Los temas abordados en el discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa son varios, y pueden analizarse desde distintos enfoques, imposibles de tratar en esta columna.

Entre tantos temas, Javier Milei expresó que el ajuste fue realizado mayormente sobre el sector público nacional, una falsedad que es bien expresada en el comunicado de diputadas y diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP): “Producto de la motosierra y la licuadora, que viene llevando adelante como plan económico, cada vez son más los compatriotas que están siendo perjudicados por el brutal ajuste, generando zozobra y graves complicaciones en la vida diaria”.

El comunicado de UxP también sostiene: “Durante más de una hora, Milei no planteó una sola iniciativa que auxilie las realidades económicas de las provincias. No transmitió ni un solo plan para mejorar los salarios y el poder adquisitivo de las/los trabajadores”. El presidente tampoco planteó medidas para mejorar la situación de la vivienda, de los jóvenes, y en el caso de los jubilados propuso “una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporten y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación”; una modificación que ya vivimos en los noventa y conocemos lo mal que funcionó.

No se puede desvincular el discurso presidencial de su reciente exposición en EE UU, en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), disertación similar a la que realizó en Davos, pero en este último acentuó sus elogios a la concentración económica, en especial a los monopolios (existencia de una sola empresa vendedora en el mercado). Al hablar de la evolución mundial desde los inicios del 1800, se preguntó: “¿Por qué la teoría neoclásica dice que los monopolios son malos, si nos trajo tanto bienestar y tanta caída en la pobreza?”. La glorificación del monopolio es clara. Si bien en los círculos de intelectuales como los que se reúnen en la CPAC es habitual encontrar exaltaciones a la concentración empresarial y a los grandes conglomerados económicos mundiales, es difícil que incluyan en este juicio a los monopolios.

Este enfoque resulta muy útil para entender, por ejemplo, qué es lo que verdaderamente quiso decir cuando el viernes pasado expresó: “Se necesita más capitalismo y más libertad”. Quiso decir más capitalismo concentrado, más grandes empresas, y más libertad para ellas. En verdad, se comunica como la libertad para todas y todos, pero eso no coincide con sus exposiciones en los foros mundiales, donde resalta la importancia de la concentración económica. Es decir, una igualdad entre desiguales, nada más alejado de la “libertad” proclamada. Por ello, el viernes exhibió como un gran logro de su gestión el derogar la ley de alquileres con el DNU 70/23, y comentó que el precio de los alquileres bajó en términos reales, una afirmación que no puede verificarse en la realidad. ¿Acaso hay libertad de decisión para la familia que está pendiente de un lugar donde vivir?

El presidente convocó “tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos, a la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo. que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino” y agregó: “para mostrar el compromiso del gobierno de avanzar en esta dirección, he instruido al Jefe de Gabinete, al ministro de Economía y al ministro del Interior a que, como primer paso antes de firmar el Pacto de Mayo, convoquen a los gobernadores de todas las provincias argentinas a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo y sancionar tanto la Ley Bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias”. Pero esa idea de contrato social terminó siendo desdibujada cuando comentó que “sancionadas ambas leyes, como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común basado en estos 10 principios”. Es decir, primero sancionan lo que nosotros proponemos, y luego nos ponemos a discutir los 10 puntos que también nosotros proponemos. Un verdadero chantaje que dificulta la esencia dialoguista que se intenta mostrar con esta convocatoria. Porque, si el Legislativo realizara cambios al nuevo proyecto de Ley Bases (conocida como Ley Ómnibus) ¿lo retirarán nuevamente, echando por tierra los acuerdos parlamentarios alcanzados?

Por otra parte, la realidad manda. El ajuste que viene efectuando el Gobierno nacional no da respiro. Se decidió desfinanciar al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Una vez más, la poda en el gasto apunta a los más vulnerables. El FISU, creado en 2019, se destinaba a proyectos para proveer de servicios básicos a los barrios populares, como agua potable y cloacas, entre otros. Además, el fondo se aplicaba al financiamiento de refacciones, mejoras o ampliaciones de las viviendas de esos barrios. En definitiva, buscaba mejorar las condiciones de vida en este sector de la sociedad.

Este fondo se financiaba con el 9% del impuesto PAIS que se recauda mensualmente, a lo que se agrega un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Adicionalmente, también se financió con el 15% de la recaudación del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. El gobierno de Javier Milei decidió, por decreto, recortar drásticamente el financiamiento del FISU al 0,3% del total ingresado por el impuesto PAIS. En los hechos, esta medida implica prácticamente eliminarlo.

Otra novedad de la semana, que también va de la mano con las políticas de ajuste, tuvo que ver con otro decreto del Ejecutivo, el cual, en un contexto de alta inflación, redujo a casi la mitad los topes de ingresos de aquellos trabajadores/as en relación de dependencia que reciben asignaciones familiares.

El límite de ingresos individuales pasó de casi 2 millones de pesos a poco más de 1 millón, lo cual, se estima, deja fuera de la prestación, como mínimo, a 1 millón de beneficiarias/os, quienes tampoco cobrarán el apoyo escolar anual que hace unos días se elevó un 311%, alcanzando los $70.000.

Además, se conoció la resolución del Ministerio de Capital Humano, de “revisar y auditar la creación de cinco universidades nacionales”, que fueron creadas por ley. Una vez más, una decisión que va en contra de lo dispuesto por el Congreso de la Nación. Una medida que no resulta llamativa, dada la nula prioridad que tiene la educación pública para el gobierno libertario. De hecho, en el mes de enero las transferencias a universidades por parte del Tesoro Nacional cayeron un 39% en términos reales respecto al promedio mensual de 2023, recorte que, según informes del ámbito universitario, continuó en febrero.

Creo conveniente finalizar este escrito con una contundente frase del comunicado de UxP: “Por mandato constitucional y convicción política, el bloque de Unión por la Patria no cesará en su esfuerzo para construir una Argentina con más oportunidades, más y mejor trabajo, salud, educación y mayor Justicia Social. Junto con los sectores organizados y las instituciones de la democracia tenemos el deber de defender los intereses soberanos de las provincias y nuestra Patria en su conjunto”.