La suba del riesgo país tiró abajo un proyecto que se iba a realizar bajo el formato de Participación Público Privada (conocido como PPP) y amenaza con parar otras cinco obras que ya se licitaron hace seis meses pero que no avanzan por las dificultades de las constructoras para conseguir financiamiento internacional a valores razonables.

El riesgo país cerró este martes en los 786 puntos. Esto quiere decir que la Argentina paga por su deuda pública casi 8 puntos porcentuales más que Estados Unidos, donde el bono soberano a 10 años de plazo pagó 2,8%. Es decir, un prestamista le pedirá al Estado argentino, a una provincia o una empresa que trabaja en el país, un mínimo de 10,5% anual para otorgarle un crédito.

El riesgo país se encuentra en sus actuales niveles desde hace dos semanas y su tendencia es ascendente. Los analistas no se ponen de acuerdo acerca de las causas que motivan esta dinámica. Algunos sostienen que se trata de un reflejo de los mercados de crédito ante la posibilidad de que Mauricio Macri no renueve su mandato presidencial y Cristina Fernández lo suceda, lo que implicaría –según esa mirada- una vuelta al control de capitales. Para otros, es la reacción ante la casi certeza de que Argentina deberá renegociar su deuda pública en dólares en 2020, no importa cuál sea el gobierno que esté instalado en la Casa Rosada. Una tercera mirada es que la crisis se acelera y se acrecienta el riesgo de default en 2019.

La obra que se cayó del PPP fue la de la represa Portezuelo del Viento, proyecto ubicado en el sur de Mendoza que busca mejorar el control de los caudales del río Grande, incrementar el riego en toda esa región y aumentar el parque de generación hidroeléctrico.

La multiplicidad de factores complejizó al proyecto a tal punto que su costo pasó de 600 millones de dólares hace tres años a 1000 millones de la moneda estadounidense.

En un cuadro de restricciones presupuestarias debido al acuerdo con el Fondo Monetario, el proyecto quedó dentro de los planes PPP. El gobierno nacional ha restringido el presupuesto de obras públicas a las iniciativas menores.

La administración macrista trató de justificar el cambio con un argumento insólito: el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que se pasó del sistema PPP a “otro que va a estar conformado por fondos que pueden ser del Tesoro, bilaterales o multilaterales”, según la información oficial. Ello, dijo Dujovne, “permitirá tener un costo sustancialmente más bajo”. Remarcó además que “lejos de demorar las obras, esto permitirá acelerar el proceso”.

Lógicamente, Dujovne no explicó por qué ahora generará beneficios reemplazar el PPP por “fondos que pueden ser del Tesoro” cuando desde 2016 el gobierno de Macri dice lo contrario. Esto al margen de que armar un acuerdo para obtener fondos “bilaterales” o multilaterales” llevará más tiempo que una licitación PPP.

Un dato de color: hace una semana el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recibió el control de todas las obras PPP. Este martes no estuvo presente en el acto en Casa de Gobierno que anunció el cambio de régimen de Portezuelo del Viento.

Un acuerdo bilateral es el motor del único proyecto PPP que funciona en la actualidad, el corredor vial B, en La Pampa, donde participa la empresa China Construction America (CCA), que es la que logró el financiamiento de bancos chinos. El compromiso con esa obra fue ratificado durante la visita del presidente chino Xi Jinping a Buenos Aires a principios de diciembre.

En cambio, están paralizadas las obras de los otros cinco proyectos viales PPP licitados en el mismo momento. Por el riesgo país, las constructoras no encuentran financiamiento a tasas razonables, que no les implique perder buena parte de la ganancia esperada por el costo financiero de la obra. Además, el gobierno fracasó en su intento de fortalecer las garantías de las constructoras para darles más seguridades a los bancos prestamistas. Intentó crear un fideicomiso alimentado por distintos ingresos públicos (que se enajenaban del presupuesto general), pero los bancos no mostraron interés.

Así las cosas, el gobierno deberá ejecutar las garantías que dejaron las constructoras al momento de hacerse cargo de las obras y evaluar qué hará con los proyectos: si bajarlos del PPP para pasarlos a otra modalidad con fondos “que pueden ser del Tesoro, bilaterales o multilaterales”, o dejarlos para tiempos mejores.