En los últimos años varios gobiernos provinciales decidieron iniciar procesos para reformar sus Cartas Magnas, el caso más reciente es el de la provincia de La Rioja. Semanas atrás y luego de un año de trabajo de su Convención Constituyente se presentó la reforma a la Constitución con un acto al que acudió todo el peronismo.

Quintela pudo lograr la mayoría y cumplió -en su segundo mandato de gobernador- lo que fue un objetivo de campaña. El 9 de agosto se presentó la nueva enmienda que contradice las políticas nacionales y plantea, entre otras reformas casi sin antecedentes en el país, una renta universal, paridad de género y conectividad como derecho para todos.

Un panorama muy distinto se da en el fin del mundo. A diferencia de su par riojano, Gustavo Melella llamó a la elección de convencionales en Tierra del Fuego, pero la convocatoria quedó en suspenso hasta las primeras semanas de septiembre cuando la Justicia fueguina deberá resolver la cuestión de fondo. En la provincia más austral, además, los libertarios tienen posibilidades de sumar buena cantidad de convencionales que les permitan ganar peso en la discusión y colar letra en la redacción de la nueva Constitución.

Y es que el pasado 6 de agosto, el Superior Tribunal de Justicia suspendió la convocatoria a elecciones para el 10 de noviembre por un plazo perentorio de 30 días, a fin de resolver la validez de la misma. El fallo que lleva la firma de los jueces Carlos Sagastume, Ernesto Loffler, Edith Cristiano, Javier Muschnick y María del Carmén Battaini resolvió hacer lugar a la declaración de certeza y cautelar presentada por el legislador Jorge Lechman, quien pidió el lunes un pronunciamiento  respecto de si la necesidad de reforma constitucional contenida en la ley provincial 1529, votada por la Legislatura en diciembre pasado, había caducado en los plazos de convocatoria.

Melella salió al cruce del Superior Tribunal de Justicia y en su cuenta de X posteó que la suspensión “es un acto netamente político y no judicial». «Hay sectores fuertes y poderosos de nuestra provincia que se resisten siquiera a debatir y poder dar un cambio que la mayoría de la población, sus autoridades y sus legítimos representantes entendemos que es necesario”, agregó.

“No permitiremos que un grupo que no quiere perder sus privilegios, que se resiste a la abolición de los cargos vitalicios, a terminar con un sistema que beneficia a unos pocos, nos impida continuar con este proceso democrático y republicano, como lo es una reforma constitucional”, agregó el mandatario provincial.

Como ya contó Tiempo, y a diferencia de Quintela, Melella pelea en soledad la continuidad del proyecto de reforma, ya que no hay respaldo político ni social. Los sectores opositores de la provincia se han manifestado en contra de las modificaciones de la Carta Magna bajo el argumento de que es innecesaria, inoportuna y sobre todo que esconde la intención de re reelección del gobernador de cara a 2027.

Melella planteó a principios de mayo una propuesta de reforma en tres ejes: ambiental, social y política administrativa. Entre otros asuntos, se propone eliminar el carácter vitalicio de cargos como la Fiscalía de Estado o el Tribunal de Cuentas. También incorporar la despapelización y simplificación de la burocracia administrativa, la mención de los nuevos límites de la provincia, y la necesaria inclusión de Malvinas, que “tiene que estar claramente ahí”, opinó.

La mayoría de los espacios están pensando en la carrera electoral, pero para las legislativas de 2025 y no parece haber ánimo de someterse a un escrutinio anticipado. Sobre todo, los oficialismos municipales que comandan el intendente de Ushuaia y titular del PJ, Walter Vuoto, y el intendente de Río Grande, Martín Pérez, quienes tienen intención de disputar la gobernación cuando finalice el actual mandato.

En cuanto a lo social, la grave crisis energética que atraviesa Ushuaia fue uno de los reclamos de la ciudadanía en el marco de la convocatoria a elecciones. De hecho, con intenciones de ampliar el volumen político de la Libertad Avanza en el fin del mundo, el legislador provincial libertario Agustín Coto inició gestiones con el gobierno nacional para avanzar en la viabilidad del proyecto y la liberación de fondos provenientes del CAF y el Asian Infrastructure Investment Bank. Con foto incluida, fue el jefe de gabinete Guillermo Francos quien informó que la provincia recibirá 135 millones de dólares para modernizar y ampliar la matriz energética fueguina.

Una vez que se resuelva la cuestión de fondo el gobernador podrá apelar la medida en caso de que sea por la negativa. Si obtuviera una decisión a su favor, en los próximos meses se deben definir alianzas y candidaturas para ir a la elección de 15 constituyentes que se abocarán a la tarea de debatir la modificación de más de 70 artículos de la Constitución provincial. «