El gobierno nacional decretó esta semana la reforma de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, uno de sus impulsores, se expresó en redes sobre las supuestas bondades del cambio y apuntó dónde está el futuro de la seguridad vial en el país: en la importación de cualquier insumo o equipo oriundo de cualquier parte del mundo, sin necesidad de control ni inspección; y en el uso de vehículos autónomos. En cambio, desechó la idea de invertir en rutas, hacer autopistas, fomentar campañas de concientización o aumentar las multas.
Para el ex ministro de la Alianza y el macrismo, la clave está en los vehículos futuristas, que no necesitan conductores, valuados entre 70 mil y 300 mil dólares en el primer mundo. El anuncio de esta política libertaria para la seguridad vial, con un 49,9% de personas bajo la línea de la pobreza en el país, tiene reminiscencias a los vuelos espaciales a la estratósfera que prometía en los ’90 Carlos Menem, en pleno auge de privatizaciones y ajuste. Además, uno de los principales fabricantes es Elon Musk con su empresa Tesla.
#MileiArregláLasRutas
— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) February 12, 2025
En #Luján junto a @leoboto, intendentas e intendentes firmamos una presentación judicial para que el Gobierno Nacional explique qué hizo con los $200 mil millones que recaudó con el Impuesto a los Combustibles que solo eran para las rutas y $1 billón del… pic.twitter.com/P5doMUTquV
La contracara de esta reforma es la ausencia del Estado en el mantenimiento y construcción de obras: la paralización de las que estaban casi terminadas a fines de 2023, el abandono de las que se encontraban en buen estado y la preocupación por recaudar sin invertir ponen en jaque al sistema de vialidad nacional y a las industrias que dependen de su infraestructura. A tal punto que el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, junto a una veintena de intendentes, presentaron el mes pasado una denuncia contra la administración de Javier Milei por el desvío de fondos y el abandono de las rutas nacionales.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo nacional dejan trascender en medios amigos el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y otra ola de despidos en el sector. En tema vial la ausencia del Estado, ya se sabe, da pie al sálvese quien pueda.
¿Conducción autónoma?
“¿Te imaginás un auto de conducción automática esquivando los pozos de la ruta? ¿Te lo imaginás tomando los desvíos? ¿O los tramos de ruta donde los vehículos tienen que circular por la banquina porque está mejor?”, reflexiona a Tiempo Fabián Cattanzaro, secretario general de la Federación del Personal de Vialidad Nacional.
Apunta que a la gestión libertaria le viene bien venderse así en el exterior pero que no es realizable: “es obvio que la conectividad en Argentina no es total y plena en todos los puntos, o sea que estos autos también pueden tener fallas de conectividad. Pero también hay que preguntarse en qué rutas van a andar esos autos automáticos, es evidente que nos falta todavía avanzar”. A lo que se suma los enormes costos. Lo que más se vende hoy son los autos usados: en febrero creció 40,27% respecto al mismo mes del año anterior.
SEGURIDAD VIAL. Argentina vive una tragedia de seguridad vial. En 2023 murieron 4.486 personas por siniestros viales, con miles de familias destrozadas de manera irremediable por este flagelo. El Decreto 196/25 con firma de @JMilei, @GAFrancosOk y @LuisCaputoAR introduce… https://t.co/SPcNZpik1k
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 18, 2025
«Argentina vive una tragedia de seguridad vial», admitió Sturzenegger. Pero a continuación subrayó que para contrarrestarla no piensan en mejorar rutas: «Argentina tiene rutas de una mano que son una trampa mortal. Pero probablemente las seguirá teniendo por un tiempo porque su baja densidad poblacional hace difícil pensar en migrar a un sistema de autopistas en el corto plazo».
Sin ruborizarse, acotó: «Paradójicamente, la conducción en una ruta de una mano de ida y una de vuelta es la más peligrosa para un humano, pero la más accesible para la conducción autónoma. Por ello el proyecto introduce el marco normativo para la gradual introducción de la conducción autónoma en nuestro país. Entiendo que la conducción autónoma puede sonar a ciencia ficción, pero es una solución estructural».
