Axel Kicillof enfrenta un fin de año complejo: las presiones propias y opositoras terminaron modificando sus planes de contar con el Presupuesto y la Ley Fiscal antes de Navidad y necesita conseguir los votos antes de que termine el año. A esto se suma el pedido de la Justicia y de la expresidenta Cristina Kirchner para que defina lo antes posible qué hará con las elecciones, pero el gobernador no moverá ninguna ficha por ahora.

«Tienen que salir sí o sí antes de que termine el año». La advertencia de Kicillof llegó apenas horas después de que la doble sesión del jueves en la Legislatura fracasara. A las clásicas demandas opositoras por más fondos y cambios en el esquema impositivo, se le sumó la presión de los intendentes alineados con La Cámpora.

El paquete de pedidos era amplio: desde el fondo de libre disponibilidad por más de 400 mil millones (este año fue de 125 mil millones) y otro fondo exclusivo para seguridad por 200 mil millones, hasta una compensación para las comunas que tienen vinculación con los puertos, un pedido motorizado por Lanús y Quilmes, en conflicto político con Avellaneda por el puerto de Dock Sud. También estaban en el menú los cambios a la ley que limita las reelecciones y un mensaje directo para Kicillof: «Debe ser una definición del Gobernador», explicitó la intendenta quilmeña, Mayra Mendoza.

La oposición, por su parte, buscaba reescribir artículos clave de la Fiscal Impositiva pero además ponía como condición separar la autorización de endeudamiento por 1,1 billones -que requiere dos tercios- del proyecto de Presupuesto y votarlo más adelante. Esto fue rechazado de plano por el Ejecutivo que insistió en votar el «paquete completo».

Ahora, Kicillof debe retomar la negociación con las distintas terminales y fiestas navideñas por medio. «Es la prioridad. Necesitamos tener presupuesto y ley fiscal», repiten en Gobernación.

El objetivo es también político: lanzado a la construcción de un gran frente que confronte al modelo libertario, Kicillof necesita diferenciarse de Javier Milei, que apunta a gobernar otra vez discrecionalmente, sin Presupuesto.

Más allá de esto, la urgencia está relacionada con la autorización del endeudamiento por los vencimientos de deuda y con la norma impositiva que determina la actualización de impuestos que debería regir desde el 1° de enero en la provincia. Las dos cámaras de la Legislatura están llamadas a sesionar el próximo 27 de diciembre.

«Hay tiempo»

El capítulo electoral es el otro frente de conflicto que el gobernador está obligado a atender. Es él quien debe convocar a elecciones y definir de esta manera si desdobla o no, toda una definición en la estrategia electoral en medio de la pelea abierta en el peronismo. En su entorno repiten que «hay tiempo» y remarcan que esperarán a una definición nacional sobre la eliminación de las PASO, un tema que debe definir la gestión libertaria. Hay que recordar que Buenos Aires tiene su propia ley de PASO, la 14.086, que ata los comicios provinciales a los nacionales.

A la postura que fijaron tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa en torno a la conveniencia de ir a elecciones concurrentes, se le sumó en los últimos días la resolución del juez federal con competencia electoral en la Provincia, Alejo Ramos Padilla, quien alertó por la complejidad de las elecciones en Buenos Aires -tras el cambio a la Boleta Única de Papel en el Congreso- y la necesidad de definir cuanto antes cómo se votará.

«Es urgente que las autoridades políticas brinden, cuanto antes, las certezas que permitan avanzar con la organización de los comicios para no ponerlos en riesgo», advirtió en el informe en el que analizó los cuatro escenarios posibles con sus pro y sus contra: elecciones simultáneas, concurrentes, desdobladas y sin PASO.

El magistrado planteó como el más simple al de elecciones simultáneas, es decir votar el mismo día cargos nacionales y provinciales con Boleta Única de Papel. Kicillof debe adherir por decreto a la BUP sin necesidad de pasar por la Legislatura.

Por el contrario, advirtió que el desdoblamiento -votar cargos nacionales y provinciales en distintas fechas- podría representar un escenario «más complejo y costoso» porque la Junta Electoral Provincial debería hacerse cargo de todo el proceso. En la actualidad, la Junta Electoral Nacional asume esa responsabilidad que va desde la oficialización de las boletas hasta la capacitación del personal y el escrutinio. A esto se sumaría la complicación para el elector que debería concurrir más veces a sufragar. El costo ya fue evaluado por las autoridades provinciales y rondaría los cien mil millones de pesos.

En cuanto a la eliminación de las PASO, el juez consideró que las dificultades «se verían incrementadas» si la primera experiencia de uso de la BUP se lleva a cabo en una elección general y no en una primaria, «sin ensayo alguno» en comicios donde «se dirimen, concretamente, los cargos públicos en juego».

En la Gobernación remarcan que el informe de Padilla, con quien ya tuvieron varias reuniones, les da la razón en torno a la complejidad que introdujo el cambio en el sistema de votación. Pero se mantienen en la misma postura sobre la convocatoria. «Hasta que no esté claro qué pasa con las PASO no se va a tomar una decisión», subrayó un ministro de Kicillof a este diario y recordó que hay tiempo «hasta abril», acorde a los plazos que fija la ley electoral provincial que establece que debe hacerse con «no menos de 60 días de anticipación» a la fecha fijada para los comicios. En años anteriores, aunque las circunstancias políticas eran distintas, el llamado a elecciones fue realizado en ese mes.