El conflicto político entre las provincias y el gobierno de Javier Milei tuvo un coletazo en los mercados financieros con el anuncio de las autoridades de La Rioja de que no pagarán el vencimiento de este mes de sus bonos en dólares. Se trata de poco más de U$S 26 millones en concepto de capital e intereses que deberían haberse cancelado el viernes pasado.

En un comunicado oficial, el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Jorge Quintero, citó entre las principales causas del incumplimiento que “la Provincia no ha recibido fondos coparticipables, según lo establecido en el art. 83 de la ley 27.701 (referida al presupuesto nacional de 2023, reconvenido para 2024), haciendo que los ingresos de la Provincia sean insuficientes para cubrir los gastos relacionados con servicios y programas esenciales”.

El argumento (no es el único, ya que también se mencionan la devaluación y la contracción de la economía) está referido de manera directa al cese casi total de la asistencia financiera a las provincias que dispuso el presidente Javier Milei, luego de que el Congreso retaceara el apoyo para la sanción del megaproyecto de 664 artículos con la que el mandatario quería obtener la delegación de facultades legislativas por cuatro años, reformar el Estado, derogar la movilidad jubilatoria y cambiar el esquema impositivo, entre otras iniciativas.

El enfrentamiento se agudizó en los últimos días, luego de que las provincias patagónicas advirtieran que dejarán de enviar gas y petróleo a la Nación si esta sigue incumpliendo con los envíos de la coparticipación. Buenos Aires también avisó que recurrirá a la Justicia por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal.

En el caso de La Rioja, en particular, la inquina de la Casa Rosada se ve agravada porque ese gobierno fue el primero en acudir a la Corte Suprema para que se defina la constitucionalidad o no del DNU 70/23 de desregulación y reforma del Estado. En los últimos días, el gobernador Ricardo Quintela (foto) también anunció que pedirá a ese tribunal su intervención para evitar el recorte del Fondo de Incentivo Docente que dispuso el gobierno nacional.

Coparticipación y transferencias: cuántos fondos recibió La Rioja en 2023

El presupuesto de 2023 preveía para La Rioja una partida especial de $ 47.000 millones para asistencia financiera a la provincia y a los municipios. Durante todo el año pasado, esa jurisdicción recibió de la Nación transferencias no automáticas (por fuera de la coparticipación federal) por $ 73.714 millones, según los datos recopilados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En enero de este año apenas recibió $ 1.012 millones por ese concepto.

Contra lo que muchos imaginan, las transferencias no automáticas distan de estar libradas al antojo o las simpatías del gobernante de turno. La OPC explicó que bajo ese rótulo se engloban “una gran variedad de conceptos no automáticos pero que no necesariamente son estrictamente discrecionales en su totalidad, por cuanto responden a convenios, contratos, ejecución de leyes y por supuesto también asignaciones discrecionales por parte del Poder Ejecutivo nacional a las provincias”.

El no pago del bono (técnicamente no es un default, porque se abre un período de gracia para subsanar la mora) se suma a la emisión del Bocade (Bono de Cancelación de Deuda), llamado popularmente el “bono Chacho”. Con esa cuasimoneda, la primera que circulará después de la crisis de 2001, el gobierno planea abonar hasta el 30 por ciento del salario de los trabajadores estatales para subsanar los atrasos en los giros de la Nación.

El título impago fue emitido en 2017, cuando el macrismo bajó línea a las provincias para que financiaran sus necesidades en los mercados internacionales. La ola de devaluaciones de 2018 y 2019 hizo que muchas de ellas debieran reestructurar sus obligaciones: La Rioja lo hizo en 2021.

“La Provincia ha contratado asesores financieros y legales y tiene la intención de iniciar consultas con los tenedores de los bonos con el objetivo de llegar a un acuerdo amigable y consensuado con ellos en el menor tiempo posible. Adicionalmente, sujeto al resultado de conversaciones preliminares con inversionistas, la Provincia realizará sus mejores esfuerzos para abonar en el menor tiempo posible el monto de intereses adeudados al 24 de febrero de 2024″, señala la declaración oficial.