Yo juré no dejar un día sin buscar justicia para los 30.000 y al hijito de Laura. A mi nietito lo encontramos, falta la justicia para los treinta mil y todos los demás que cotidianamente se están violentando en el país. Entonces, mi mensaje es que si pudimos con (Rafael) Videla, vamos a poder con (Mauricio) Macri.
La que habla es Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien fue la encargada de cerrar el Foro contra la Violencia Institucional, que el bloque de Unidad Ciudadana y la Red Provincial de Derechos Humanos realizó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Participaron familiares de víctimas, organismos de derechos humanos, mesas y comisiones por la memoria de la provincia y familiares de víctimas de gatillo fácil y de Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado en Bariloche por fuerzas federales de seguridad.
El encuentro se produjo por la preocupación de los legisladores por el aumento de los casos de violencia institucional en la provincia y se realizó -por azar- el mismo día en que la Cámara del Crimen porteña ratificó el procesamiento del policía Luis Chocobar por uso desproporcionado de su arma reglamentaria, una acción que el presidente Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideraron legítima, heroica y esperable de un policía.
Encabezado por la presidenta del bloque de diputados UC-FPV-PJ, Florencia Saintout, del foro participaron, además, el subsecretario de DDHH de Ensenada, Carlos Dabalioni, su par de Malvinas Argentinas, Silva Burgos, la directora de DDHH de Almirante Brown, Natalia Barreiro, el coordinador de DDHH de Mercedes, Sergio Carini, e integrantes de comisiones por la memoria de diferentes distritos de la provincia, todos integrantes de la Red por los DDHH.
Además, participaron familiares de las víctimas de violencia institucional: Rafael Nahuel, la madre de Facundo Jones Huala, Nehuén Rodríguez, Sebastián Bordón, Marcelo Montenegro, Walter González, Ezequiel Demonty, Mariano Witis, de la Masacre de Pergamino, entre otros.
Hoy tenemos el gobierno, tal vez más violento de la historia de la democracia argentina, comenzó Saintout en la presentación del Foro. Junto a ella estaban el diputado provincial Lauro Grande y su par nacional, Roberto Salvarezza.
En la misma línea, el diputado nacional del FPV y nieto restituído, Horacio Pietragalla, remarcó que la violencia institucional es un problema de todos los gobiernos pero que la diferencia está en la respuesta a que está dispuesto a dar el Estado. Con la habilitación política que está llevando adelante el presidente Macri está dando un mensaje muy peligroso, dijo en referencia a la felicitación a Chocobar.
En ese camino remarcó el asesinato de Rafael Nahuel en Bariloche y aseguró que los gobiernos que llevan adelante políticas económicas que generan desigualdad, producen inseguridad y violencia contra el pueblo.
Entre los participantes del Foro resaltó la presencia de María Nahuel, tía de Rafael. Estamos pidiendo justicia. Que vaya preso el que mató a mi sobrino Rafael Nahuel y la que lo mando a matar, que es la ministra (Bullrich), dijo la mujer. Tras recordar a su sobrino, contar sus sueños por vivir con su comunidad originaria, sus planes para criar conejos y caballos para vivir de la agricultura, la mujer pidió respaldo al reclamo de su pueblo: Yo conocí la cárcel, conocí el golpe de los milicos. Lo único que les pido es que esto que nos pasa se desparrame y lo único que queremos es justicia para mi sobrino y para el pueblo mapuche.
Pero lejos de ser un espacio de catarsis, el foto fue un ámbito de propuestas. Además del compromiso de replicarlo en los distintos territorios de la provincia, la coordinadora de la Red Provincial por los Derechos Humanos, Marina Vega, recordó la elaboración de la guía de actuación frente a la violencia de las Fuerzas de Seguridad que ese espacio lanzó el año pasado, y convocó a la confección de un registro de casos de violencia Institucional.
En la misma sintonía, la diputada nacional Fernanda Raverta presentó la propuesta de ley elaborada tras la represión en el Congreso en el marco de las sesiones por la reforma previsional, para la elaboración de una comisión bicameral para el seguimiento de casos de represión y violencia institucional. La apuesta, explicaron, es lograr que el conocimiento y seguimiento de los casos dependan de su visibilización o no por los medios de comunicación.
