Adriana García está agotada. “Son días terribles”, resume la mamá de Diego Cagliero, el músico de 30 años asesinado por la Bonaerense el 19 de mayo, de un balazo, en Martín Coronado. Sabe, sin embargo, que debe armarse de valor y mantenerse en pie. Hoy persigue un claro objetivo: limpiar el nombre de su hijo, “enchastrado”, dice, por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y la policía provincial.
“Creo que hay una línea de acción y responsables que bajan esa idea”, expresa en diálogo con Tiempo. “Este crimen ocurrió dos días antes que el de los cuatro chicos en San Miguel del Monte. Ninguno fue ejecutado de manera casual por la Bonaerense. Todo lo contrario. Por eso, no sé si llamar persona a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, porque ella habilitó la muerte de Diego y la de esos jóvenes, como tantas otras”, había posteado horas antes en la cuenta de Facebook de La Poderosa. Adriana alude a la doctrina Chocobar y al protocolo de procedimiento que habilita a las fuerzas de seguridad a manejar un amplio criterio para reprimir.
Inspectora escolar, la mamá de Diego está vinculada con la educación desde hace más de 35 años. Cada vez que se refiere a su hijo o a lo que le pasó, transmite desconsuelo. “Dijeron que se trató de una persecución pero no fue así. Les dieron aviso desde las cámaras por dónde iban y la policía los esperó. No los seguían”, señala al referirse al fatal instante en el que los ocho amigos que iban en la camioneta Fiat Ducato de la empresa AySA fueron interceptados a la altura de la Comisaría 5° de Tres de Febrero, sobre la Avenida Márquez al 1400, por una decena de patrulleros, cuyos agentes abrieron fuego. La camioneta que conducía Ángel Bramajo, empleado de la firma y amigo de Diego, recibió entre 11 y 14 impactos. Uno de los disparos fue al pecho de Diego, que murió en el acto. Había cumplido 30 años.
Minutos antes, los ocho jóvenes, que venían de despedir los restos de otro amigo en el Cementerio de Pablo Podestá, habían querido irse del supermercado Día% de Presidente Perón 7240, en Martín Coronado, sin pagar parte de la mercadería. Se generó una discusión con el encargado del lugar, Lucas Carrasco, hijo de la dueña del negocio, quien salió a perseguir a la camioneta, y al cruzarse con un patrullero, dio una versión que quizás exagerada del episodio.
“Hablo por Diego y por lo que vi en las cámaras del supermercado que fueron presentadas a la justicia. Queda en claro que él agarra unas hamburguesas de la góndola y se dirige a la línea de cajas. Él quería pagar. Se ve que notó que algo pasaba afuera. Deja la mercadería y va, entiendo yo, a frenar la discusión. Es que las imágenes no tienen audio”, interpreta Adriana.
La Bonaerense sembró una versión muy distinta. Que los jóvenes actuaron como un grupo comando, que manejaban el dato de una importante recaudación y que huyeron con el botín hasta que la fuerza montó un eficiente operativo cerrojo, dio con los supuestos malvivientes y mató a uno de ellos. Adriana pudo reconstruir, en cambio, que del local los chicos fueron a la casa de otro amigo a retirar unos instrumentos. “Ya habían pasado entre 20 y 40 minutos de lo del súper. Si hubieran hecho algo indebido, no se entiende cómo esperaron a que pasaran por la puerta de la comisaría”, analiza la mujer, que esta semana se reunió con el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y con Valenzuela. El intendente había celebrado en Twitter el “operativo cerrojo” dirigido desde el Centro de Monitoreo Municipal y dio por descontado que Diego Cagliero era un delincuente. “No le pueden poner un calificativo de esa magnitud sin haberlo conocido. Le dije a Valenzuela que él tiene una responsabilidad pública, que busque la manera de enmendar lo que dijo”.
Los siete amigos de Diego que habían sido detenidos por intento de robo recuperaron la libertad. En cambio, cuatro de los policías que participaron del procedimiento y aseguraron haber disparado fueron separados de sus cargos. Si bien la Bonaerense secuestró un revólver y una réplica de pistola de la camioneta, se presume que fueron plantadas como parte del encubrimiento montado para los medios y la justicia. «
Después de Monte, Ritondo hace maquillaje
Los familiares y amigos de los cuatro jóvenes que murieron en la persecución a tiros en San Miguel del Monte, Camila López, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez, encabezaron el viernes una multitudinaria marcha a las puertas de la gobernación bonaerense para exigir justicia y en repudio a los casos de gatillo fácil. En tanto, Rocío Guagliarello, de 13 años, la única sobreviviente de la masacre, permanece internada en el Hospital El Cruce de Varela, donde fue operada de las fracturas del maxilar inferior, y si bien su estado es grave, evoluciona favorablemente.
«No vamos a bajar los brazos hasta que se haga justicia» dijo Yamila Zarzoso, madre de Camila, que también tenía 13 años. Mauricio, primo de Danilo, manifestó: «Todos sabemos que el Estado es responsable, por eso exigimos respuestas y que se haga verdadera justicia.»
Cuando se conoció la masacre y trascendió cómo la Bonaerense intentó ocultarla, el Ministerio de Seguridad que conduce Cristian Ritondo separó de la fuerza a ocho policías que la justicia puso en la mira y los detuvo por su intervención directa en el encubrimiento. Además, apartó a otros siete efectivos de alto rango de la región. La declaración de la única mujer policía detenida, Melina Bianco, rompió el pacto de silencio.
Esta semana, Ritondo dispuso más cambios en la cúpula de la policía provincial, aunque fuentes del oficialismo negaron que tuvieran vinculación con lo que pasó en San Miguel del Monte. El ascenso que más se destacó fue el de Marcela Martí, quien estaba al frente de la Superintendencia de Policía Local y ahora dirigirá la de Institutos Policiales, encargada de formar a los agentes de la fuerza.
