A un día del tratamiento en Diputados de la Ley de Alquileres, la organización Hábitat para la Humanidad Argentina, en conjunto con la Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, elaboró el informe “Diagnóstico de alquileres Sociales”, con el fin de incluir al alquiler social como política de vivienda a nivel nacional.

“El objetivo es que el programa de alquiler social quede instalado como una política de Estado en la agenda pública, considerando el requerimiento de que se adapte a las características de cada provincia”, dijo Iván Kerr, Secretario de Vivienda.

El informe asegura que todos los actores coinciden en que los principales inconvenientes para lograr un contrato de alquiler son “los requisitos para ingresar” y “el desfase entre los precios del alquiler y los salarios promedio”.

El sector inmobiliario indica, en todos los casos, que “han flexibilizado requerimientos para facilitar el acceso del locatario” y manifiestan, además, que “los índices de recupero de los propietarios se encuentra entre el 2,5% y 3% anual”, significando éstos los porcentajes más bajos de las últimas décadas.

Sobre la intervención estatal, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y académicos manifiestan “la necesidad de regulación estatal del mercado de suelo urbano para optimizar su accesibilidad”. Por el contrario, los representantes de los sectores inmobiliarios y desarrolladores opinan que “no es necesaria la intervención estatal”.

Finalmente, es importante destacar que los diferentes sectores de las ciudades identifican la necesidad de “diseñar políticas focalizadas mediante la construcción de datos locales certeros sobre la problemática habitacional”, en el marco de una política de Estado de alcance nacional.

Para el informe, Hábitat para la Humanidad Argentina (HPHA) recolectó información y testimonios de los principales actores involucrados en estas ciudades mediante entrevistas semiestructuradas, grupos focales y recorridas urbano – territoriales a desarrolladores / inversores, organismos públicos municipales / provinciales, sector inmobiliario, organizaciones de la sociedad civil (OSC), sector académico, inquilinos y referentes comunitarios.

“El alquiler social desde el comienzo fue un objetivo de nuestra gestión, y es en el marco del Plan Nacional de Vivienda que incorporamos por primera vez la problemática de los alquileres como respuesta habitacional, con la intención de que se fortalezca como Política de Estado y permanezca en la agenda pública”, finalizó Kerr.

Las recomendaciones de HPHA son seis:

1) Abordar el problema de la falta de datos habitacionales.

2) Articular con políticas económicas y de empleo, reconociendo el impacto de la macroeconomía en la relación ingresos/precio alquiler como el principal obstáculo para el acceso a la vivienda, frente a otras limitaciones como las relacionadas con las condiciones que exigen el mercado formal de alquileres (garantía, recibos de sueldo, etc.).

3) Revisar el enfoque sobre las poblaciones vulnerables en términos de acceso a la vivienda, más allá del estrato socio-económico: indígenas, colectivos LGTBIQ, discapacitados, trabajadores de la economía popular, migrantes, ex-convictos y personas que atraviesan prisiones domiciliarias y situaciones de violencia de géneros, entre otros.

4) Profundizar el estudio de las poblaciones que habitan hoteles, conventillos, cuartos de alquiler y otras formas de alquiler precario o informal.

5) Establecer acuerdos y consensos claros, como parte de la eficacia de una política de alquileres, pero también como estrategia de relación con los diversos actores.

6) Considerar como un tema complementario el crecimiento del alquiler temporario.