El Mega DNU de Javier Milei parece hecho a medida de los diferentes sectores empresariales. Cada desregulación o derogación beneficia a alguien: a las alimenticias, a Ingenio Ledesma, a Mercado Libre, a las tarjetas de crédito, a Elon Musk, a Clarín, a las mineras. Y un largo etcétera. Ahí entre ellas, hay que agregar a un sector más: los laboratorios privados.
La producción pública de medicamentos tiene una larga historia en el país. Se remonta a 1916 cuando se creó la creación del Instituto Bacteriológico. El Primer Plan Quinquenal de Perón incluyó un punto destinado a la “promoción de la industria farmacéutica y la fabricación de medicamentos por parte del Ministerio para modificar precios de mercado” y creó la EMESTA, primera fábrica nacional de medicamentos impulsada por el ministro de salud peronista, Ramón Carrillo.
La historia sigue en 1947 con la creación del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) en la provincia de Santa Fe y en los años ’60 el Instituto Antirrábico de la provincia de Buenos Aires se convirtió en el Instituto Tomás Perón. El interés por una política que privilegiara al medicamento como un bien social siguió su impulso con el decreto 3681 de Arturo Illia en 1964, mediante el cual construyeron una Planta de Proteínas Plasmáticas bajo la órbita de la Universidad Nacional de Córdoba. Así nace el Instituto de Hemoderivados.
Con la crisis del 2000 se registró un fuerte incremento en la producción pública de medicamentos. El primer intento a nivel nacional para ordenar y fortalecer esta política sanitaria llegó en el 2008 con la creación del Programa Nacional para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos Continuó en 2011 con la sanción de la ley 26.688 que declaró interés nacional a la investigación y producción de medicamentos, vacunas y productos médicos como bienes sociales, con el objetivo de promover la accesibilidad y propiciar el desarrollo científico y tecnológico. Y en diciembre de 2014 se crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos -ANLAP- para garantizar el cumplimiento de esa ley. Hasta ayer a la noche.
De manera muy rápida y escueta, esos 107 años de historia se dilapidaron en el DNU que en su página 5 dice: «Que a los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público es necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas mencionadas precedentemente, así como derogar la Ley N° 27.113 y suprimir la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS creada por el artículo 4° de ese texto legal».
Producción Pública
Resulta cuanto menos extraño que se considere «de necesidad y urgencia» dar de baja la Agencia de Producción Pública de Medicamentos, más aún en un momento de crisis donde miles de personas abandonan la prepaga y se les hace imposible acceder a medicamentos, por los altos costos.
Un trabajo publicado en la revista Ciencia, Tecnología y Política por parte de los investigadores Federico Piñeiro, Nicolás Chiarante y Matías Zelaya, remarca: «La industria farmacéutica ya no es hoy la gran industria innovadora, como lo fue en el siglo pasado».
«Los Estados son quienes financian mayoritariamente las investigaciones que dan lugar a las pocas innovaciones radicales en materia de medicamentos –continúan–. Dejar en manos de la industria farmacéutica privada las últimas etapas de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos y su producción, ha permitido que las empresas involucradas prioricen sus beneficios económicos y la rentabilidad de sus accionistas, relegando la investigación y desarrollo en nuevos tratamientos que puedan resolver problemas de Salud Pública. La Producción Pública de Medicamentos y otras políticas podrían contribuir a un acceso universal y a resolver las necesidades sanitarias argentinas».
¿Pero qué hace la ANLAP? Justamente producir aquellos medicamentos (e incluso vacunas) que el sector privado no considera rentable o no le interesa. Hoy esas patologías pueden llegar a quedar vacantes.
Como se puede apreciar en el sitio oficial de la ANLAP, llevan adelante al menos 19 iniciativas de producción: la vacuna antirrábica de uso humano, plataforma de antígenos recombinantes para producción de antivenenos y antivirales, desarrollo de molécula sintética como agente antiviral contra el Chikungunya; I+D en vacunas terapéuticas basadas en ADN y ARN para el tratamiento del Chagas; desarrollo de formulaciones farmacéuticas para uso pediátrico en enfermedades poco frecuentes; alternativa terapéutica nacional frente al envenenamiento por orugas; investigación, desarrollo y producción de antirretrovirales pediátricos; plataforma de innovación en medicamentos inhalables para fibrosis quística; formulaciones de fenilbutirato de sodio; vinculación estratégica para la realización de estudios orientados al tratamiento de la tuberculosis; modernización tecnológica de planta de betalactámicos y adecuación del proceso productivo de amoxicilina y ácido clavulánico; modernización tecnológica y adecuación normativa para la producción de una solución conservadora de órganos; plataforma pública para el desarrollo de procesos y productos farmacéuticos para la producción de medicamentos estratégicos; adecuación, calificación y validación de Planta piloto para la producción de medicamentos; proceso de modernización tecnológica del LEM para la elaboración de soluciones parenterales de gran volúmen; ejecución de estructura edilicia, adquisición de equipamiento y sistema informático; modernización y adecuación normativa de planta farmacéutica; habilitación del primer laboratorio público bajo normas ANMAT en el noroeste argentino; y producción de BCG intravesical para el tratamiento del cáncer superficial de vejiga y vacuna BCG.
