El 2016 marcó una serie de retrocesos en la región que anticipan un 2017 de conflicto, con impacto tanto en las conquistas sociales, sindicales y políticas como en la estrategia de integración regional que habían logrado construir los gobiernos en los últimos años. La destitución de Dilma Rousseff en Brasil fue desencadenante, no solo de perjuicios para sectores populares sino también de la conformación de una alianza de afinidades que apuesta a producir cambios en gran parte del continente. El aún no logrado pero avanzado intento de expulsión de Venezuela del Mercosur abre la puerta a nuevos acuerdos de libre comercio con Europa y Estados Unidos. En otro plano, la accidentada firma del Acuerdo de Paz en Colombia, el hecho más destacado del año en ese país, y el reciente resurgimiento de fuerzas paramilitares plantea un serio desafío para el futuro inmediato.
Desde el golpe parlamentario de agosto pasado que puso en el gobierno de Brasil a Michel Temer, se torció la agenda comprometida por el Partido de los Trabajadores. Para el PT, el «regalo de fin de año» de Temer es «la reforma previsional, el fin de las inversiones sociales y el estímulo a los despidos». La central obrera CUT, los movimientos nucleados en el Frente Brasil Popular, y los actores políticos críticos señalan que el proyecto 287/16 de Enmienda Constitucional es uno de los más graves retrocesos. Entre otras reformas de impacto político, pretende elevar la edad jubilatoria de 60 a 65 años en las mujeres y 65 a 70 en los hombres. Una medida que goza de la simpatía del FMI y que se busca instalar también en la Argentina.
«La burguesía precisa tener el control absoluto de todos los poderes. Desde que perdieron las elecciones en octubre de 2014, vienen conspirando para apoderarse del Ejecutivo», comentó João Pedro Stedile, dirigente del Movimiento de trabajadores Sin Tierra (MST), a través de un documento de trabajo de los movimientos sociales que compartió en forma exclusiva con Tiempo, donde afirma que el costo de la crisis lo pagará «la clase trabajadora».
El documento evalúa que los próximos pasos del gobierno serán «retomar un programa neoliberal de subordinación de las políticas a la hegemonía del capital financiero y las transnacionales, para aumentar la tasa de lucro y el proceso de acumulación». Para eso, continúa el texto, se intentará «aumentar la explotación de los trabajadores retirando derechos históricos, derogar normas que garantizan derechos laborales; disminuir los gastos que antes iban para educación, salud, vivienda popular», señala. En el terreno político, Stedile afirma que el gobierno de Temer buscará además «inviabilizar la candidatura de Lula en 2018».
Por otro lado, los movimientos registran que en el año que pasó se dio la mayor masacre de campesinos en disputas por la tierra desde 2003 y que anualmente se producen 50 mil muertes de jóvenes en las periferias urbanas.
El gobierno de Venezuela calificó a la unión de Brasil, Paraguay y Argentina como una «nueva Triple Alianza» confabulada en su contra. Los gobiernos de Temer, Horacio Cartes y Mauricio Macri coincidieron en su intención de desplazar a Venezuela del Mercosur por supuestos incumplimientos en las normas de adecuación. Impidieron que asumiera la presidencia pro témpore y le declararon la «cesación de derechos» como miembro. Venezuela no pudo participar de una reunión conjunta en Buenos Aires y la canciller, Delcy Rodríguez, recibió un golpe en un forcejeo inédito contra un diplomático. En el mismo acto, su par argentina, Susana Malcorra, se adjudicó la presidencia del bloque con acuerdo de los otros miembros, incluido Uruguay.
En una entrevista con Tiempo, Rodríguez dijo que la real intención es evitar que Venezuela sea un escollo para la firma de acuerdos de libre comercio extra continentales. No estaba errada. Días después, Malcorra anunciaba su vocación por apurar negociaciones con la Unión Europea. «Si se deja pasar el tren, otros lo pueden tomar. Espero que podamos avanzar, y rápido. Ahora que están las cartas sobre la mesa tenemos que sentarnos y jugar», citó un comunicado de Cancillería.
La continuidad o no de Venezuela se tratará en Montevideo recién el próximo 9 de febrero. En tanto, el país vivió su propio conflicto. A la crisis económica y de desabastecimiento se sumó el intento opositor de convocar a un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, que no alcanzó a concretarse por falta de requisitos. La mesa de diálogo patrocinada entre otros por Unasur y el Vaticano logró ponerse en marcha y, a pesar de cruces mediáticos, continuará el 13 de enero. Otra buena noticia es el alza del precio del petróleo, que impacta directo en las arcas estatales y por ende en las políticas sociales que se pretende sostener.
«Todos apostamos a que 2017 será el año de la estabilidad y de mantener los canales de diálogo», dijo optimista el embajador venezolano en Argentina, Carlos Martínez Mendoza. En diálogo telefónico desde Caracas, adonde viajó a pasar las Fiestas, el diplomático afirmó ver «un clima navideño, de paz», y aseguró que «se empiezan a ver los resultados de las políticas económicas que se adoptaron» para contener entre otras cosas un tipo de cambio paralelo, la inflación y la extracción de moneda acaparada por sectores económicos, que llevó a quitar de circulación billetes de 100 bolívares, una decisión criticada por sectores afines al chavismo, porque generó una incertidumbre que «podía haberse evitado».
En la sociedad colombiana aún resuena el traspié del presidente Juan Manuel Santos al intentar validar el histórico acuerdo de Paz con las FARC en un plebiscito que una muy ajustada mayoría rechazó, el pasado 2 de octubre, y forzó a una renegociación finalmente aprobada por el Congreso.
Sin embargo, se critica a la renegociación por dejar fuera reivindicaciones contempladas en el primer acuerdo. «Cuestiones relacionadas con la reforma agraria, la política cocalera, y la legislación especial de paz se echaron atrás, Santos aprovechó para decir que no tenía la fuerza suficiente, y hubo un retroceso», dijo a Tiempo Rodrigo Rojas, de la organización Pax Colombia Sí.
A su vez, el estiramiento del conflicto sigue postergando el presupuesto destinado a fines sociales y educativos. Rojas sostiene que entre «el 10 y el 12% del PIB está destinado a la guerra, incluso no hubo reducción en el presupuesto militar del próximo año».
Laura Capote, integrante de Marcha Patriótica, una agrupación por la Paz, señaló que el movimiento social tiene como desafíos «ser los protagonistas de la vida política de 2017, que sea el movimiento social quien dispute el modelo de paz y que sea con trasformaciones sociales para el país en áreas de la educación, la salud, la vivienda, los derechos de los trabajadores». En tanto, las organizaciones de Derechos Humanos cifran entre 90 y 116 los asesinados durante 2016 por las fuerzas paramilitares. «El reto más complejo es luchar contra el paramilitarismo, visibilizar y denunciar que las organizaciones paramilitares siguen estando vigentes y avaladas por el Estado», dijo Capote. «
