El presidente Alberto Fernández destacó hoy que “Córdoba hizo con el juzgamiento de La Perla un hecho histórico” en un acto en el que el intendente local, Martín Llaryora, declaró las actas del juicio de la megacausa sobre los crímenes que ocurrieron en ese y otros dos centros clandestinos de detención ilegal como patrimonio cultural de la capital mediterránea.

El mandatario nacional participó de manera virtual de la ceremonia que encabezó Llaryora en el Cabildo Histórico de la ciudad, cuando se cumple el cuarto aniversario del día en que se pronunció la sentencia de un juicio emblemático de lesa humanidad en el que se juzgaron delitos perpetrados durante la última dictadura en tres centros clandestinos de detención de Córdoba.

“Siento que hoy estamos siendo una mejor sociedad, estamos reafirmando el Estado de Derecho y construyendo una mejor democracia”, afirmó el jefe de Estado, en un comunicado difundido por Presidencia, y felicitó a la ciudad de Córdoba porque consideró que la declaración es “algo que los enaltece”.

Fernández recordó que el juicio por los delitos cometidos en La Perla pudo realizarse gracias a que durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2003, el Congreso anuló las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.

“Nunca olvidé esa historia, porque permite que hoy declaren patrimonio cultural la sentencia que hizo justicia a los responsables de los crímenes más atroces que se cometieron. Y celebro que sea así porque logramos que impere la justicia, simplemente”, agregó el Presidente.

En la ceremonia, el intendente Llaryora recibió de manos del presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Córdoba, Jaime Díaz Gavier, copia de las actas de la sentencia del Juicio de La Perla y material fílmico para que sean guardados en el archivo histórico a disposición de los vecinos.

Fernández, además, consideró que “la cultura no es solamente lo que se escribe, lo que se canta, no es solo la poesía, lo que se viste, es también la comprensión de los deberes que tenemos en una comunidad, de las obligaciones, de los derechos, y es también que la Justicia caiga sobre el que delinque”.

“Córdoba hizo con el juzgamiento de La Perla un hecho histórico que hubiéramos preferido que nunca ocurriera, hubiéramos preferido que en la Argentina nunca se secuestrara a nadie, que no se matara, que no se torturara, pero todo eso pasó y todo eso tiene responsables y los responsables han pagado después de haber sido sometidos a juicios donde gozaron del derecho de defensa y que se desarrollaron en un Estado de Derecho”, destacó.

Por su parte, Llaryora afirmó que “la sentencia es una sentencia de vida, de tremenda vida, es un hecho de memoria, es también una pieza única intelectual de los juristas cordobeses, es una sentencia de coraje, no solo de la Justicia, sino principalmente de un pueblo que no afloja, que no se rinde, de las Madres que deambulaban buscando a sus hijos y no se quedaron quietas, de los Hijos, de las organizaciones, de los abogados que se animaron a defender”.

Díaz Gavier, en tanto, afirmó: “Este acto es expresión de un momento feliz de la República, donde las mayorías populares han recuperado a través del voto democrático y a través de sus representantes el gobierno de la intendencia de Córdoba, de la provincia y ciertamente del gobierno de la Nación.»

Además, el magistrado saludó al presidente Fernández y le expresó que su participación en este acto «es un testimonio más de una clara conducta de defensa, preservación y cuidado de los derechos humanos».

La megacausa La Perla, en la que se juzgaron delitos cometidos en los centros clandestinos La Perla, Campo La Ribera y el D2, se tramitó durante tres años y ocho meses y terminó, el 25 de agosto de 2016, con las condenas a prisión perpetua para 28 de los acusados.

Entre los condenados se encontraban el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, que recibió su decimosegunda condena a perpetua; Héctor Pedro Vergez, Ernesto «Nabo» Barreiro y Carlos Yanicelli.

A lo largo del juicio se realizaron 354 audiencias, se repasaron los delitos sufridos por 716 víctimas, hubo 50 imputados y 281 testigos.