Una vez más el Congreso buscará intervenir en la relación entre inquilinos y propietarios. Esta vez, el tema lo pone en la agenda la oposición de Juntos por el Cambio que convocó a una sesión especial para el 5 de abril con el fin de derogar la ley de alquileres vigente. El escenario muestra que los propietarios decidieron quitar sus inmuebles de la renta a la espera de nuevas reglas que regulen al sector y los inquilinos tienen cada vez menos oportunidades de conseguir precios accesibles.

Ante este panorama, en Diputados el presidente de la Cámara, Sergio Massa, comienza esta semana con la tarea de conformar una comisión que esté integrada por todas las fuerzas políticas, para discutir por el plazo de 90 días una nueva ley que no perjudique a propietarios, inquilinos e inmobiliarias. Para esto, Massa propone suspender la norma que no llega a cumplir dos años de vigencia. En cambio, en Juntos por el Cambio, proponen directamente su derogación.

Por ahora, JxC que tiene un bloque de 116 representantes necesita sumar 13 adhesiones para lograr el quórum y comenzar el debate en el recinto. El acompañamiento del Interbloque Federal, que cuenta con 8 bancas, será clave, pero si la iniciativa no pasa por comisión y logra un dictamen necesitará una mayoría de las dos terceras partes. Este jueves, habrá una ronda de consultas en el interbloque a representantes de todas las partes involucradas.

Fue el diputado del Frente de Todos (FdT) José Luis Gioja, quien el viernes presentó un proyecto para modificar la ley de alquileres, que propone que el precio inicial del alquiler de inmuebles destinados a vivienda tendrá un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual y un 10% en el caso de la renovación de los contratos.

El proyecto busca modificar la ley impulsada en 2019 por Cambiemos -sancionada en 2020- que estableció que los contratos de alquileres son de tres años -en lugar de dos años como en la ley anterior- y la actualización anual de los valores a través de un índice (ICL) que publica el Banco Central y que combina la evolución de la inflación y los salarios en partes iguales.

La iniciativa busca beneficiar a las personas registradas en el Régimen del Monotributo y plantea que, los que otorguen seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

De esta manera, no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a tomadores que fuesen empleados en relación de dependencia, según el texto.

Asimismo, propone que el Consejo Nacional de la Vivienda arbitre los mecanismos para diseñar y formular un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a la gestión pública de alquileres sociales.

Uno de los puntos que podrán ser cuestionados por la oposición es la propuesta de elaborar un proyecto de ley para gravar en provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles que podrían destinarse a la vivienda, y que se encuentran deshabitados.