La Unión Industrial Argentina (UIA) empieza a levantar el tono de la crítica contra la política económica del gobierno nacional, con énfasis en los aumentos de la energía, en las subas de impuestos, y en el alza de las tasas de interés, medidas que coinciden con la eliminación de líneas de crédito y programas específicos, enumeró la entidad tras su habitual reunión de los martes.
Pero más allá de la formalidad del comunicado de rigor, los dirigentes manifestaron su descontento con una vehemencia que no se había visto en los últimos dos años y apuntaron contra el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) que propicia el gobierno de Mauricio Macri como referente del Mercosur.
Las pymes, por su parte, alertaron por la situación de las importaciones a precio de dumping y la competencia que afrontan determinados sectores de la producción nacional.
Fuentes que asistieron a la convocatoria semanal en la sede que la UIA tiene en la porteña Avenida de Mayo contaron en estricta reserva que hubo reclamos de todos los sectores de la producción.
Entre los más encendidos estuvieron los alimenticios, Daniel Funes de Rioja, titular de la Copal, y Adrián Kauffman Brea, hombre fuerte de la multinacional Arcor, que fustigó a las autoridades por las importaciones de tomates.
Este sector llamó la atención por la intensidad de sus reclamos. Los dirigentes hicieron especial hincapié en la cuestión de los impuestos y lamentaron que los efectos de la reforma tributaria que el gobierno logró aprobar a fin de año no se ven porque aparece impuestos subnacionales que malogran todo, describió uno de los presentes en la reunión.
Pero también hubo malestar manifiesto de los dirigentes de la industria naval, quienes protestaron por el reciente veto presidencial de dos artículos de la ley sectorial referidos al financiamiento. Las empresas lamentaron la decisión de Macri porque complica la posibilidad de construir buques en el país, indicó un dirigente del sector a Tiempo.
Las quejas se extendieron a las industrias vinculadas con la construcción. Entre estos se destacaron los madereros y los fabricantes de pinturas. En particular hubo un reclamo de la firma Sinteplast, que la semana pasada tuvo que interrumpir su producción durante tres días por los cortes de luz.
Los textiles, de los pocos sectores fabriles que habían manifestado críticas, sumaron puntos críticos al repaso. El ex presidente de la UIA, José de Mendiguren, lamentó la situación de las importaciones y reclamó gestiones concretas para frenar el avance de las mercancías internacionales que llegan al país a precios de dumping.
En sentido general, los industriales hicieron saber su descontento al presidente Miguel Acevedo frente a la caída del mercado interno por el debilitamiento del poder adquisitivo del consumidor, una crítica que hasta ahora habían sostenido las pymes de cámaras como Cgera mientras las grandes fábricas se mantuvieron en silencio.
También tuvo un especial tratamiento el problema de las importaciones, que atraviesan a todos los sectores nucleados en la UIA menos la construcción, el acero, el cemento y otros vinculados; un universo que integran jugadores tan considerables como Techint, la empresa más importante de la central fabril.
El problema de las importaciones se relaciona a su vez con el difícil momento que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde la administración nacional despidió a 258 trabajadores que, entre otras cosas, realizaban controles a las mercancías que llegan al país desde distintos lugares del mundo.
El lunes, en el acto que se hizo para protestar a un mes de la decisión oficial, los desvinculados acusaron al gobierno de pretender reducir al INTI a su mínima expresión al servicio de las importaciones. Un día antes, dos dirigentes de la UIA reconocieron su preocupación por los hechos que tienen lugar en el ente tecnológico, sin que las autoridades específicas ni las del Ministerio de Producción intervengan de ninguna manera.
El domingo, además, Tiempo publicó un documento de la UIA que advierte al gobierno nacional sobre los puntos críticos del acuerdo de libre comercio que busca aprobar con la UE. En esa producción, los dirigentes consultados lamentaron que la administración nacional negocie con el bloque europeo sin compartir información con la dirigencia privada.
Con los pocos datos disponibles, los industriales sospechan que los negociadores oficiales se plantan frente a la contraparte con una posición extremadamente aperturista y contraria a los intereses de la producción vernácula, que desde el vamos está menos desarrollada y por una cuestión de costos negocia en inferioridad con industrias como las de la UE.
Algunos de los dirigentes consultados directamente acusan al gobierno de querer adjudicarse una victoria política aunque el costo sea perder industria y empleo en el país.
Pymes
En el mismo día hubo también manifestaciones de sectores pymes sobre la política de comercio exterior nacional.
El presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), José Luis Ammaturo, señaló que preocupan al sector las crecientes importaciones que desplazan producción local, pero advirtió que para evitar estos inconvenientes no se debe cerrar la economía si no concretar una revisión de los sectores que se están viendo afectados y de aquellos productos que efectivamente produce la industria argentina, para protegerlos.
Ammaturo agregó que: Coincidimos con la evaluación de muchos industriales en que hay cuestiones que necesitan corregirse, porque están afectando a algunas ramas de la industria, pero advertimos que se tienen que modificar a partir de un análisis profundo, para no caer en el cierre indiscriminado de importaciones, como sucedió años atrás.
La protesta también se centro en los aumentos de tarifas: Era necesario adecuar las tarifas para garantizar mayores inversiones en el sector energético, estratégico para la industria pero también es un tema que preocupa a varias empresas el impacto que tuvo esa readecuación tarifaria sobre sus estructuras de costos.
En paralelo, la Junta Directiva de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) señaló situaciones que limitan el desarrollo de la actividad fabril en territorio bonaerense, entre las que destacaron la fuerte presión fiscal y tributaria, los problemas de financiamiento para capital de trabajo e inversión productiva, el costo extra que genera el sistema de retenciones y percepciones, y el fuerte impacto por la ampliación de los volúmenes de productos importados.
