El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, acusó al Gobierno de Argentina de amedrentar a jueces y fiscales, según un informe enviado al embajador argentino ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Carlos Foradori, y dado a conocer este lunes.

El relator acusó a la administración de Mauricio Macri de haber llevado a cabo un «plan sistemático y estructural» para amedrentar al Poder Judicial.

Asimismo, acusó al Gobierno argentino de haber «obstaculizado la posibilidad de una actuación imparcial (…) disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo».

«Teniendo en cuenta la información y alegaciones recibidas, quisiera expresar mi preocupación sobre las mismas», resumió García Sayán. En su informe, el relator repasó «presuntos actos de amenaza, intimidación y presión a magistrados y magistradas, fiscales y abogados y abogadas, incluyendo la manipulación del Consejo de la Magistratura», órgano que supervisa la labor de los jueces.

García Sayán también observó «la selección, designación, traslado y subrogación de jueces y juezas sin tener en cuenta las garantías establecidas en los estándares internacionales; la intimidación contra la Procuradora General y fiscales; los ataques contra jueces y juezas y fiscales cuyas actuaciones no responderían a los intereses del Poder Ejecutivo».

Además se organizaron «campañas mediáticas contra jueces y juezas, fiscales y abogados y abogadas; y los procesos de sustitución, suspensión y destitución de jueces y juezas sin respetar los requisitos establecidos en los estándares internacionales, entre otras actuaciones», advierte el informe.

Presiones judiciales

Uno de los casos alude a las supuestas interferencias que se habrían cometido desde el Gobierno, como la «manipulación de fiscales en la causa Correo Argentino», en alusión al desplazamiento del fiscal penal Juan Pedro Zoni y a los ataques contra la fiscal que interviene en el caso en el expediente comercial, Gabriela Boquin.

En este caso se investiga un acuerdo que aceptó en 2016 el Gobierno de Macri en representación del Estado para condonar una deuda de la estatal Correo Argentino que suponía «una quita velada de 98,82 por ciento» de la deuda por la que se perdonaba a la empresa Sociedades Macri (Socma) unos 70.000 millones de pesos (unos 4.400 millones de dólares al cambio de la época).

El representante de Naciones Unidas también hizo referencia a los ataques de los que habría sido víctima el juez federal Alejo Ramos Padilla, que investiga una supuesta red de espionaje ilegal en el Estado en el que estarían involucrados funcionarios públicos, jueces, fiscales y periodistas.

El relator asimismo mencionó la supuesta persecución que sufrió la exprocuradora general de la nación (exjefa de los fiscales) Alejandra Gils Carbó; aludió a «ataques a jueces y abogados del fuero laboral»; y consideró ilegales la «designación del juez Carlos Mahíques en la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, y la del juez Leopoldo Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones.

La denuncia también recuerda la designación por decreto presidencial que nombró a dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

El Consejo de la Magistratura habría manipulado la competencia electoral en el Poder Judicial, por ejemplo, a través de la supuesta subrogación ilegal del magistrado Juan Manuel Culotta en la Competencia Electoral de la Provincia de Buenos Aires, añade el relator.

En diciembre de 2016, Julio Marcelo Conte Grand fue nombrado procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, cargo que debe investigar las denuncias contra los funcionarios de la gobernación, pese a ser muy cercano a la gobernadora, María Eugenia Vidal, y al presidente Mauricio Macri.

Los jueces que cuestionaron la constitucionalidad del aumento de las tarifas de servicios públicos esenciales ordenada por el Gobierno en 2016 también «fueron víctimas de ataques, intimidaciones públicas y pedidos de enjuiciamiento», añadió García Sayán.

El relator otorgó al Gobierno un plazo de 60 días para recibir una respuesta sobre las medidas adoptadas en relación a los casos descritos.

La gestión actual abandonará el poder el próximo 10 de diciembre, cuando asumirá el presidente electo, Alberto Fernández, y su compañera de fórmula, la exmandataria y senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).