El paro del jueves 9 de mayo resultó contundente. De nuevo, una medida convocada por la CGT en oposición a las políticas del gobierno de Javier Milei sorprendió a los propios organizadores. El microcentro porteño se mostró semidesierto y, un dato significativo, los colectivos que circulaban a cuentagotas, lo hacían prácticamente vacíos.
Millones de trabajadores sindicalizados acataron lo dispuesto por sus conducciones gremiales paralizando el transporte, la industria, el comercio, el sistema financiero, los servicios de salud, el empleo público y la educación pública y privada.
Pero el mismo camino tomaron los millones de trabajadores informales que, respaldados en la carencia de medios de locomoción, pudieron adherir a la medida. Las paradas de colectivos vacías reflejaron que ni siquiera intentaron acercarse a sus lugares de trabajo.
En las provincias, las grandes plantas industriales de Córdoba, las petroleras de Neuquén y Chubut, el cordón industrial de San Lorenzo, en Santa Fe, las grandes plantas metalúrgicas y siderúrgicas de esa provincia y de Buenos Aires estuvieron paralizadas. El polo industrial de la zona norte de la provincia de Buenos Aires también adhirió en forma contundente a la medida.
A diferencia de lo ocurrido en el centro político del país, en las provincias la medida asumió un carácter activo en diversas ciudades como Córdoba, Rosario y San Lorenzo, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y un largo etcétera. Las movilizaciones pusieron a los trabajadores en la calle y mostraron una gran adhesión en cada lugar.
Impacto político
En la conferencia de prensa realizada por los sindicatos clasistas en la Plaza de los Dos Congreso, Rubén «Pollo» Sobrero, titular de la Unión Ferroviaria Oeste, contó que, en las asambleas preparatorias, muchos trabajadores reconocieron haber votado a Javier Milei agobiados por el ajuste del gobierno anterior pero, detalló, aclararon no haberlo hecho para sufrir despidos, ni reducción del salario. Tampoco buscaban ser cómplices de la licuación sin precedentes de las jubilaciones. A la hora de votar en las asambleas, dijo, «el 100% decidió adherir al paro contra el ajuste de Milei».
Algo similar manifestó Pablo Moyano en la conferencia de prensa realizada en la CGT en la tarde del jueves, cuando destacó el mismo comportamiento entre los choferes de camiones.
De este modo, el golpe político al gobierno fue muy profundo. Al igual que la masiva marcha universitaria que volcó a la juventud a la calle, sirvió para minar gran parte de la base de sustentación política y electoral del experimento libertario cuya emergencia fue tan repentina como volátil podría ser su consolidación.
El gobierno, sin embargo, optó por no acusar recibo. El vocero presidencial Manuel Adorni fingió demencia y la emprendió contra la medida: «Fue el paro más débil de la historia», disparó. A la hora de justificar la supuesta falta de adhesión, sólo dijo que «la mayoría de los argentinos desprecia a los líderes sindicales».
La bronca es subterránea
Si eso fuera cierto, entonces, habría que indagar más hondo para tratar de entender cuáles fueron los motivos de tan amplia y evidente adhesión incluso entre los sectores no sindicalizados.
Algunos comercios también decidieron no abrir sus puertas. En parte por el ausentismo de sus empleados, en parte por la escasa demanda que verificaron durante el mismo día pero también en gran medida como una forma de manifestar su descontento ante un plan económico que, según la CAME, produjo una caída del consumo acumulada en los primeros cuatro meses del año del 18,4%.
La industria acusó en marzo un derrumbe del 21,2%. En los seis meses que van de agosto a febrero, según datos oficiales (SIPA-AFIP), el sector privado perdió 94 mil puestos de trabajo de los cuales 62 mil se destruyeron en los primeros tres meses de gobierno de Javier Milei. En el registro todavía no se refleja lo ocurrido entre marzo y los días que van de mayo.
