No fueron los únicos, pero hubo dos factores determinantes para que el titular del Juzgado de Garantías N° 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, postergue hasta el 14 de octubre el desalojo de las 2500 familias que ocupan un terreno en Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón, desde el 20 de julio. «Por primera vez desde que arrancó el caso, el gobierno de la Provincia fue con una posición clara y el ministro de Justicia, Julio Alak, pidió postergarlo en forma expresa», confió a Tiempo un testigo que participó de la audiencia previa a la prórroga. La decisión provisoria abre una salida política al conflicto territorial más importante de la Provincia, aunque el camino para alcanzarla todavía está signado por obstáculos penales y políticos. La fuente que escuchó a Alak romper el silencio tiene acceso a un expediente caliente para Rizzo, que comenzó como un caso de usurpación masiva y se transformó en una papa caliente que podría poner en riesgo su carrera si termina en un desalojo violento bajo su decisión.
La posición final de la Provincia terminó con dos semanas de especulaciones y revela que existen enfoques contrapuestos dentro de la administración del gobernador Axel Kicillof que finalmente fueron ordenados en una mesa interministerial que conduce el titular de la cartera de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque. Algunos funcionarios apuestan a vaciar la toma hasta que llegue una instancia de negociación con un colectivo de personas más reducido, otros a que actúe la Justicia y sacarlos a todos, como reclama el titular de Seguridad, Sergio Berni, y los terceros, a buscar una salida lo menos violenta posible. A ese mantel se sumó la intendenta del distrito Blanca Cantero, casada con el cotitular de la CGT Carlos Acuña. La funcionaria exige expulsarlos, desconfía de todos y no está dispuesta a ceder un milímetro de tierra.
Ninguno de esos componentes se ordenaron hasta que Alak le pidió al juez formalmente que postergue la medida porque existen negociaciones para encontrar una salida. Esa solicitud y el nivel de exposición pública del conflicto obligaron al juez Rizzo a extender los tiempos de una cuenta regresiva que ahora transita un contexto menos tenso que el de los días previos.
El martes, un día antes de la fecha de desalojo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) le pidieron una audiencia urgente a Rizzo, a partir de la propuesta que le habían presentado los abogados defensores de las familias que están en el terreno. Así como los organismos decidieron intervenir para evitar el desalojo, también habrían advertido a la administración del gobernador Axel Kicillof que estaban al borde de un desalojo violento y crítico, parecido al vivido el 3 de diciembre de 2010 durante la toma del Parque Indoamericano de la Ciudad de Buenos Aires, que terminó con un brutal operativo de la Policía Federal que dejó tres muertos.
La propuesta de urbanización que está ahora en el expediente es una salida diseñada por la Comisión de Urbanismo de la Ocupación de Guernica y fue presentada por los abogados María del Rosario Fernández y Eduardo Soares, de la Agrupación Gremial de Abogados. Ambos están a cargo de la defensa de las 2500 familias y propusieron que una parte de los terrenos ocupados sea adquirida por el Estado ya que no se pudo comprobar la presunta titularidad. Esa porción permitiría la habilitación de 1450 lotes, una cifra que crecería en forma considerable si se cede el 10% de otra parte del terreno que corresponde al barrio cerrado San Cirano, propiedad de la firma El Bellaco SA.
Ese movimiento se podría concretar si se aplica la Ley de Acceso Justo a la Tierra N° 14.449, que prevé la recuperación de plusvalía de emprendimientos privados con la cesión de una parte de sus proyectos para vivienda social. De acuerdo a los cálculos realizados por los abogados, «esto permitiría agregar otra amplia franja de manzanas y lotes, con capacidad para completar la urbanización, pero los dueños de San Cirano se niegan».
Al día siguiente de la propuesta de los abogados, Rizzo recibió el pedido de audiencia del Cels y el Serpaj. La solicitud fue presentada para respaldar «una propuesta de solución del conflicto que puede llegar a constituir una alternativa al desalojo y, por tanto, una herramienta de diálogo participativo de solución del conflicto social analizado en este proceso penal». La iniciativa, sostuvieron ambos organismos, «debería dar lugar a la generación de un espacio sobre las distintas opciones que pueden desarrollarse para su implementación».
De la audiencia que aceptó Rizzo también participaron el titular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, y la flamante defensora de los Derechos de Niñas y Niños de la Nación, Marisa Graham. Es la segunda que convocó el juez después del encuentro del 21 de septiembre donde ordenó la prórroga hasta el 1 de octubre. «Es notable el giro. Inicialmente los ministros provinciales sostenían que era un problema del Poder Judicial, pero la masiva movilización fue arrinconando esa posibilidad porque comenzaron a aparecer los costos políticos de una posible represión», evaluó una fuente judicial con acceso al expediente.
Tal como anticipó Tiempo hace dos semanas, «en la Provincia hay 177 mil lotes que son loteos fallidos, terrenos fiscales y propiedades inmovilizadas que serán utilizados para una nueva política de vivienda». Dentro de ese universo hay 11 mil parcelas disponibles en la Provincia, pero especialmente en el interior, que ahora forman parte del programa de suelo y vivienda que lanzó Kicillof esta semana, casi al mismo tiempo que las organizaciones de la toma concluyeron su contrapropuesta.
Con el nuevo aplazamiento del desalojo, comienza otra etapa para las negociaciones judiciales. El único que se negó fue el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que considera «víctimas» a los dueños de los terrenos.
Uno de los acuerdos iniciales de la administración provincial con el juez fue realizar un censo y promover salidas alternativas que permitieran sacar a los ocupantes del lugar para avanzar en la «desocupación voluntaria» que ya fue firmada por 400 familias. Se trata de un acuerdo inducido, que las organizaciones consideran «coercitivo» porque la mesa interministerial que atiende la situación de la toma les hace firmar un acta a los interesados, donde les prometen que tendrán prioridad para los nuevos programas habitacionales anunciados, pero les advierten que pierden ese derecho si continúan en la toma. Este sábado Larroque mantuvo una nueva reunión con sus representantes y retomaron el diálogo para avanzar con una mesa conjunta de trabajo que había quedado frenada en las últimas semanas por tironeos con el gobierno sobre la forma de canalizar la asistencia.
Cerca de Kicillof confiaron que no ofrecerán nuevas alternativas a los ocupantes ante el trabajo de la mesa conjunta. «Estamos buscando tierras en el partido de Presidente Perón, no precisamente donde está la toma, pero estamos armando un banco de tierras y un registro para las personas con mayores necesidades y también para otras del mismo distrito que no están en situación de toma y que hay que contemplar», explicó una alta fuente del Gabinete provincial, y agregó: «Tenemos mecanismos para resolver la situación y este es el primer distrito donde aplicaremos el plan de Hábitat que lanzó esta semana el gobernador. Estamos en eso y, de no mediar ningún inconveniente, vamos presentar una nueva propuesta al juez. Queremos resolver esto antes del 14».
«Hay que recordar que todos los ocupantes están imputados en un proceso penal por usurpación que sigue en pie. Es vital desactivar ese proceso para que avancen las demás negociaciones», advirtieron desde los organismos de Derechos Humanos. La toma transita una nueva cuenta regresiva entre las mitigaciones que propone el gobierno y el embrión de un proyecto de urbanización que podría transformar la primera crisis territorial de Kicillof en un nuevo paradigma para abordar la crisis habitacional que late en toda la Provincia. «
