«Hagan juicio, si quieren» fue la respuesta que el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, dio a distintas asociaciones civiles, en una reunión en 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia había obligado al gobierno a dar explicaciones y a celebrar audiencias públicas para poder aumentar las tarifas de gas. «Me resisto a contestar esa pregunta», le respondió al diputado José Luis Gioja, en el Congreso, ante la misma consulta. YPF sí tuvo que responder a esa pregunta en Wall Street y el juicio lo inició el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), en base a esa respuesta.

El titular del CEPIS, Mariano Lovelli, explicó a Tiempo: «Este expediente va a demorar. Si bien pedimos que sea un trámite de plazos abreviados, pedimos pruebas, pericias e informes a distintos sectores, que llevan un tiempo de producción. Queremos instalar la ilegalidad del aumento. Es una parada difícil, pero creo que tenemos argumentos sólidos que la Justicia deberá atender».

Hasta fines de 2015, las productoras de gas cobraban 2,5 dólares por Millón de BTU (MBTU, una unidad de medida del gas). Desde 2016, pasaron a cobrar U$S 6,8 por MBTU, por disposición del gobierno. Una distancia sideral. Ni las empresas ni el gobierno mostraron la estructura de costos que justificase la brutal suba. Pero YPF reconoció en una presentación ante la SEC (la Comisión de Valores de EE UU) que el precio del gas en boca de pozo ronda los U$S 2 por MBTU. De ahí, que CEPIS presentó el lunes último una demanda por considerar que el aumento del año pasado es «confiscatorio» e «inconstitucional». CEPIS es la entidad que en 2016 logró que la Corte Suprema obligara al gobierno a celebrar las audiencias públicas antes de las subas en la tarifa del gas.

De los U$S 2,5 que se pagaba en 2015, el 81% estaba subsidiado; es decir, el Estado pagaba U$S 2 y el usuario, U$S 0,5 (el dólar rondaba los $ 9). El gobierno puso el precio en U$S 6,8 y, al mismo tiempo, redujo los subsidios. Así, en la actualidad el Estado se hace cargo del 45% y el usuario, del 55%; o sea, el Estado paga U$S 3 y el usuario, U$S 3,75 (el dólar ronda los $ 18). Así, el Estado paga un 200% más en pesos mientras que la inflación de 2016 y la primera mitad de este año acumula un 50 por ciento. En el caso del consumidor, la distancia es en pesos es mucho mayor: pasó a pagar un 1400% más.

A partir de noviembre, el Estado subsidiará el 38% y el usuario pagará el 62%. Si el precio se mantiene (puede haber una nueva suba en noviembre), el Estado pagará U$S 2,6 y el usuario, U$S 4,2. La producción representa el 40% de la factura de gas. A eso, se agregará el ajuste de distribución y transporte, que significa un 30% de la boleta. El resto son impuestos.

La denuncia de CEPIS está en manos del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 2 de La Plata, a cargo del juez Adolfo Ziulu, que la giró al fiscal Guillermo Ferrara, quien hará el dictamen. En febrero de 2016, Ziulu había frenado los primeros aumentos de luz y en junio de ese año terminó por avalar las mismas subas tarifarias. «