Es poco probable que exista una claridad acerca de la dimensión y el alcance de los derechos que la Ley de Bases pretende conculcar a los trabajadores. Sin embargo, no hay forma de disimular la caída del poder adquisitivo de los asalariados que, según datos que se conocieron el viernes, sólo entre noviembre y marzo, cayó un 15,2% para el sector de los trabajadores registrados. Los empleados públicos perdieron en el mismo período un 20,6% y acumulan un retroceso del 38% desde diciembre de 2016. Los privados, por su parte, retrocedieron un 12,1% desde noviembre y un 28% desde diciembre de 2016.
Los salarios de los trabajadores informales crecieron apenas un 27,8% desde noviembre mientras la suba de la Canasta Básica Total que mide el nivel de la pobreza fue del 98%. Así, el salario real del sector informal retrocedió un 35% en apenas cuatro meses. El salario mínimo vital y móvil, cuyo valor actualizó el gobierno en forma unilateral luego de dinamitar el Consejo del Salario, llegó en marzo hasta los $ 202.800 que implican una suba desde noviembre de apenas un 39% consolidando un retroceso en términos reales del 29%. Además, el Poder Ejecutivo ya fijó una suba del 15,5% para abril y mayo cuando el Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA pronostica una inflación superior al 17%.
Es allí, en las condiciones de vida de la población, donde corresponde explorar las raíces del descontento que se puso de manifiesto en la contundencia del paro. En el mismo lugar en el que estuvo la clave de la derrota electoral del gobierno anterior y, paradójicamente, el ascenso de Javier Milei al poder estatal.
El rumbo con la mira en el Senado
La CGT espera cosechar los resultados del paro en la votación de la ley de Bases en el Senado, que el gobierno aspiraba a lograr antes del Pacto de Mayo. Así lo explicaron en la conferencia de prensa que organizaron el mismo jueves. Sin embargo, allí mismo se dejaron ver los matices que anidan al interior de la central obrera. Mientras Héctor Daer le restó importancia a una posible movilización con paro para ese día, Pablo Moyano se mostró proclive a redoblar la presión sobre los legisladores en la calle. Daer señaló que “lo que importa no es la movilización sino que no levanten los brazos adentro”. El camionero, sin embargo, disparó que “es una obligación estar ese día”.
Parte de la definición se conocerá el martes cuando, convocados por los organismos de Derechos Humanos, la CGT y las dos CTA se reunirán en la Facultad de Ciencias Sociales en una multisectorial que buscará definir un camino en común.
El líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, confirmó la cita y señaló a este diario que “el paro fue de una contundencia abrumadora. Un plebiscito inapelable rechazando las políticas de ajuste, el DNU, la ley de Bases y el intento de convertirnos en un país hostil a los derechos laborales y en un paraíso fiscal. La demanda de los trabajadores se escuchó con mucha fuerza”.
Yasky señaló que “sobre la continuidad estamos empezando a construir una convocatoria para debatir y organizarnos junto con otras organizaciones. Se va a discutir la continuidad y la posibilidad de una convocatoria para cuando se trate la ley en el Senado”.
Por el lado de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, señaló que “fue un parazo y expresó el alto nivel de solidaridad y unidad de la clase trabajadora. Hay condiciones para seguir acumulando fuerzas para anular el DNU y evitar que se apruebe en el Senado el proyecto de ley Bases. El objetivo es acumular fuerzas para fortalecer la decisión de movilizar el día que el Senado trate el proyecto”.
Desde el sindicalismo clasista, Alejandro Crespo, líder del SUTNA, señaló que “hay que atacar a la altura del ataque que estamos recibiendo. Si ellos lanzan un intento de reforma estructural de las leyes que impactan sobre el movimiento obrero hay que responder con paros generales activos. No se puede responder con algo menor que no tendría efecto frente a semejante acción. Es necesario parar y movilizar el día que se trate la ley de Bases”.
Sobre esa posibilidad, Godoy señaló que “lo vamos a discutir en ese espacio multisectorial. Las tres centrales estamos coordinando esfuerzos”. Yasky por su parte opinó que “no podemos ir a un nuevo paro la semana que viene. No se puede tirar tiros al aire. Cada paro tiene que ser más fuerte que el anterior. Lo que está planteado es la posibilidad de una movilización con mucha masividad”.
La fuerza para frenar la embestida oficial está. El resultado dependerá de la política más adecuada para evitar que se disipe.
