El mensaje que el presidente Mauricio Macri le bajó a fines del año pasado a Horacio Rodríguez Larreta fue claro: «En 2017 espero un comportamiento distinto del Gobierno de la Ciudad en términos de poner algún límite». El alto mandatario se refería a los piquetes que en diciembre habían ganado las calles porteñas, pero la idea se extendía también para las grandes movilizaciones. El sueño macrista de la Policía de la Ciudad ya era una realidad y con ella se acababan las excusas para no reprimir.
Primero hay que diferenciar los piquetes de las manifestaciones. Hay que respetar el derecho a manifestarse, aclaraba por esos días el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien llegó a aventurar sus intenciones: Asumimos ese compromiso. Nos guste o no, la gente tiene derecho a manifestarse y son temas que vamos a abordar.
Sin embargo, con el pasar de los meses y al mismo ritmo que se pronunciaron los problemas sociales y económicos ese derecho de poder manifestarse en los espacios públicos quedó cada vez más lejos. En abril, Tiempo Argentino señaló que la creación de la Policía de la Ciudad, tras la fusión de 19.300 agentes de la Federal y unos 6.000 de la Metropolitana, vino a desalentar las movilizaciones mostrando la peor cara de una fuerza de seguridad: la represión.
En febrero, el gobierno de Larreta convocó a una licitación pública por 127 millones de pesos para alistar a un ejército de 1600 agentes para combatir manifestaciones. En los pliegos se contemplaba la compra de 1600 cascos, máscaras antigases, escudos antidisturbios y protectores de poliamida para todo el cuerpo (hombros, espalda, clavícula, brazos, antebrazos, codos, muslos, rodillas, tibias, empeines y tobillos). Además, se planteó la adquisición de 2900 filtros antigases contra polvos, gases, bacterias, virus, gases lacrimógenos y agentes químicos, biológicos y radiológicos.
El punto que más inquietó a los organismos de Derechos Humanos y a algunos legisladores opositores fue la inclusión de unas 100 carabinas y 200 lanzadores calibre 68 considerados como less lethal weapons», es decir, armamento «menos letal» que se cargan con postas de pintura, goma y gas pimienta. Formalmente, pidieron informes al gobierno porteño ya que se detallaba que las armas servían para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos.
El Observatorio de los Derechos Humanos de la Ciudad había solicitado explicaciones puntuales sobre el uso específico para el cual estarían destinadas estas armas; qué grupo dentro de la Policía de la Ciudad las utilizaría; y cuál es el plan de actuaciones al que estaría sujeta la compra de estas armas.
No resulta conveniente informar sobre cuestiones relativas al uso específico de armas para operaciones especiales y el grupo de fuerza en los cuales se utilizaran dichos elementos, ya que este tipo de información sensible podría frustrar el accionar del personal policial, dictaminó a mediados de abril el Secretario de Seguridad, Marcelo D´Alessandro, hoy a cargo de la Policía de la Ciudad tras las escandalosas salidas de los comisarios José Pedro Potocar y Guillermo Calviño, acusados de encabezar una millonaria red de recaudación ilegal.
Aunque el gobierno negó los datos, las razones de la compra del cuestionado equipamiento (cuyo negocio finalmente quedó en manos de siete empresas por un monto de 116 millones de pesos) quedaron a la vista en varias movilizaciones masivas adversas a los intereses del macrismo.
Los 31 detenidos que hubo en la represión del viernes, mientras se desconcentraba la multitudinaria marcha por Santiago Maldonado, no son un episodio aislado. La mayoría de los apresados, que permanecieron casi dos días incomunicados, nada tuvieron que ver con los disturbios. Incluso, algunos ni siquiera habían asistido a la movilización. Semejante despliegue, sin dar con los supuestos autores de los desmanes, deja en evidencia que tanto los agentes de civil como los uniformados -que debieron estar identificados y no lo estaban- sólo buscaron generar temor hacia los manifestantes y la posibilidad de pensar diferente.
El 28 de junio, en plena avenida 9 de Julio, ocurrió una cacería similar. Carros hidrantes y agentes armados con postas de goma y gases lacrimógenos avanzaron y amedrentaron a un numeroso grupo de cooperativas que se disponía a desalojar de manera pacífica un corte de calle, luego de haber alcanzado un principio de acuerdo en el Ministerio de Desarrollo Social.
El asalto policial a los docentes que montaban la Escuela Itinerante en la Plaza de los Dos Congresos el 9 de abril pasado; o la brutal emboscada del 8 de marzo contra el colectivo Ni Una Menos, son cabales demostraciones, a esta altura de los acontecimientos, de para qué fue creada la Policía de la Ciudad. Capítulo aparte se merece la ostentación de poder y autoridad que la flamante fuerza lleva adelante de manera cotidiana contra las minorías y los sectores más vulnerables.
La existencia de cierta interna que sobrevoló durante todo el año pasado entre el gobierno nacional y el porteño porque este último se negaba a reprimir la protesta social parece haber quedado superada. A la distancia, vale decir que sólo buscaba prepararse para tal fin.
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