Desde la oposición rechazaron la denuncia penal presentada por el gobierno contra once diputados.

«Al gobierno no le gustan las voces críticas y lo que intentan es que eso tenga un nivel de estigmatización y criminalización para evitar que la oposición se desarrolle en Argentina” dijo Agustín Rossi en una nota para Radio Cooperativa.

“El gobierno persigue a los dirigentes sociales y políticos opositores y la acción del poder judicial es uno de los estiletes decisivos para llevarlo adelante”, continúo y agregó, “hay extorsiones a gobernadores, aprietes a dirigentes gremiales que se oponen, carpetazos velados. Todo eso conforma una metodología que lleva adelante el gobierno y hace que no se pueda vivir en una democracia plena en Argentina”, afirmó.

La denuncia penal fue presentada el viernes por Guillermo Soares Gache, de la Subsecretaría de Articulación con los Poderes Judiciales y el Ministerio Público, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Recayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional 1 y acusa a 11 legisladores, entre ellos a Axel Kicillof, Daniel Filmus, Nicolás del Caño y Horacio Pietragalla, de los delitos de “atentado agravado de funcionario público, resistencia o desobediencia, y encubrimiento”.

Se los acusa de haber obstaculizado el accionar de la Gendarmería, apostada en las puertas del Congreso de la Nación, y de permitir el ingreso al edificio de manifestantes con el objetivo de impedir que sesionara la Cámara.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada nacional Myriam Bregman, definió la denuncia como “una persecución política brutal. No cometimos ninguno de los hechos que dice el gobierno”.

En ese sentido, Bregman recordó que “incluso (la diputada oficialista, Elisa) Carrió reconoció que estaban en minoría, es decir sin quórum, y pidió levantar la sesión. Además, no puede ser un delito plantear algo en una sesión del Congreso como pedir levantar la sesión”.

“El problema del país es la Justicia federal y la connivencia con el Gobierno de turno”, dijo Bregman al señalar que durante la semana “abogados muy cercanos al gobierno” presentaron cuatro denuncias por los mismos hechos.

A su vez, el bloque de senadores del FPV-PJ emitió un comunicado en repudio de la denuncia.

“Los senadores del bloque FPV-PJ expresamos nuestro rechazo al plan sistemático desplegado por el Poder Ejecutivo Nacional de continuar criminalizando la protesta social, judicializando la política y sometiendo a los más de 45 millones de argentinos y argentinas a vivir en un Estado sin derecho”, comienza el escrito.

“El Gobierno de Macri denuncia penalmente a 11 diputados nacionales de la oposición, utilizando acusaciones absolutamente mentirosas acerca de lo sucedido el pasado 14 de diciembre en oportunidad del debate de la Ley de Ajuste a los Jubilados, en una sesión en la que el oficialismo no consiguió el quórum”, continúa.

En sintonía con los diputados de ese partido, expresa, “este es un hecho inédito e inadmisible para la historia democrática de nuestro país y constituye, de por sí, uno de los atropellos institucionales más peligrosos que ha cometido el Gobierno de Mauricio Macri”.

El comunicado dice que además se cristaliza una realidad distinta a lo que el gobierno pretende señalar a través de su denuncia. “El Gobierno de Macri engaña para realizar su denuncia y para intentar tratar de ocultar la brutal represión desplegada bajo las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”.

A su vez también hace alusión a los hechos sucedidos a lo largo de todo el 14 de diciembre. 

“En aquélla jornada se vivió una represión de la cual no hay memoria desde el regreso de la democracia. Fueron más de 10 horas de represión que dejaron un saldo de más de 45 detenidos y 7 diputados nacionales heridos por el accionar de las fuerzas de seguridad.”

“Existe un registro audiovisual que resulta abrumador. Tanto medios de comunicación como ciudadanos de a pie pudieron registrar los acontecimientos (…) Es tan descabellado el atropello del Poder Ejecutivo Nacional, que la denuncia realizada involucra a diputados que ese día fueron agredidos físicamente por las fuerzas de seguridad que actuaron en abuso de su función”.

“Creíamos definitivamente desterradas de la política argentina, cuyo objetivo central es criminalizar a la protesta social y amedrentar a las voces que no se someten al diseño de oposición que pretende imponer el Gobierno.”

“Seguiremos cumpliendo el rol de oposición para el cual hemos sido elegidos a través del voto popular, rechazando toda acción represiva que pretenda cercenar voces, criminalizar la protesta social, judicializar la política y desacreditar a toda aquella oposición que no sea a la medida del Poder Ejecutivo, que no sea una oposición de a la medida de Olivos”.