El tan resistido Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que impulsa el gobierno nacional en la Ley Bases ya tiene la primera provincia adherente en la región patagónica. Se trata de Río Negro, cuyos legisladores votaron el viernes formalmente la aceptación de esta nueva herramienta destinada a atraer inversiones superiores a USD 200 millones con incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios.

En el caso de la provincia que gobierna el partido Juntos Somos Río Negro, encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, el interés central está puesto en el proyecto de GNL. Si bien desde el inicio de su mandato Weretilneck se mostró crítico de las medidas del presidente Javier Milei, en el último tiempo comenzó a transparentar un alineamiento más cercano al gobierno nacional.

De hecho, el debate legislativo estuvo influenciado por el reciente anuncio de YPF sobre la exportación de gas natural licuado (GNL) en sociedad con la petrolera malaya Petronas a partir de 2026. Este megaproyecto plantea una puja millonaria –inversión cercana a 30 mil millones de dólares y miles de puestos de trabajo– con la provincia de Buenos Aires, donde legisladores aliados al gobierno libertario presionan al gobernador Axel Kicillof para que adhiera al régimen especial como condición para que la planta se instale en el Puerto de Bahía Blanca.

Incluso el intendente peronista de esa localidad bonaerense, Federico Susbielles se refirió a la situación en su cuenta de X donde posteó: «Hace muchos años trabajamos junto al gobernador Axel Kicillof para mejorar las condiciones productivas y la realidad de Bahía Blanca, sus vecinos y los vecinos del sudoeste bonaerense. Es por esto que confío plenamente en que, si la locación elegida es Bahía Blanca, la provincia encontrará los caminos adecuados para que este proyecto colabore en la mejora de la vida de nuestra comunidad y la transformación de la matriz energética de la ciudad y la provincia».

Kicillof fue uno de los cinco mandatarios provinciales que se negó a firmar el Pacto de Mayo en Tucumán, y se constituyó en un duro crítico del RIGI durante el debate en el Congreso Nacional, al punto que los legisladores de la provincia de Buenos Aires votaron de manera unánime el rechazo al cuestionado régimen de incentivo de inversiones.

Y es que YPF le envió una carta a Kicillof y Weretilneck para preguntarles si van a firmar el RIGI y consultarlos por otras facilidades y garantías económicas y ambientales para definir el lugar. La carta fija como plazo para responder este lunes 15 de julio.

La opción en la Patagonia implica la construcción de una terminal marítima en Punta Colorada, cerca de Sierra Grande. Ni lento ni perezoso, Weretilneck envió la iniciativa a la legislatura provincial que contó con 35 votos positivos y 10 en contra por parte del espacio peronista que replicó la posición de los senadores y diputados de Unión por la Patria en el momento del tratamiento de la ley de bases en el Congreso.

Mientras los adherentes sostienen que aplicar el régimen en la provincia es “es una oportunidad histórica que traerá más inversiones, opositores rionegrinos manifestaron a Tiempo que la medida promueve “la venta del patrimonio nacional e impulsa la entrega de la soberanía”.

En tanto, Weretilneck celebró a través de su cuenta de X la aprobación del proyecto, y también agradeció a los legisladores que acompañaron con su voto. Señaló que se trata de un antes y un después en la historia de la provincia, y agregó: «Es la oportunidad histórica que tenemos de salir adelante después de tantos años de frustraciones y estancamiento».

Hay otras provincias del sur, que ya piensan en sumarse a Río Negro. Es el caso de Santa Cruz, cuya secretaria de Minería, Nadia Ricci aseguró en declaraciones al portal web La Tecla Patagónica que el RIGI “es una herramienta que estaban esperando las empresas, era el guiño que estaban aguardando a nivel internacional”.

En ese sentido, comentó :“Venimos con una clara desinversión en exploración, que lleva bastantes años y que, a mi criterio, tiene que ver justamente con la falta de estabilidad jurídica, las condiciones macroeconómicas, la imposibilidad de disponer de divisas, las diferencias de tipo de cambio para importación-exportación y las retenciones a las exportaciones”, explicó Ricci y detalló: “En el caso particular de Santa Cruz, no se tuvo una política minera clara frente a la competencia que tenemos en relación al cobre y al litio”.  «