En los últimos días el Gobierno Nacional tomo una decisión de gran trascendencia y acierto: el complejo hidroeléctrico del Comahue concesionado a grupos internacionales en la década de los 90, volverá a ser mantenido y operado por el Estado Nacional. Cabe recordar que la construcción y operación de dicho Complejo fue llevada adelante por la empresa estatal Hidronor, hasta su liquidación y posterior concesión de los activos.

Esta decisión fortalece la participación estatal en la generación de un insumo esencial y estratégico para el desarrollo con equidad de los argentinos como lo es la energía eléctrica.

Debemos tener en cuenta que esta decisión tiene un impacto no solo en la producción de electricidad, sino también (y más importante aún) sobre el manejo del recurso hídrico. Hay que tener en cuenta que la zona del Alto Valle de Rio Negro constituye el área productiva de riego más extenso del país. La soberanía sobre la disponibilidad y manejo del agua es extremadamente estratégico para el presente y futuro. Más aun cuando aparecen propuestas extravagantes de ceder la política hídrica a empresas extranjeras con intereses que nada tiene que ver con el desarrollo humano sustentable y equitativo que debe primar en la planificación de estas políticas. Concretamente en Rio Negro se está avanzando con la empresa israelí Mekorot para el desarrollo de un plan de manejo de agua, como si en Rio Negro no tendríamos instituciones y profesionales con conocimiento y fundamentalmente intereses en el desarrollo sustentable con equidad que requiere nuestro país.

A partir de ahora habrá que determinar entre otros aspectos, que destino se dará a la renta que genera la producción de energía del Complejo. Entendemos que es esencial que los fondos generados se utilicen para financiar la continuidad del programa de desarrollo de la hidroelectricidad de la Patagonia, en todas sus etapas de planeamiento, proyectos y construcción de nuevos emprendimientos.

En ese sentido, lo hemos expuesto muchas ocasiones es prioritario para Río Negro la ampliación de la superficie con acceso al agua mediante la implementación del aprovechamiento hídrico que vuelque un pequeño caudal del Limay desde Arroyito hasta San Antonio Oeste, constituyendo una fuente de arraigo poblacional en la zona rural, hasta una vía navegable interna y en definitiva una obra que permita integrar la región más extensa y abandonada por la provincia al desarrollo un poco menos injusto y más armónico.

Se trata de un proyecto aprobado por Ley 3078/ 96 y revisado en 1979/1984/1986/1991, actualizado y modelado por la Universidad Nacional del Comahue, que espera su implementación en la medida que una decisión política tan firme y clara como la que hoy tomo la Presidencia de la Nación, aplique los mecanismos y recursos para hacerlo.

También será importante avanzar en la articulación con las Provincias que son las titulares del recurso hídrico. En este sentido entendemos que es necesario abrir las negociaciones entre Nación y Provincias para lograr una sinergia en el desarrollo de la actividad. Hay mucho por discutir y mucho por acordar, pero nunca perder de vista que lo esencial y trascendente es que los argentinos, en su conjunto, volveremos a definir nuestro manejo de los recursos hídricos y energéticos del Comahue.