La «renta inesperada» tras la cual se encuentra el ministro de Economía, Martín Guzmán, podría sumar más de $ 350.000 millones en este año, según un cálculo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) de dos semanas atrás, en el que hacía proyecciones sobre cuánto más valen ahora las exportaciones de un puñado de productos agrícolas en relación al valor que tuvieron en todo 2021.
Pero la cifra podría ser mayor si se contabilizan las ventas de granos de los productores tanto a los exportadores como a la industria local, que en los seis meses que van desde principios de octubre -cuando comenzó el rally internacional de precios- a inicios de abril, sumó 56,5 millones de toneladas. Esa sería una renta inesperada ya realizada.
El cálculo de la BCR es muy concreto: en 2021 ingresaron U$S 38.049 millones de dólares por las exportaciones de 13 productos derivados de cinco cultivos: soja, maíz, trigo, cebada y girasol. La entidad proyectó que, en todo 2022, las exportaciones de esos mismos ítems aportarán ingresos por U$S 41.053 millones, es decir U$S 3004 millones más, algo así como $ 350.000 millones.
La explicación de la BCR es que la diferencia se debe, básicamente, a la diferencia de precios que se movieron con fuerza entre marzo y abril. Por caso, proyectó que las exportaciones del complejo del trigo aportarán U$S 1430 millones más que el año pasado, casi la mitad de todo el incremento previsto. Ello porque pronosticó que, en 2022, las ventas al exterior de este grano alcanzarán los U$S 4741 millones versus U$S 3311 millones de 2021. «En este caso, la suba de precios junto con el incremento en cantidades permitiría a este complejo incrementar el valor de sus exportaciones», explicó la BCR. La guerra en Ucrania es el motor de la suba de los valores, dado el rol que ocupan tanto Rusia como Ucrania en el comercio de este cereal.
En el caso de la exportación de soja y derivados (aceites, harinas y pellets), la BCR calculó en abril ingresos para este año por U$S 23.745 millones. «Esto se debe a la fuerte suba en los precios FOB (Free On Board, es decir, el valor final de la mercadería colocada en el buque que la transportará) de todos los productos del complejo, pero en particular del aceite de soja», subrayó la entidad. Pero la ecuación es volátil: la BCR prevé una caída de casi U$S 1000 millones en las exportaciones de poroto de soja mientras que en los derivados se obtendría una suba de las ventas externas de más de U$S 1200 millones.
En el caso del maíz, la diferencia entre las ventas externas de este año y las de 2021 alcanzaría a U$S 603 millones. El pronóstico dice que «de sostenerse estos precios, el complejo alcanzaría un récord, superando el valor alcanzado en 2021». La especulación, impulsada por la guerra en Ucrania, elevó el precio internacional del maíz y aceleró sus incrementos. Por eso la BCR cambió su proyección de ventas externas de este año en U$S 1000 millones en apenas un mes.
Respecto del complejo del girasol, la entidad con sede en Rosario consideró que alcanzaría exportaciones por U$S 1840 millones, U$S 538 millones por encima de la marca de 2021 y U$S 512 millones más que lo que la propia BCR previó un mes antes. «El conflicto en la región del Mar Negro ha disparado los precios del aceite de la oleaginosa, dado que entre Rusia y Ucrania representan cerca del 80% de las exportaciones mundiales de este producto», aclaró la BCR.
Por último, el complejo de la cebada registraría despachos por U$S 1077 millones, 171 millones de dólares más que en 2021, siempre según el cálculo de la BCR.
Sin embargo, las cifras podrían cambiar, para arriba o para abajo, en función del volumen de las cosechas y el precio internacional de los granos. Ambos segmentos se encuentran sometidos a una enorme volatilidad. La producción depende de cuánto afectó la sequía a los cultivos en la Argentina; el precio, de las condiciones de producción, por ejemplo, si la continuidad de la guerra de Rusia en Ucrania impide la cosecha y comercialización de trigo y girasol.
Más cálculos
Las estimaciones de la BCR sirven para entender una tendencia de precios que, al menos por ahora, se manifiesta sin retrocesos. Pero no se puede esperar que la situación internacional se mantenga sin variantes a lo largo de este año, con lo cual, los precios de los granos pueden cambiar.
Otra manera de observar esta «renta inesperada» es analizando las subas de los precios internacionales de los productos: los de la soja treparon un 35%; los del maíz, un 46,3%; y los del trigo, un 46%, según los valores de la bolsa de comercio de Chicago, el centro mundial de comercio de granos.
Medido en pesos argentinos, descontadas las retenciones, las subas son mayores aún: los compradores de soja en grano de Rosario pagaron el viernes pasado un 41% más que seis meses atrás ($ 48.970 por tonelada versus $ 34.740). En el caso del maíz, la suba es del 55,6% (ahora $ 29.265 contra $ 18.810 de octubre de 2021). Con el trigo, la diferencia es mayor: 60,2% ($ 38.050 debieron pagar por una tonelada cuando en octubre pagaban $ 23.755). La suba del girasol en Quequén fue del 56% en seis meses: pasó de $ 42.561 la tonelada a $ 66.410 el viernes pasado.
