La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó la semana pasada-ante la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo y a ambas cámaras legislativas- su Informe Anual correspondiente a 2023. El mismo se titula, “La situación de los Derechos Humanos en las cárceles federales de la Argentina”, en el trabajo se registró la coyuntura actual del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Presentaron el informe anual “sobre la situación de los Derechos Humanos en las cárceles federales de la argentina”, contó Ariel Cejas Meliare, abogado y procurador adjunto interino de la PPN, a Tiempo. Continuó señalando que lo hicieron “dando cumplimento a lo que estipula el artículo 25 de la Ley 25.875”.
Hace más de treinta años “nosotros ponemos en conocimiento sobre el trabajo que hacemos al Poder Legislativo”, remarcó el procurador adjunto interino. También ahondó en que “venimos estudiando las problemáticas que condicionan la vigencia de los Derechos Humanos en las cárceles federales y otros lugares de detención donde se encuentran personas privadas de libertad”.
Recepción de la denuncia
Como lo hacen habitualmente, durante 2023, “nuestros equipos realizaron 1.184 visitas a los establecimientos penitenciarios federales, de las cuales 649 fueron están ubicados en zona metropolitana y 535 en el interior del país”, detalló Cejas Meliare.
El procurador adjunto interino dijo que “durante ese periodo recibimos 15.241 reclamos; 6.153 a través del Centro de Denuncias que tenemos y 8.389 fueron presenciales durante los monitoreos que realizamos desde nuestro organismo”, enumeró.
Aclaró que la mayoría de los reclamos y denuncias, “son por falta de acceso al sistema de salud, también deficiencias en la atención médica que es esporádica y prácticamente nula, negación al trabajo y otras actividades, pésimas condiciones materiales de encierro, falta de acceso a la justicia, reclamos por traslados arbitrarios y cambios de alojamiento bruscos”.
Sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles
Se trata de un relevamiento que acumula y destaca la información “contenida sobre la situación en comisarías, alcaidías y otros centros transitorios de detención”, valoró el procurador adjunto interino. El trabajo muestra cómo las distintas fuerzas de seguridad “tienen que enfrentar una realidad de acumulación exorbitante, porque cada vez son más las personas detenidas alojadas en sus dependencias que, además, no están preparadas para detenciones prolongadas”, agregó.
En cuanto a la Policía de la Ciudad, el letrado aseguró que es la fuerza de seguridad “con mayores niveles de sobrepoblación y hacinamiento, otras dependencias policiales también han tenido que atravesar estas problemáticas”.
Siguió relatando que -en el Informe- se presentan distintas intervenciones judiciales “que hicimos desde nuestro organismo a través de diferentes acciones que responden la situación de la superpoblación, las condiciones materiales de detención y habitabilidad, el acceso a trabajo, educación y la reinserción luego del egreso de los detenidos de las dependencias carcelarias, comisarías y alcaidías”.
Con el trabajo que realizan en forma ininterrumpida desde hace más de tres décadas “nosotros reafirmamos nuestro compromiso y lucha en defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad a lo largo y ancho del país”, finalizó.
Podes leer el Informe Anual completo en este link.
