Hasta hace unas semanas, Lorena Villaverde era prácticamente una desconocida en la escena política nacional. Para muchos su nombre comenzó a resonar gracias a las pintorescas escenas que dio el 1 de marzo, cuando se paseó por la Asamblea Legislativa con un busto de Javier Milei con el que se sacó fotos junto a funcionarios y miembros de la Corte. Pero la revelación del diputado Martín Soria la puso en el foco a raíz de una causa por tenencia de cocaína que tendría abierta en los Estados Unidos (EE UU). Pero eso parece ser la punta del iceberg de un entramado judicial más amplio.
La revelación de Soria se dio en el marco de un ida y vuelta que comenzó a escalar discursivamente en los últimos meses dentro del recinto de Diputados y que refleja el enfrentamiento político que mantienen en Río Negro, la provincia de la que son oriundos ambos. El señalamiento sobre la diputada mileísta no es menor.
Según un reporte de Court Case Finder, un buscador de casos judiciales en EE UU, la diputada tendría abierta una causa por supuesta tenencia de cocaína dentro de una escala que va desde al menos 400 gramos a menos de 150 kilos. La ficha en la que se basó Soria señala que la causa se inició en julio del 2002, cuando Villaverde tenía 28 años, y según palabras del exministro de Justicia, llegó a estar presa por ese expediente. Tiempo no logró verificarlo y la diputada omitió responder.
Hay un elemento que confirma la existencia de una causa en ese país y surge de los tribunales de Comodoro Py. Según pudo saber este medio, en 2017 se inició un expediente judicial para investigar a Villaverde por una serie de delitos económicos que habría perpetrado: presunto blanqueo de fondos provenientes del comercio de estupefacientes hasta evasión tributaria. El caso estuvo en el Fuero Penal Económico, pero el camarista federal Martín Irurzun destrabó un conflicto de competencia y lo envió al Juzgado Federal N°9, subrogado por María Eugenia Capuchetti.
Al hacerlo, Irurzun escribió una resolución a la que accedió este medio y que tiene las líneas generales de la investigación. «En autos se investiga el posible blanqueo de fondos provenientes del comercio de estupefacientes que habría perpetrado M. L. V. en los EE UU, contrariando lo normado en el artículo 303 (NdR: del Código Penal, que pena el lavado de activos) a través de su canalización mediante el aprovechamiento de la cobertura que le brindaba Tank Arsa S.A», sostuvo.
De acuerdo al Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, esa firma la constituyeron en enero del 2008 Villaverde junto con un empresario con el que se casó. En el objeto figura la compraventa de productos alimenticios, de limpieza o químicos. Según la Justicia, también se investigaba a Villaverde ya que «habría retirado U$S 1.5 millones en cheques y otros valores cobrados en ventanilla de U$S 5 millones».
Además, hay menciones a depósitos en la entidad financiera Hope Funds S.A. y el supuesto «establecimiento de una mesa de dinero que realizaba mutuos con el dinero de V. (Villaverde), garantizados mediante pagarés e hipotecas de los cuales –en principio– derivaron distintos juicios ejecutivos en contra de los mutuarios en sede comercial».
Todas son operaciones que la Justicia buscaba comprobar si habían sido realizadas «sin que mediara la correspondiente autorización estatal para hacerlo».
Según otro de los puntos, se buscaba esclarecer si una deuda millonaria que Villaverde mantuvo con un empresario llamado A. D. M, y que se discutió en la Justicia, «podría formar parte de una maniobra de evasión tributaria en la medida que no habría sido realizada en las condiciones previstas por ley». Esa causa está radicada en el Juzgado Comercial N°10 de CABA. Fue iniciada en marzo del 2014 y para febrero del 2017 los abogados tanto de Villaverde como del demandado daban cuenta del pago total de la deuda reclamada, de $ 1.965.421, monto que incluyó intereses.
En Río Negro la diputada también estuvo implicada en varios expedientes judiciales. En la Justicia Federal con asiento en Viedma, por ejemplo, la ex AFIP le inició en agosto de 2022 una demanda de ejecución fiscal por deudas en el pago de IVA que totalizaron casi 600 mil pesos, que al tipo de cambio oficial de ese momento equivalían a 4300 dólares. Por ese reclamo, la diputada sufrió el embargo preventivo de sus cuentas. En marzo del 2023 la saldó y el caso terminó archivado.