Los que ya vendieron
Guzmán no aclaró si el proyecto de ley que piensa enviar al Congreso para tomar parte de esa renta inesperada por los elevados precios internacionales incluirá a los productos ya vendidos o solo a los que se vendan a partir de la vigencia de la ley. Con todo, al respecto, hay que aclarar que la debilidad del gobierno para imponer políticas torna difícil creer que la norma podrá ver la luz en un Congreso muy disputado.
De cualquier manera, entre principios de octubre de 2021 y el comienzo de abril de 2022, los productores vendieron 56,5 millones de toneladas de granos (soja, maíz, trigo, sorgo y girasol) a precios superiores a los que existían por la guerra en Ucrania.
Según datos del Ministerio de Agricultura, colocaron 13,6 millones de toneladas de trigo (10,8 millones de toneladas a los exportadores y 2,8 millones de toneladas a la industria local que debió pagar los nuevos precios internacionales para hacerse del cereal).
En el caso de los productores de maíz, vendieron 21,2 millones de toneladas desde octubre pasado, con 18,3 millones de toneladas colocadas entre los exportadores y otras 3 millones entre la industria molinera local.
Con la soja, las ventas de los productores locales sumaron 19,4 millones de toneladas: 18 millones vendidas a la industria local (que luego transforma lo porotos en harina, aceite o pellets) y 1,4 millones de toneladas vencidas a los exportadores de granos.
A estos números hay que sumar 1,8 millones de toneladas de girasol vendidas con nuevo precio elevado por la guerra.
Es claro que la guerra genró ingresos extraordinarios. Resta saber si el gobierno podrá sostener una política, en un cuadro en el que su debilidad hace que no logre imponer una política a los monopolios formadores de precios. «
Tractorazo, el sábado
El tractorazo de productores autoconvocados se concentrará por la mañana del próximo sábado 23 en Solís, localidad en el cruce de la ruta nacional 8 y 193, a 40 kilómetros al oeste de Pilar. Desde allí avanzará por la ruta 8 e ingresará a la Ciudad de Buenos Aires por la Panamericana para continuar por la avenida del Libertador hasta el microcentro. El destino será la Plaza de Mayo, a donde prevén llegar a media tarde para entregar una proclama que planteará la eliminación de las retenciones y una baja de la presión tributaria en general.
Según los organizadores, la movida no cuenta con el respaldo explícito de la Mesa de Enlace, aunque varios de sus referentes se han manifestado a favor de la movilización. Por el contrario, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dijo explícitamente que no acompañará la movilización porque «no es momento de manifestarse».
Los autoconvocados señalaron que sí cuentan con el respaldo de más de 200 organizaciones de base que integran las asociaciones más grandes (además de CRA, Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria). Y en ese sentido aseguran que la convocatoria atraerá a miles de personas.
Según los organizadores, que se identifican en las redes sociales como autoconvocados y no ponen de relieve ningún nombre propio, el planteo del ministro Martín Guzmán sobre la «renta inesperada» hizo las veces de gota que rebalsa el vaso. «Es lo mismo de siempre, equivale a más retenciones. Siempre el campo paga», dijo un productor en uno de los posteos en las redes sociales.
El tarifazo esperado
Las organizaciones de defensa del consumidor salieron con los tapones de punta contra la convocatoria de la Secretaría de Energía a audiencias públicas para mostrar los nuevos precios de producción de gas y electricidad a los que quiere llegar.
Osvaldo Bassano, de ADDUC, apuntó en diálogo con Tiempo: «Es una barbaridad. La resolución debe darse después de la audiencia pública. Así vista, es un aumento y la audiencia es un simple trámite burocrático. Es una grave violación constitucional».
Estas ONG enviaron hace diez días una carta al Ministerio de Economía, en la que pedían que la audiencia sea presencial y presidida por Martín Guzmán. Según pudo saber este medio, ninguna de las dos ocurrirá.
Pero la irritación de las asociaciones de consumidores está más relacionada con el hecho de que Energía convoca a audiencia para darle escenario a una decisión tomada, que es la suba de los precios de producción de energía.
Paula Soldi, directora ejecutiva de Cepis, expresó ante la consulta de Tiempo: «Queremos conocer los detalles de la negociación entre Guzmán y el FMI, cómo el ministro prevé evitar un nuevo aumento de tarifas de gas y luz y que ese tarifazo no signifique mayor inflación y por lo tanto reduzca los ingresos».
Soldi subrayó un dato esencial: «Antes de pensar en aumentos de tarifas, es central conocer los costos reales que tienen las generadoras eléctricas y las productoras de gas».
En tanto, Bassano alertó: «No hay nada en el Boletín Oficial, pero ese texto es muy grave porque da por sentado que toda la audiencia va aceptarlo y, aunque no lo acepte, se va a hacer igual. No se están haciendo bien las cosas y es porque los está apurando el FMI».
Y concluyó: «Esto va a traer problemas al erario público y va a haber juicios. Por eso, las asociaciones pedimos que esté el ministro. El precio de producción de gas y de generación de electricidad es ficticio; es un precio financiero, de empresas, que no tiene nada que ver con los costos. Esto significa un robo al bolsillo del usuario».
