Un hogar de clase media deberá destinar hasta el 37% de sus ingresos para pagar un servicio de salud privado. Sólo los hogares más ricos podrán afrontar el gasto sin que signifique un gran porcentaje de sus ingresos.

En la última semana, el gobierno permitió a las empresas de medicina prepaga aumentar los valores de las prestaciones en un 17,5%, repartido en tres meses: 5,5% en julio, 6% en agosto y 6% en septiembre. Sumado a los aumentos de febrero (5%) y de mayo (7,5%), acumulará un 32,6%, por ahora.

En la era Macri la medicina prepaga le ganó siempre a la inflación. En estos tres años subió sus precios un 252,33% versus un 239,12% del IPC.

Este año no será diferente: el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central anticipa que para septiembre próximo, la inflación llegará al 31 por ciento.

Pero las subas de las prepagas no sólo están por encima de la inflación general, sino muy por encima de los ingresos salariales. Un plan individual básico de una empresa de primer nivel contratado de manera directa cuesta $ 5100, mientras que hace un año costaba $ 3600. Un plan familiar (matrimonio y dos hijos) básico de la misma prepaga costará en septiembre unos 20 mil pesos, mientras que en el mismo mes del año pasado costaba $ 14.300.

Según el último dato disponible de Indec (cuarto trimestre de 2018), el 10% más rico de los hogares argentinos (conocido en la jerga estadística como el decil 10) tenía un ingreso medio mensual de $ 101.503. El decil 9, es decir el segundo 10% de los hogares con mayores ingresos (que en las encuestas socioeconómicas es la categoría B o clase media alta) tiene un ingreso medio mensual de $ 55.570. Para este hogar, un plan de salud privado de primer nivel equivale al 37% de los ingresos; en los del decil 10, el 20 por ciento.

En comparación, en el segundo trimestre de 2015, con la cuota familiar en $ 4956, los hogares del decil 10 (promedio de $ 34.330) destinaban el 14% de sus ingresos a la prepaga; los del decil 9 ($ 21.355 de promedio), el 23 por ciento.


Osvaldo Bassano, titular de Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), apuntó: «La total y absoluta falta de inversión en salud por parte de estas entidades financieras, que no reparan en continuar realizando negocios inmobiliarios y de inversiones varias (compra de medios y evasión de divisas, entre otras), las malas prestaciones, la negación de prestaciones y la baja en las remuneraciones a los efectores de salud, deteriora aún más la salud pública, que ha derivado en un incremento en la mala calidad de vida y mayor mortalidad».

Luis Degrossi, presidente de Apres Cobertura Médica, dio a Tiempo su punto de vista: «Nunca es suficiente un aumento para el sector porque hay que contemplar la inflación de la medicina, que hoy está entre un 25 y un 30% por encima de la inflación general». En ese sentido, amplió: «La tecnología de medicina es importada; está atada al dólar, por lo que los precios se dispararon por las nubes». Además, argumentó: «Las paritarias del sector impactan fundamentalmente sobre los prestadores (hospitales, clínicas o sanatorios), que nos trasladan el mayor costo a las entidades privadas».

Degrossi subrayó que «el bolsillo de la gente está muy afectado». Además, destacó «el efecto cascada»: la gente se pasa a planes inferiores o a entidades más baratas. Aun así, «hay entre un 10 o un 15% de personas que se han bajado de toda cobertura en los últimos años». En Apres, «en el término de un año y medio, las bajas se duplicaron», a lo cual «hay que sumar una merma en las nuevas incorporaciones». En ese contexto, Degrossi aseguró que «es imposible seguir financiando Programa Médico Obligatorio (PMO) sin mayor ingreso».

Degrossi integra también la Unión Argentina de Salud (UAS), una confederación de reciente creación que agrupa a todas las entidades del sector, tanto prestadoras como financiadoras, con el fin de impulsar una reforma estructural del servicio. Entre otras cosas, la UAS busca avanzar en la posibilidad de ofrecer planes de cobertura parcial. «El decreto 66 de 2019 introdujo la posibilidad de la comercialización de este tipo de planes», indicó. «Hay que presentar la estructura de esos planes ante la Superintendencia de Servicios de Salud, con una comisión biministerial, de la cual va a participar también el Ministerio de Hacienda. Recién aprobado por esa comisión, tendríamos la posibilidad de comercializar», detalló.

Para Degrossi, la solución pasa por «reducir la obligación de cobertura», avanzar hacia «una reforma integral y consciente del PMO», una «intervención del Estado, en cuanto al cumplimiento de su rol de garante de las prestaciones médicas» y «la derogación de la Ley 26.682 porque ha sido tan nociva que rompió el sistema solidario». El programa de las prepagas apunta a lograr libertad plena para imponer precios y condiciones a la población y la práctica eliminación de todos los controles. El debate electoral debería incorporar este tema, que preocupa a millones de hogares argentinos.  «