El gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich avanzó un paso más en su escalada antidemocrática y persecutoria. A días del paro general envió a decenas de organizaciones, entre ellas el SiPreBA, cartas documentos que exigen el pago de $ 40.419.227,56 por gastos del operativo de seguridad en la movilización del 27 de diciembre a Tribunales. Ese día, la ministra montó un show para las cámaras de TV, en un operativo totalmente desproporcionado, que generó un caos de tránsito y que terminó con ataques a la prensa, cuando la movilización a Plaza Lavalle prácticamente no cortaba calles.

El objetivo de Bullrich es amedrentar, pero la respuesta será contundente: el 24 vamos a ser millones frente al Congreso. Si bien este hecho de criminalización de la protesta es grave, y viola un derecho constitucional como el de la protesta, el gobierno pretende correr el eje de la discusión para generar en los sindicatos un enemigo con el cual polarizar en lugar de preocuparse por los problemas reales que tiene la sociedad.

Por eso debemos volver a discutir el ajuste, la devaluación, la aceleración de la inflación, el DNU y la ley ómnibus, que de conjunto expresan una política de entrega de la soberanía y de transferencia de recursos de quienes menos tienen a los sectores concentrados de la economía, los mismos de siempre que se enriquecen con las crisis. En pocos meses tendremos índices de pobreza nunca vistos en la historia de nuestro país. Por eso es urgente frenarlo.

Esta semana, en SiPreBA se lanzó la Multisectorial de CABA “La Patria No se Vende”, donde participaron sindicatos de CGT y CTA, inquilinos, pymes, comerciantes, representantes de universidades, jubilados, entre muchos otros sectores atacados por el DNU y la ley Ómnibus. Desde allí, impulsaremos actividades para dialogar con vecinos y vecinas y convocar al paro general, a la movilización y a nuevas acciones.

Además, junto a Fatpren presentamos un recurso de amparo para sostener el carácter público de Télam, Radio Nacional y la TV Pública, y frenar el intento de privatización. Los medios públicos son soberanía y cumplen un rol fundamental para la democracia, no tienen un fin lucrativo o comercial. En 2023 representaron el 0,9% del PBI pero no es una discusión económica: hay que defender su rol social, garantizar la libertad de expresión, la pluralidad de voces y que los temas de interés público lleguen de manera gratuita a todos los habitantes de nuestra patria, como el Mundial de Fútbol de Qatar o los festivales populares.

Pero sabemos que este ataque es general y que no lo podemos enfrentar de manera segmentada. Hoy más que nunca, nadie se salva sólo. Hay que frenar de conjunto el DNU y la ley Ómnibus. Por eso reivindicamos el rol que rápidamente adoptó la CGT, junto con las CTA y la UTEP, para encabezar la lucha de manera unitaria y activa. El paro del 24 será un primer hito en la lucha por la defensa de todos los derechos, la soberanía y la patria, y no hay multa ni amedrentamiento que pueda frenar uno de los hechos más democráticos de nuestra sociedad: millones de ciudadanos manifestándose pacíficamente en las calles. «