Elegí el título de esta película realizada con el apoyo del INCAA y que cuenta la estafa a ahorristas en el año 2001, para hablar de esta nueva estafa, la del gobierno de Milei, en la que millones de argentinos y todos los sectores productivos vamos a perder lo que tenemos y con pocas chances de recuperarlos en el futuro inmediato.
En esta versión de la realidad, los “giles” somos todos nosotros y la odisea es creer que al gobierno le importan la opinión pública, los juristas y los representantes del Pueblo y de las Provincias en el Congreso Nacional.
Estamos frente a una de las más grandes estafas electorales de la historia en las que la “casta” son los trabajadores, los jubilados, los productores, los profesionales, los docentes y los desocupados, mientras los grandes grupos económicos se frotan las manos esperando que el DNU o la Ley ómnibus les entreguen los recursos que durante décadas fuimos forjando.
Llevamos varios días de debate en las pocas comisiones que habilitaron, viendo como improvisados funcionarios que, en algunos casos ni siquiera leyeron la ley que tienen que defender, intentan justificar lo injustificable: el vaciamiento del país.
Así como el DNU es claramente inconstitucional y esperamos que el Congreso lo rechace por ambas Cámaras, el proyecto de Ley, que modifica más de 300 leyes que llevó años elaborar, está exclusivamente al servicio de una docena de grupos económicos que la redactaron en sus estudios jurídicos y que contiene contradicciones, inconsistencias y fundamentalmente ilegalidades.
Otorgarle poderes extraordinarios y la suma del poder público al Presidente de Nación está expresamente prohibido por el art. 29 de la Constitución y además, para quienes lo otorguen, configura el delito de traición a la Patria del art. 227 del Código Penal.
Al Poder Legislativo le corresponde legislar y se prohíbe la delegación legislativa, salvo en contadas excepciones y por un tiempo determinado. Darle estas facultades, además de ser ilegal, destruiría la división de poderes y el sistema republicano de gobierno. Es decir que después de 40 años de recuperada la Democracia, con el dolor y el sufrimiento que nos ha costado, la estaríamos sacrificando sin pena ni gloria, a un grupo de mafiosos que lo único que pretenden es enriquecerse “con la nuestra”.
El proyecto de Ley ómnibus entrega el patrimonio público y los recursos naturales, permite la extranjerización de las tierras, vende empresas estratégicas y altamente rentables, destruye actividades productivas generando desocupación y mayor pobreza, elimina la construcción de sentido atacando la creación cultural tan rica en nuestro país y no existe ningún sector productivo que esté apoyando ninguna de estas medidas, salvo esa docena de grupos que se benefician exclusivamente en forma directa.
Al mismo tiempo que se discute este proyecto nefasto, cortándoles el micrófono a los diputados que representan al pueblo de la nación, el Presidente festeja el 25,5% de inflación mensual mostrando su pie descalzo junto al de su novia.
Estamos en una trampa de la que tenemos que salir. Nos plantean una Ley que modifica 300 leyes, algunas de ellas de fondo, como el Código Penal y el Civil y Comercial, y nos quieren conformar quitando algunos absurdos que sabíamos que de ninguna manera podían prosperar. Tiran 100 y a lo mejor entran 10, que son las que entregan el patrimonio nacional.
Desde Forja exigimos el rechazo total de la Ley ómnibus, sin miramientos, por violar la Constitución y lesionar la democracia. En todo caso, el Poder Ejecutivo podrá enviar la cantidad de leyes que le parezca, por separado, para discutir cada una de ellas como marca la Constitución.
No necesitamos ninguna odisea, ni que nos tomen por giles. Necesitamos respetar la Democracia como valor de convivencia en nuestra sociedad y construir un país que promueva el bienestar general.