El gobierno de Mauricio Macri sufrió un nuevo traspié internacional en su política de Derechos Humanos. La Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) dejó afuera a su candidato para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado ultracatólico Carlos de Casas, conjuez en Mendoza y defensor del represor Enrique Blas Gómez Saa, subjefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña durante la dictadura.
A pesar de sus antecedentes, De Casas contó con el respaldo del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y su candidatura fue impulsada primero por Susana Malcorra y después por su reemplazante en la cancillería, Jorge Faurie, quien realizó intensas negociaciones en Washington para esquivar el papelón.
Los elegidos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron Joel Hernández García (México) con 28 votos, Flávia Cristina Piovesan (Brasil) con 21 y Antonia Urrejola Noguera (Chile) con 19.
Con 11 votos, el argentino, quedó después del candidato de Estados Unidos, Douglass Cassel, con 16.
A pesar del fuerte apoyo del gobierno argentino, De Casas había sido duramente cuestionado por más de 130 organizaciones de derechos humanos, sindicatos, de los movimientos campesinos, asociaciones que trabajan en temas de justicia, igualdad de género, medioambiente, derechos LGBTI y libertad de expresión.
Criticaron que su única actividad dentro del sistema interamericano fue la defensa de los directivos de una compañía uruguaya acusados por delitos financieros y de una empresa minera que afectó con gravedad a comunidades indígenas en Guatemala.
A estas organizaciones se sumaron dos ex presidentes de la CIDH, Robert Goldman y Juan Méndez, y más de sesenta académicos, que solicitaron a la Cancillería que retire la propuesta de De Casas por no reunir las condiciones de idoneidad necesarias para integrar este órgano.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch también se opusieron.
