La pobreza multidimensional aumentó casi un 5% en el último año, según un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), que reveló que pasó del 26,6 al 31,3 por ciento de la población entre 2017 y 2018, “en un contexto en el que se redujo la cantidad de hogares sin acceso a cloacas, bajo contaminación o con vivienda precaria”.

La pobreza multidimensional urbana aumentó, según lo refleja el nuevo informe «Enfoque de Pobreza Multidimensional basado en derechos» elaborado por el Observatorio de la Deuda Social. «La pobreza multidimensional experimentó un fuerte crecimiento por el crecimiento de la pobreza por ingresos por caída del salario, pérdida de empleo y mayor precarización laboral, en el actual contexto inflacionario y de estancamiento», aseguró el director de investigación del Observatorio, Agustín Salvia.

Los pobres multidimensionales son aquellos que se encuentran bajo la línea de pobreza porque no cubren la Canasta Básica Total (CBT) y además carecen de acceso a al menos alguno de los derechos socioeconómicos, como alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, medioambiente, educación, empleo y seguridad social, y las relaciona con ingresos.

La población urbana es de unos 40,5 millones. Según la UCA, en 2017 había unos 10.773.000 pobres multidimensionales urbanos (26,6% de la población), pero el año pasado esa cifra creció hasta alcanzar los 12.676.500 (31.3%), unos 1.903.500 nuevos pobres.

Según el informe, el aumento de la pobreza multidimensional fue mayor entre los obreros integrados mientras que no impactó en los medios profesionales.

«Esa polarización marca una profundización de la desigualdad social», apuntó Salvia.

Entre 2017 y 2018 también aumentó la pobreza multidimensional estructural urbana, es decir, aquellas personas cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la CBT pero además tienen tres o más carencias sociales: este indicador pasó de 16,7 a 18,6%.

«Sin considerar el aspecto monetario, cuando uno analiza la afectación de derechos económicos y sociales, en promedio no hay variaciones significativas y más bien tiende a la baja», dijo.

Así, el número de viviendas sin servicios básicos bajó de 32,8 en 2017 a 30,2 en 2018, acumulando un descenso de 5 puntos porcentuales desde 2015.
Esta mejora se explica por un mayor extensión de la red de cloacas: mientras hace dos años el 31,8 % de los hogares no tenía desagüe, el año pasado eran el 29.1%.

Siempre según el informe de la UCA, en el último año además disminuyó el porcentaje de viviendas que sufren problemas medioambientales, que evolucionó del 21,1 al 19%, con un descenso de cuatro puntos porcentuales en los últimos tres años. También bajó la falta de acceso a una vivienda, a raíz de una reducción en el número de hogares que no disponen de un baño con descarga, que pasó de 10 a 8,6%. «Esto se debe al esfuerzo del hogar pero es posible que los sistemas crediticios hipotecarios lo hayan facilitado», indicó el informe.

Por otro lado, en el mismo lapso aumentó levemente el porcentaje de hogares con dificultades alimentarias o de atención sanitaria -del 21,6 al 22,8%-, y con desempleo o empleo en negro -del 29,2 al 32,2%-.

Además, dos de los componentes de «carencias en alimentación y salud» registraron la mayor incidencia desde 2010: el 17,5% de los hogares no accedió a atención médica en 2018 y el 17,3% no pudo obtener los medicamentos que necesitaba.