Ese año, la Comisión Normalizadora del Club Social y Deportivo Las Grutas la denunció por un «sorteo millonario» que había impulsado cuando presidía la entidad y en el cual el primer premio era un terreno que formaba parte del patrimonio del club. Eso se habría realizado de manera inconsulta y por eso motivó la queja en la Justicia. Tras varios meses de investigación en el Fuero Provincial, la causa fue desestimada porque el premio había quedado vacante y, en consecuencia, no hubo perjuicio.
Asimismo, en 2023 le iniciaron al menos tres demandas civiles por presuntas irregularidades en torno a la venta de terrenos del loteo Villa Verde, ubicado en Las Grutas. Lucas Cerro, abogado y representante de las demandantes, dijo a Tiempo que con dos de los casos hubo un acuerdo económico de 10 y 12 millones de pesos respectivamente, que un tercer caso va camino a sentencia y que hay un cuarto en etapa de inicio de demanda. «
El descargo
Tras recabar información, Tiempo se puso en contacto con la diputada Villaverde para consultarle respecto a las causas mencionadas en esta nota. Desde su equipo pidieron un cuestionario escrito y prometieron una respuesta que llegó junto con la condición de ser publicada entera. Aquí se reproduce:
«Sobre las cuestiones judiciales a las que hace referencia, tienen que ver con mi vida personal y empresarial. Absolutamente todas –las que menciona y muchas más, tanto legales como tributarias– están totalmente aclaradas ante los organismos correspondientes. Cuando una persona en este país genera trabajo, es sabido que en el pasado K nos metían permanentemente la mano en el bolsillo para mantener la demagogia populista y a familias enteras enquistadas en el Estado, como los Soria».
«En cuanto a la causa del Club Las Grutas, que es de índole pública, la Justicia fue muy clara al afirmar que no hubo ningún perjuicio para el club y que en lo actuado no hay delito penal, por lo que fue una causa desestimada. Lo mismo ocurrió con la causa de las boletas que usted menciona, causa, que también se cayó. Fueron denuncias políticas y quedó demostrado. Querría creer que Martín Soria tiene este proceder tan kirchnerista del «carpetazo» porque le sorprende conocer los vericuetos de la actividad privada. Pero no, el proceder de Soria, en realidad trata de tapar su utilización del Estado para negocios inmobiliarios en la ciudad que gobiernan desde hace más de 20 años».
«Negocios que llevaron a que evitara el desarrollo de una ruta segura para todos los rionegrinos causando accidentes, muchos trágicos. La ruta pasaba por sus terrenos y si se desarrollaba la autovía se desvalorizaba. También que explique los manejos que consistían en meterles la mano en el bolsillo a sus funcionarios para quedarse con el diezmo, fuera de todo andarivel administrativo válido. Negocios que llevaron a que Vialidad K haga convenios para pavimentar arterias dentro de ciudades –totalmente fuera de jurisdicción– con el fin de elevar el valor de sus desarrollos inmobiliarios».
«Él tiene que explicar por qué nunca la Justicia cotejó la ficha trucha del seguro de su padre con la que hacía su secretaria histórica que aún siguen teniendo… y se pudieron llevar más de 300.000 dólares de los rionegrinos cuando no correspondía… Lo que yo genero y generé desde mis emprendimientos es totalmente accesible para los órganos de contralor y fiscalización del Estado. En cambio, lo que él genera, como es por izquierda, lo tiene que enterrar en tubos de PVC en su chacra familiar porque no lo puede justificar. Típico kirchnerista. Espero que haya encontrado el planito que se le había perdido».
«Él tiene que dar explicaciones, junto a sus socios k, de cómo devastan y saquean cada ciudad, provincia y estamento que gobiernan. Que explique cómo vive hace más de 20 años del Estado, igual que su esposa, su hermana, sus hermanos, sus tíos, sus cuñados, etcétera. Todos lo conocemos. Lo sigo invitando a que, en el municipio que gobiernan, promuevan el examen toxicológico para todos los funcionarios. Y de paso que me acompañe y hacemos uno juntos».
