A más de diez meses del ataque de la patota encabezada por Mariano Martinez Rojas a la redacción de Tiempo Argentino, los trabajadores siguen esperando que un juzgado federal se haga cargo de avanzar en la investigación.
Como los magistrados se pasaban el expediente, a fines del año pasado la causa recayó en la Corte Suprema para definir su competencia. Esta semana la Procuración General de la Nación dictaminó que sea el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 8, a cargo de Marcelo Martinez de Giorgi, quien avance. Ahora los periodistas atacados esperan que la Corte resuelva para poder avanzar, de una vez, y que haya justicia por lo sucedido.
En primer término creo oportuno señalar que la profusión de resoluciones en torno al tema de la competencia habría actuado en desmedro del principio de economía procesal y del buen servicio de justicia, explica el fiscal Eduardo Ezequiel Casal, para quien hubo una errónea aplicación de los principios básicos establecidos por la corte. Se refería entonces al camino que hizo que la causa naufragara hasta la actualidad.
Contextualizando, la misma madrugada del 4 de julio de 2016, cuando la redacción de Tiempo fue atacada, el primer juzgado en intervenir fue el Penal, Contravencional y de Faltas nº 28 de la ciudad. Entonces la fiscalía porteña pretendía encuadrar el ataque como una mera usurpación, desconociendo la real naturaleza de lo sucedido. Los trabajadores representados por María del Carmen Verdú, referente de la CORREPI, se constituyeron como querellantes y plantearon ante la jueza María Julia Correa que ese enfoque no tenía en cuenta los daños, las amenazas, la interrupción de las comunicaciones y el atentado contra la Libertad de Expresión, delitos federales que estaban más que probados. La jueza Correa convalidó el planteo y giró la causa a la Cámara Federal, que sorteó el expediente y cayó precisamente en el Juzgado Federal 8.
Martinez de Giorgi admitió la naturaleza federal de las conductas investigadas, tal como precisa Casal en su dictamen, pero volvió a girar la causa al juzgado número 3 a cargo de Daniel Rafecas por considerar que la causa estaba conectada con la intrusión a la planta transmisora de Radio América, que el magistrado estaba investigando. Rafecas, sin embargo, no quiso tomar la causa considerando que no estaba probada la conexidad. Devolvió la causa al juzgado porteño inicial dos veces y, por tanto, habilitó el conflicto de competencia.
Casal entonces determinó que se encuentra fuera de discusión la competencia federal de los delitos y, en función de eso, hizo hincapié en que el primer juzgado que recibió la causa debió avanzar, porque no corresponde promover cuestiones insustanciales ( ) a fin de no provocar un daño a la buena administración de justicia.
Por tanto, concluyó Casal, corresponde al titulr del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 8 continuar conociendo en estas actuaciones sin perjuicio de que, si así lo considera, oportunamente plantee la cuestión de conexidad con su par del juzgado federal nº 3. Ahora llega el turno de que la Corte determine si concuerda con el dictamen de la Procuración o no. Los trabajadores de la Cooperativa Por Más Tiempo, en tanto, esperan que esto ocurra antes del 4 de julio, para no tener que conmemorar junto al aniversario del ataque, un triste cumpleaños de impunidad.
