La idea no es nueva. En febrero de 2017 el Ejecutivo tenía los borradores de los decretos para implementar un blanqueo laboral y un nuevo régimen de pasantías.
En aquel entonces, igual que ahora, la relación con la CGT era tensa. En aquel entonces, como ahora, la paritarias estaban a la vuelta de la esquina. Sin embargo, tras un año y sin consenso para avanzar en el Congreso con la reforma laboral, la posibilidad de recurrir a un decreto para avanzar contra la legislación laboral parece más cercana.
Según anticipó Ambito.com, el gobierno reducirá las multas previstas para las empresas con trabajadores no registrados.
La modificación en el régimen de sanciones para los empleadores que no cumplan con ley sería parte del DNU en que se modificará la estructura del Estado. La decreto contemplaría algunos de los puntos de la reforma laboral que está paralizada en el Congreso y no cuenta con el apoyo unánime de la CGT.
El texto buscaría modificar la Ley 26.940 que creó el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). La normativa establecerá una reducción de las multas y de los plazos de permanencia de las compañías en las que fueran detectadas las irregularidades.
En la misma sintonía con la que se planteó el blanqueo laboral, esta modificación intenta facilitarles a las empresas una vuelta a la normalidad lo antes posible una vez saldada su deuda de aportes y contribuciones por haber mantenido personal no registrado.