¿La otra solución? La eliminación de la Certificación de Habilitación de Autopartes de Seguridad (CHAS). Así lo dijo el funcionario: «Esta certificación supuestamente buscaba garantizar la calidad de las piezas de seguridad importadas. Si es así, ¿por qué lo eliminamos?; ¿cómo podría contribuir su eliminación a la seguridad? (…). El CHAS encarecía exponencialmente los repuestos nuevos (la importación de repuestos usados continúa prohibida por reglas del Mercosur). Tan caros eran los repuestos que la gente, o no los reponía (aguantás más tiempo con los frenos gastados) o “lo atamos con alambre”. El resultado se traducía en el uso de peores piezas y más viejas. La eliminación del CHAS debería reducir el precio de los repuestos y promover un mayor reemplazo (también debería abaratar los seguros)». Extraño pensar cómo se sabrá ahora quiénes usan peores piezas si se elimina la certificación de habilitación…
Sin plan para los 40 mil kilómetros de rutas nacionales
Desde que asumió Javier Milei no se realizaron más obras públicas viales y, con la misma gravedad, tampoco tareas de mantenimiento de las existentes. “Dicen que no van a ampliar las rutas y no te dicen cómo las van a reparar. Hemos tenido subjecución presupuestaria el año pasado, y este año estamos con el mismo presupuesto. Este gobierno no tiene un plan para atender los 40 mil kilómetros de rutas nacionales”, remarca Fabián Cattanzaro.
Asegura que los tramos que serán concesionados a privados serán aquellos de mayor tránsito, que en total alcanzan unos 10 mil kilómetros de rutas nacionales: “hay otros 30 mil kilómetros que no serán de interés para el sistema de concesiones. Entonces, que vengan a hablar de vehículos autónomos queda relegado. Hay que poner en buenas condiciones la infraestructura”.
La mentira de la densidad
Cattanzaro asegura que el impacto del abandono de las rutas es visible: el 65% de las rutas nacionales se encuentra en estado malo o regular y muchas localidades necesitan ampliar la capacidad de tránsito: “no se acompaña el crecimiento demográfico ni el desarrollo productivo del país, no se fortalece la integración regional ni la producción de mercancía para la exportación”.
Es el caso de la Autovía de la Ruta 12, que pasa por Corrientes, con un sinfín de camiones. El Gobierno la frenó en 2024, en enero prometió su reactivación con fondos de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Pero recién este jueves el gobernador Gustavo Valdés anunció que la «destrabó». Fue después de votarle a Milei el DNU del FMI. En Córdoba, Martín Llaryora lanzó la licitación para hacerse cargo la provincia de la Autovía 19 que Nación abandonó y advirtió por los muertos que genera el abandono.
La Ruta 3 había iniciado la obra desde Monte a Las Flores. Con el gobierno anterior avanzó rápidamente. Desde diciembre la presencia de obreros menguó, a pesar de ser una obra con créditos internacionales. El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, pidió permiso en noviembre para cortar el pasto de la ruta que estaba «altísimo», aunque fuese responsabilidad nacional. En enero de este año, en el kilómetro 228, chocó un camión con una camioneta, que terminó incendiada. El conductor falleció al instante.
Para Cattanzaro, los dichos de Sturzenegger acerca de que no se invierte en rutas por la baja densidad poblacional son falsos: “la decisión de hacer una ruta que sea autovía, autopista o dos carriles siempre tiene que ver con el tránsito, no con la densidad poblacional”.
La infraestructura vial en mal estado de un país puede tener el costo de entre el 1 y 1,5% del PBI. En ese costo debe preverse también los conflictos contractuales con las empresas que ejecutaban las obras que quedaron inconclusas: “el deterioro de una ruta es exponencial, por cada año que no mantenés, perdés entre 3 y 5 años de vida útil de los pavimentos y de las construcciones hechas”. Y por cada peso que deja de ponerse en el mantenimiento, luego deberá invertirse entre tres y cinco veces para su rehabilitación: “el gobierno no está ahorrando, está endeudando al pueblo a futuro, atrasando el desarrollo y metiéndonos en un proceso de concesiones que va a terminar siendo peor que el de los ’90”.
