Las jubilaciones por moratoria cayeron abruptamente en 2017 y las principales perjudicadas son las mujeres. La nueva pensión universal no alcanza para sustituir una jubilación.

En la ley de Reparación Histórica de los jubilados, de mediados de 2016, el gobierno incluyó restricciones a las moratorias sin tener en cuenta que las mayores perjudicadas serían las mujeres. Según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo, en 2017 la cantidad de altas jubilatorias por moratoria cayó en un 57%. En paralelo, el mismo informe detalló que 52.268 beneficiarios accedieron a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de los cuales apenas un 26% son mujeres.

Durante el kirchnerismo se implementaron dos moratorias que incluyeron al sistema jubilatorio a quienes no contaban con los 30 años de aportes. «Ahí hay un componente sumamente feminizado. A 2017, tres cuartas partes de los jubilados ingresaron por moratoria. De estos, el 73% son mujeres», destacó a Tiempo Carla Degliantoni, investigadora del Departamento de Economía Política Área Género del Centro Cultural de la Cooperación. «Es un número muy alto. Esto refleja una problemática de las mujeres en cuanto a la participación laboral y a la cobertura jubilatoria», agregó.

Para el gobierno nacional, la alternativa es la PUAM, una pensión para mayores de 65 años equivalente al 80% de la jubilación mínima. Para Degliantoni, la PUAM «genera jubilados de segunda, como si la responsabilidad de tener o no trabajo registrado fuera de los trabajadores. La PUAM eleva cinco años la edad jubilatoria de las mujeres y no es transferible; es decir que no se convierte en pensión para el viudo cuando la beneficiaria fallece. Además, restringe el acceso a otros beneficios».

Llegar a 30 años de aportes es muy complejo para cualquier trabajador. En los años 90, la informalidad laboral había trepado al 50%. Aunque bajó durante en kirchnerismo, no logró quebrar el piso del 30% y se convirtió en un problema estructural. Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destacó que «mientras que el 31% de los varones trabaja de manera informal, en las mujeres el porcentaje asciende al 36%. Además, en este universo la brecha de sexo en las remuneraciones es más pronunciada: en el trabajo informal, la brecha se ubica en 34%; en el registrado, en 21%». Es decir, es un problema que afecta sobre todo a las mujeres.

Degliantoni explicó que además de la informalidad, «la mujer tiene intermitencia laboral. Por distintos motivos: el cuidado de terceros, el calendario de fecundidad, las licencias son sobre las mujeres, también por roles y géneros dentro de las relaciones. Esto la hace salir y entrar del mercado y le juega en contra a la hora de jubilarse». Además, «las mujeres no suelen trabajar en jornada completa porque están a cargo de tareas de cuidado. Tienen más trabajos part-time, que suelen ser más precarios e informales, como las trabajadoras de casas particulares». Según CEPA, «el 27% de los hogares argentinos con menores son monoparentales y de estos el 83% tiene jefatura femenina».

De allí que para CEPA, «las mujeres tienen menos acceso al trabajo registrado, intermitencia laboral y mayor predominancia en trabajos informales». La tormenta perfecta para no llegar a los 30 años de aportes.

Degliantoni observó: «El sistema jubilatorio se financia con rentas generales. Hay muchos impuestos que van a esa caja y significan el 40% del total. Si se va a restringir el acceso y a la vez financiar con rentas generales, se va a implementar un sistema completamente injusto. Los impuestos de todos financian una jubilación que va a ser muy selectiva. En este análisis, no meto a la población trans, que directamente ni existe en el mercado de trabajo. Hay sectores totalmente marginados». «