El 9 de febrero de este año, pocos días después del envío de 258 telegramas de despido, las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a través de un acta, suscribieron un primer acuerdo con los representantes gremiales que consistía en permitir el ingreso a las instalaciones de los trabajadores cesanteados para que pudieran ejercer su derecho a organización y protesta. Posiblemente, en aquel entonces, no imaginaban que la lucha por la reincorporación se extendería por cuatro meses.
El martes las autoridades desconocieron el acuerdo y, a través de un fuerte operativo represivo con policías uniformados, agentes de seguridad privada y personal no identificado, trataron de impedir el ingreso de los despedidos que buscaban participar de una asamblea de trabajadores en el marco de un nuevo paro de actividades. No lo consiguieron.
Sin embargo, idéntica actitud tomaron este miércoles con el agravante de que uno de los trabajadores despedidos se encuentra retenido por los efectivos policiales desde el momento que exigió ingresar al predio para llevar a su hija de cuatro años al jardín de infantes al que fue readmitida una vez que su mamá, delegada de ATE-INTI, fuera reincorporada por la justicia a través de una medida cautelar.
Los trabajadores denuncian a las autoridades del INTI a quienes consideran a la deriva y por eso, aseguran les queda como último recurso la violencia institucional. Exigen la renuncia del presidente Javier Ibáñez así como a su vicepresidente Damián Testori a quien acusan de haber atropellado al delegado general de ATE cuando ingresó con su auto a las instalaciones de Parque Norte mientras los trabajadores realizaban una protesta en la entrada.