La reforma a la Ley Nacional de Tránsito, para muchos, es la antesala del desarme de la Agencia, Vialidad y la empresa estatal Corredores Viales. Del decreto 196/2025, uno de los temas que alarma al sector son los peajes en arco, el sistema free flow cuya implementación impactará de forma directa en puestos de trabajo efectivos, sin planes de reconversión.
Sobre la reforma, Pablo Martínez Carignano, ex director de la ANSV, detalla a Tiempo: “hay modificaciones que son inadmisibles como la que establece que podés renovar tu licencia mandando un email con un apto medico firmado. Hay innumerable cantidad de casos en que se detectan certificados truchos».
El ex funcionario expresa que la norma tiende a favorecer un negocio alrededor de los certificados médicos y completa: «en otras partes del mundo se pone el acento en que los exámenes de licencias de conducir, tanto para obtención y renovación, deben ser exhaustivos, profundos. Se tienen que identificar las patologías médicas y las conductas vinculadas con el no manejo de la ira, aquí nada de esto sucede”. «
Katopodis: «Nos va a salir carísimo en vidas»
“En pocas semanas se cumplen 500 días de Milei y Caputo sin obra pública. Van a contramano del mundo y de la necesidad de todos los argentinos de contar con la infraestructura necesaria para sostener una calidad de vida digna. La inacción y el abandono de las obras en las rutas nos va a salir carísimo en vidas”, asegura a Tiempo Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de la Provincia. En febrero, junto a 20 intendentes bonaerenses presentaron una acción judicial contra el Estado nacional debido a la falta de transferencia de los recursos para la infraestructura vial que perjudica a sus jurisdicciones. La medida solicitada tiene como fin garantizar la seguridad y salud para los usuarios de la red vial. Demandan incumplimiento de contrato, violación al deber de información, con reserva de accionar por daños y perjuicios.
En 2024, el Estado recaudó $ 349 mil millones, que debieron haberse destinado a continuar las obras viales en ejecución y a garantizar el mantenimiento en la red vial nacional: “sin embargo, a lo largo del 2024, sólo se transfirieron y ejecutaron 149 mil millones, menos de la mitad”. Al respecto, Katopodis expresa: “por mandato de Axel Kicillof ponemos en marcha y finalizamos obras públicas sostenidas con el esfuerzo que hacen los bonaerenses con sus impuestos. Esos mismos ciudadanos también le pagan impuestos al gobierno nacional, pero allí esa recaudación va a la timba financiera y al dibujo del superávit fiscal”. Actualmente la causa se encuentra en fiscalía, donde deben resolver sobre la competencia del tribunal.
Nación se queda con los fondos
Allí donde el Estado nacional abandona las rutas a su cargo, los gobiernos locales deben asumir su función aún cuando no sea su competencia originaria. Es el caso de la provincia de Córdoba, donde el gobernador Martín Llaryora anunció el llamado a licitación para completar la Autopista Nacional Ruta 19, entre las ciudades de San Francisco y Córdoba. “Córdoba se hace cargo de lo que la Nación no se hace cargo”, aseguró en conferencia de prensa. La intendenta de Río Primero, Mariangeles Arneudo, indicó: “es de vital importancia, es una obra que está directamente relacionada con la producción, el desarrollo económico y en paralelo, es desarrollo para nuestras comunidades. El Estado tiene que estar presente en donde se lo necesite”.
Aunque no hace obra pública, el Gobierno de la Nación durante 2024 se quedó con $ 200 mil millones que recaudó con el Impuesto a los Combustibles y que por ley deberían destinarse a Vialidad. Tampoco entregó el billón de pesos surgido del Impuesto PAIS que tenía que ser utilizado para ejecutar infraestructura.
