarse en los pagos de la Seguridad Social cuando no registran ingresos.

El empleo en la industria manufacturera, por su parte, retrocedió en casi 10 mil puestos de trabajo que, en términos desestacionalizados, equivalen a 3700 empleos menos. En un año, la manufactura resignó casi 19 mil empleos. El dato, relativo a abril, no expresa todavía el impacto de la caída industrial de un 1,2% industrial que el viernes difundió el Indec y que revirtió 12 meses consecutivos de subas.

Además, el informe originado en el SIPA de abril no llega a ilustrar cabalmente el impacto de la corrida cambiaria que se produjo en mayo ni las expectativas recesivas que genera el acuerdo con el FMI. Esa información sí se desprende de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que recoge los datos proporcionados por 3000 empresas acerca de la movilidad de personal en sus plantas durante mayo y las expectativas para los próximos tres meses. Ese relevamiento se realizó entre el 1 y el 20 de junio. Con todo, el informe todavía es parcial toda vez que, al 20 de junio, la devaluación de la moneda acumulaba desde principios del año un 33% mientras que ahora ya alcanza un 58 por ciento. Esta situación augura peores noticias para los próximos informes.

La encuesta a los empresarios arroja como resultado una expectativa neta de empleo de un 3,4% que surge de la diferencia entre el 8,3% de las empresas que manifestaron intenciones de incrementar su dotación en los próximos tres meses y el 4,9% que expresó su intención de reducirla. El dato marca un retroceso con relación al informe previo que había dado como resultado un 4,8%, y una caída de dos puntos y medio con relación al informe de marzo (5,9%).

Según los especialistas de la cartera laboral, el indicador todavía se ubica en el rango que va desde un 3% hasta un 6% y que, aseguran, ilustra un cuadro de estabilidad en el empleo. Pero la tendencia negativa es muy marcada y se coloca en los niveles más bajos que se hayan registrado durante toda la gestión de Cambiemos, en particular los de los meses de abril y mayo de 2016 y de noviembre de ese mismo año.

Sobre lo acontecido en mayo, las empresas manifestaron un incremento interanual de los puestos de trabajo de un 0,7% que implica un retroceso del 0,2% con relación al mes de abril y que debería verificarse en el informe de SIPA del próximo mes. Con todo, y según el informe, el enfriamiento del mercado de trabajo resulta de una merma en la denominada «tasa de entrada» y un congelamiento en la «tasa de salida» que indicaría una postura expectante de los empresarios ante un escenario que, con escepticismo, todavía evalúan incierto.

Para Luis Campos, de esos datos se desprende que «en términos de ocupados registrados es el peor inicio de año desde que el Ministerio de Trabajo publica los datos. Hasta abril, la caída de ocupados registrados es del 0,76% cuando en 2016 había sido de 0,73 por ciento».

Además, ratificó que «las modalidades precarias de ocupación que habían compensado la caída del empleo registrado, como los monotributistas, empezaron a mostrar una desaceleración y una caída. Esto se podría explicar porque las señales de desaceleración golpean en forma más directa a estos sectores».

Oscar Martínez, del Taller de Estudios Laborales, coincidió en señalar que «hay un aumento del desempleo aunque todavía no es masivo. Es una sangría generada por el cierre de pymes, la caída del consumo y la política recesiva del gobierno y es esperable que se agrave. Pero el gobierno tiene un problema, las movilizaciones de diciembre contra la reforma previsional, las marchas por el derecho al aborto y la masividad del paro general no lo dejan apretar el acelerador como querría. Entre el paro general y la paritaria camionera muchos trabajadores se dieron cuenta de que se puede pelear», concluyó.  «

Piden 25% al salario mínimo

En parte como una forma de descomprimir la relación con los sindicatos luego del paro general y en parte porque las fechas apremian, el Ministerio de Trabajo decidió poner fecha a la reunión del Consejo del Salario Mínimo. La cita involucra a todas las centrales sindicales y entidades empresarias, se realizará durante la primera quincena de julio y apuntaría a un acuerdo para una actualización del 25% del mínimo que, a partir de este mes de julio, es de $ 10 mil.

La pauta va en línea con las paritarias que cerraron en las últimas semanas al calor de la corrida cambiaria y los nuevos pronósticos inflacionarios, como Camioneros (25%) y Alimentación (24%). Una suba así del SMVM sería una nueva referencia para los acuerdos salariales de este año que tienen cláusula de revisión.

Además, se trata del tercer techo que fija el gobierno luego del 15% en el que se plantó en la primera ronda de negociaciones, y del 20% a partir del decreto 508/18 que generó un mecanismo simplificado para la homologación de acuerdos complementarios por un 5% en dos cuotas para aquellos gremios que hubieran cerrado antes por el 15%. A través de ese mecanismo ya se modificaron (o están en vías de hacerlo) los acuerdos bancario, petrolero y de la UTA.

Los sindicatos del Neumático y Telefónicos aún no discutieron sus aumentos para 2018. En el primer caso, el SUTNA reclama un 30% mientras que los telefónicos no han hecho público el reclamo, pero se estima que será en torno del 25 por ciento.

Así las cosas, el Consejo del Salario podría llevar el mínimo hasta $ 12.500 en julio del próximo año en tres cuotas, tal como se acordara en 2017. El monto influye en forma directa sobre los ingresos de los 400 mil beneficiarios de programas remunerados con el salario social complementario que está fijado en un 50% de ese haber.

Con todo, la Canasta Básica Total que mide el umbral de la pobreza acumuló en mayo una apreciación interanual del 28,4%, alcanzando los $ 18.833 para una familia tipo. Durante ese mes el salario mínimo ubicado en $ 9500 representaba poco más del 50 por ciento.