Enfermedades desatendidas
Un caso exitoso de articulación por parte de la ANLAP se dio cuando desde el Hospital Garrahan se acercaron en 2018 con una problemática que venían teniendo con un medicamento que desde el hospital se generaba a través de la elaboración en forma magistral (artesanal). Pero este tipo de elaboración solo permitía el tratamiento durante la internación. El inconveniente surgía cuando los pacientes retornaban a sus casas y no podían continuar con la medicación. “Ante esa situación la agencia intervino y generamos un encuentro en la provincia de La Rioja en donde invitamos a la Asociación Argentina de Pediatría, a los referentes de las farmacias hospitalarias y a los productores públicos. Luego de trabajar durante varios días, la Planta Piloto de Producción de Medicamento, que depende de la a Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), comenzó a trabajar en la producción del medicamento faltante”, relató en su momento a este diario Nazareno Luján Pernía Osuna, secretario de ANLAP.
En los últimos años desde ANLAP lanzaron nuevos productos al mercado, como fierritas, carbatest, misoprostol, mifepristona, y test covid.
Con este DNU además, no solo se pierde de conseguir medicamentos a menor costo, al ser de producción pública, sino también claudican los proyectos de investigación, muchos de ellos en cooperación internacional, e incluso también se pierden divisas porque varias líneas de desarrollo se exportan a otros países.
«El cierre de ANLAP –enfatiza la Agrupación científica Rolando García– puede significar la pérdida de recursos humanos especializados así como la pérdida de financiamiento para proyectos, doctorados y posdoctorados en temas estratégicos de salud pública como medicamentos pediátricos y para enfermedades desatendidas».
«¿Farmacias? Adonde vamos no necesitamos farmacias»
«El DNU 70/2023 pone en riesgo la salud y el funcionamiento de las farmacias», denunció este jueves el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) al rechazar la iniciativa del gobierno de Javier Milei que se refiere al funcionamiento de las farmacias y la función de profesionales farmacéuticos. Y enumeran:
- El DNU permite la venta de medicamentos fuera de las farmacias, «que ya se ha demostrado en el pasado que genera riesgo sanitario y automedicación, además de la elevación de los precios».
- Las farmacias funcionarán sin profesionales farmacéuticos que realicen y controlen las dispensas, «privándose a la comunidad de su función esencial en el asesoramiento y seguimiento de los tratamientos de los pacientes».
- Los medicamentos dejarán de dispensarse en forma personal, pudiendo ofrecerse en góndolas, «lo que fomenta la automedicación».
- Se habilita a las droguerías a entregar medicamentos al público. En la práctica, se fomentaría así la venta desde los laboratorios elaboradores a través de determinadas droguerías, «lo que causaría distorsiones en la distribución, a la vez que no permitiría la libre elección por parte de los pacientes para acceder a sus medicamentos».
Y anticiparon posibles acciones judiciales: «Desde nuestra entidad haremos las presentaciones legales necesarias para respaldar la orientación sanitaria de las normativas que se refieran a nuestra área profesional, resguardándola de intereses mercantiles».
Rubén Sajem, director de Ceprofar, habló con Tiempo: «es absolutamente negativo para el funcionamiento de las farmacias del DNU porque permite que los medicamentos de venta libre se ofrezcan en cualquier lado como fue en los 90 con el decreto de desregulación de Cavallo; en ese momento se empezaron a ver medicamentos en las estaciones de servicio, en los kioscos, en los almacenes, en los supermercados, en la vía pública, en todos lados y resulta que eran más caros que las farmacias porque se vendían sin ningún tipo de control de precio y también sin ningún tipo de control sanitario. No se podía asegurar su origen, su calidad, su eficacia».
«Esto se volvió atrás en el 2009 con una ley que fue votada por unanimidad –continúa–. Los medicamentos vuelven a las farmacias, incluso hasta se prohibió en ese momento que estén en góndolas en las farmacias para que no se fomente la compra por impulso de la gente y la automedicación, se tenían que pedir el demostrador de la farmacia para que el farmacéutico los entregue con el debido asesoramiento. Ahora todo eso quedó en la nada, no se entiende por qué. Si una intención del decreto es disminuir los precios y evitar la inflación con esto se va en sentido contrario, porque los precios aumentan, se venden sin control y a cualquier precio y desde el punto de vista sanitario obviamente es un retroceso porque induce la automedicación».
Y apunta otro aspecto negativo: «las farmacias van a poder funcionar sin farmacéuticos porque van a poder hacer los farmacéuticos la dirección técnica de las farmacias sin estar presentes. Transforma a las farmacias en establecimientos de despacho y de venta de medicamentos, lo que tampoco se entiende porque justamente lo que se necesita es un uso racional del medicamento y que se compren los medicamentos necesarios y a un precio accesible y el medicamento adecuado en cada caso».
