El último día hábil de 2017, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, decidió poner fin a 52 contratos que formaban parte de las «transformaciones transitorias de cargos de Magistrados de la Procuración». El engorro de palabras disimula que empezó el recorte en el Ministerio Público Fiscal.
Entre esos contratos que no fueron renovados a partir del 1° de enero figuran los ocho secretarios de fiscalías laborales de primera instancia. El fuero del Trabajo está desbordado: lo que el gobierno nacional denomina «industria del juicio» es, en realidad, el reflejo de la alta conflictividad laboral, acrecentada en los últimos años. En septiembre de 2016, la exprocuradora Alejandra Gils Carbó resolvió promover como fiscales laborales de primera instancia (una figura que no existía anteriormente) a funcionarios que, en su mayoría, tenían antigüedad de entre 23 y 38 años. Poco más de un año después, esos cargos ya no existen.
Parece clara la consigna: no dejar piedra sobre piedra de la gestión de Gils Carbó. La exprocuradora cesó en el cargo el 31 de diciembre pasado y su salida formal del Ministerio Público Fiscal pasó inadvertida. En los hechos, desde los últimos meses de 2017 el procurador es Casal y, según señalan voceros del gobierno en materia judicial, «no hay apuro en proponer a un nuevo procurador».
Casal tiene un perfil bajo, es un técnico y sus primeras medidas de gestión agradaron al gobierno. De hecho, si bien la reforma de la Ley de Ministerio Público está incluida en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, su tratamiento no parece prioritario.
Entre las decisiones que agradaron al gobierno figuran las remociones de dos fiscales especiales designados por Gils Carbó: Félix Crous, quien fue removido de la procuración especial contra la violencia institucional Procuvin, y Cristina Caamaño, apartada de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Se trata de dos áreas clave de un modelo de Ministerio Público Fiscal que parece haber pasado al olvido.
Crous volvió a las causas por violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura. Cuando ocurrió la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, la Procuvin tuvo un rol activo en la investigación hasta que la fiscal Silvina Ávila decidió prescindir de sus aportes. Su nuevo titular, Héctor Andrés Heim, se tropezó a poco de asumir la función con un caso tremendo: un ciudadano peruano que se dirigía a su trabajo en la zona de Puerto Madero cuando sesionaba allí la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) fue interceptado por dos prefectos. Según la denuncia, sufrió una agresión de una violencia y una crueldad insólitas. La causa tramita ante un juzgado penal de instrucción que delegó la investigación en una fiscalía.
A Caamaño le propusieron renunciar o removerla por resolución de la Procuración. Dimitió y volvió a su fiscalía de instrucción, desde la cual cobró notoriedad gracias a la investigación que permitió descubrir a los asesinos del militante del PO Mariano Ferreyra, en 2010. También fue removido de su cargo en la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) y de su trabajo en la UFI AMIA Santiago Eyherabide. En su caso, lo enviaron a la fiscalía federal de Azul, su cargo originario. Adriana García Netto, quien se desempeñaba como procuradora adjunta y virtual par de Casal, volvió a una fiscalía ante los tribunales orales. Ello acarreará que Mónica Cuñarro cese ante el tribunal oral N° 1 y vuelva a la fiscalía de instrucción.
En ese proceso, desaparece de la Procuración el rol protagónico de la agrupación Justicia Legítima. La salida de Gils Carbó, sumada a la renuncia (probablemente en marzo, para jubilarse) de la camarista María Laura Garrigós de Rébori, muestran que el ala más conservadora del Poder Judicial vuelve a imponerse.
Fuentes gremiales dijeron a Tiempo que una veintena de contratados que no eran personal de planta permanente se quedó sin trabajo porque no les fueron renovados los acuerdos.
Sin embargo, el recorte parece selectivo: entre los contratos que no fueron renovados está el de una joven ciega que trabaja en una fiscalía federal de Córdoba. Ingresó en el marco del programa «Acceso Igualitario», fue capacitada ella y sus compañeros, y se adaptó la oficina a su dolencia. Su contrato ya no existe.
Pero en la fiscalía federal a cargo de Eduardo Taiano fue promovido un funcionario a un cargo superior y rápidamente Casal designó a otro, «con relación de dependencia en una plaza equiparable a secretario de fiscalía» a su reemplazante.
A poco de asumir, Casal se reunió con representantes de los trabajadores quienes les plantearon, entre otros temas, la preocupación por la continuidad laboral y el mantenimiento de algunos programas inaugurados por Gils Carbó. El planteo apuntó en especial el sistema ATAJO, que busca «facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad», y consiste básicamente en instalar puntos de atención «en las principales villas de emergencia de la Ciudad para recibir y derivar denuncias, brindar acceso a información judicial, facilitar la resolución de conflictos, generar mecanismos de prevención de delitos y acciones de promoción de derechos». Por ahora, allí no hay recortes. «
