La campaña electoral empezó y el gobierno bonaerense lo sabe. Es por eso que todo el gabinete se puso a disposición de la problemática de seguridad que azota a la provincia desde siempre, pero que se intensifica en los años impares. Sin embargo, una cosa son los delitos en ocasión de robo, otra son los hechos de violencia entre ciudadanos desatados por discusiones entre civiles y una tercera y muy distinta es el asesinato a manos de la policía bonaerense, como sucedió con la muerte de Matías Paredes, cuya familia se reunió con el gobernador este viernes.
La inseguridad del resto del país, incluyendo a las cotidianas situaciones que se viven en la ciudad de Buenos Aires, desapareció de los medios. Desde comienzo de año, la agenda sólo se focaliza en la provincia, en especial, en el estigmatizado conurbano. En un primer momento, la decisión de la gobernación bonaerense había sido dejar correr el agua bajo el puente. Luego de la intensificación del señalamiento, no sólo desde el gobierno porteño sino también en las palabras del presidente Javier Milei, quien calificó a la provincia como “un baño de sangre”, la visión cambió. Ahora desde el gobierno bonaerense salieron a responderle. Primero salió el ministro del área Javier Alonso y luego el gobernador Axel Kicillof, quien, además de mostrar las estadísticas, calificó la actitud de Milei como “carancheo”.
Pero los resultados de la respuesta asertiva duraron poco. El viernes por la mañana, cinco policías de civil mataron a Matías Paredes en Mar del Plata. Doctrina Chocobar activada. A diferencia de sus antecesores en el cargo, que solían priorizar la versión policial, Kicillof se contactó de inmediato con la familia de la víctima. El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Provincial, junto a los ministros de Seguridad, Alonso, y de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena. Luego de la reunión, Kicillof brindó una conferencia de prensa en la que afirmó: “Durante la jornada me comuniqué con el ministro Javier Alonso, que estaba aquí en Mar del Plata debido a este hecho trágico, penoso, que tiene que ver con la muerte de un joven por una bala de la policía”.
“Estuvimos siguiendo el caso y escuché que la familia decía que le gustaría verme, ante lo que interrumpimos las actividades en Bahía Blanca para venir directamente para acá”, agregó. “Estuve reunido con el padre y la compañera. Nosotros no hacemos política con esto, sólo digo que vinimos para darles nuestro acompañamiento, nuestro pésame y para ponernos a disposición”, resaltó el gobernador y añadió: “Puedo decir, porque se lo transmití a la familia, que se actuó rápidamente y con determinación para apartar a los policías, quienes ya están detenidos a la espera de un juicio”. “Queremos que se haga justicia. Estamos contribuyendo con la fiscalía para que se determine cómo ocurrió y cuáles fueron las responsabilidades para que luego todos los responsables sean castigados como corresponde”, concluyó.
El asesinato del joven a manos de cinco policías de civil en la ciudad cuyo intendente del PRO, Guillermo Montenegro, mantiene un discurso de violencia contra las personas en situación de calle y se promueve como un dirigente a favor de la violencia institucional, se dio justo un día antes del acto político que tenía organizado el gobernador junto con los sectores que lo apoyan bajo el lema “la provincia se organiza”. La actividad, que iba a tratarse de un encuentro militante e iba a cerrar con un discurso del gobernador, se reprogramó hasta nuevo aviso.
Fuentes de la provincia habían asegurado a Tiempo que el vínculo entre las carteras de seguridad a nivel nacional, que conduce Patricia Bullrich, y la provincial a cargo de Alonso, había sido hasta ahora bastante coordinado. De hecho Bullrich no atacó a Alonso ni hubo cruces públicos como si había durante el gobierno del Frente de Todos, cuando ambas gestiones pertenecían al mismo signo político. Los ataques a la gestión bonaerense venían directo desde el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ,y fueron refutados por Alonso, quien tuvo que salir a aclararle que la tasa de homicidios en la provincia había bajado a 4,5% y no era del 7,5%. “No se puede gestionar la política de seguridad mintiendo sobre la estadística criminal para sacar un rédito político”, le dijo en redes sociales.
Datos oficiales a los que accedió Tiempo muestran que en la provincia los homicidios dolosos bajaron de 96, en enero de 2024, a 87 en el mismo mes de 2025.
Desde que asumió Kicillof, en 2019, la evolución de la tasa homicidios se mantiene alrededor de 4,5 cada 100 mil habitantes, en línea con el promedio nacional. Para tener un punto de comparación, en Rosario, en el año 2023, la tasa fue de 22,24 cada 100 mil habitantes, cinco veces más de lo que tiene hoy la Provincia de Buenos Aires.
En el año 2002, en medio de la crisis post convertibilidad, hubo un pico en territorio bonaerense de 17 asesinatos cada 100 mil. Y durante las gestiones de María Eugenia Vidal y Daniel Scioli, el mismo indicador se ubicó en nueve cada 100 mil.
En la Provincia saben que mostrar estadísticas tiene un resultado vacuo ante el dolor de los familiares.
La decisión de Kicillof fue reunirse con la familia y detener a los policías que mataron al joven. El año recién empieza y, más allá de si habrá desdoblamiento o no en las elecciones legislativas, la campaña ya empezó y promete juego sucio en el territorio bonaerense. «