Luego de una extensa reunión en la que se escucharon todas las voces la medida sanción del Senado obtuvo dictamen de mayoría pero sufrió numerosas modificaciones por lo que una vez aprobada por Diputados deberá volver a ser tratada por la Cámara Alta.
El proyecto había sido aprobado por unanimidad en el Senado el 23 de noviembre de 2016, pero por falta de consenso nunca llegó a convertirse en ley. El reclamo del presidente y la desesperación de Cambiemos por hacerle un guiño a la clase media le volvieron a dar impulso.
El Frente para la Victoria-PJ, el interbloque Argentina Federal y Felipe Solá, titular de la Comisión de Vivienda, acompañaron el despacho de mayoría con disidencias, mientras que Carla Pitiot (Frente Renovador) encabezó una propuesta alternativa en conjunto con Marco Lavagna.
“Hace 30 años que no hay una ley de alquileres en Argentina. La última fue durante el gobierno de (Raúl) Alfonsín”, recordó el presidente de Legislación General, Daniel Lipovetzky, y agregó: “Con este tratamiento estamos resolviendo una omisión para una situación que involucra a más de siete millones de argentinos vinculados a un contrato de locación de vivienda”.
El proyecto dictaminado este martes establece un mecanismo de actualización semestral para los contratos de alquileres -el Senado había votado un reajuste anual-, con un valor que resultará de un promedio entre la inflación (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) medidos por el Indec “para dar previsibilidad sobre todo a los inquilinos, que son el eslabón más débil de la relación”, explicó Lipovetzky.
En ese contexto desde la Comisión también detallados que quedará sentando en el texto que la ley nacional solo regirá en caso de que no haya leyes provinciales que regulen los alquileres.
El macrista también destacó la ampliación de la duración del contrato de dos a tres años, que “da mayor certeza y tranquilidad” y “resuelve el trauma de los inquilinos, que al año de alquilar ya están pensando en que tienen que cambiar de vivienda”. Sin embargo, para locaciones que no estén destinadas a vivienda el plazo será de dos años.
Otro de los puntos principales -el que generó mayor discusión- tiene que ver con impedir que los propietarios impongan las garantías del alquiler a los inquilinos. Es decir, el locatario podrá ofrecer una garantía real, un aval bancario, un seguro de caución, un recibo de sueldo o una garantía de fianza.
Según el dictamen firmado, la comisión a la inmobiliaria será pagada por el dueño, y no podrá ser mayor a un mes de alquiler; y la comisión por la renovación del contrato no podrá superar el valor de medio mes de alquiler.
Desde Inquilinos Agrupados informaron que “el único punto en desacuerdo es la actualización” de los alquileres. “El gobierno quiere que sea semestral y nosotros, anual”.
“Si el mercado inmobiliario está preocupado, quiere decir que los inquilinos vamos a alquilar de forma un poco más justa. Antes de diciembre, tiene que ser ley”, expresó Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, y finalizó: «Logramos el compromiso de todos los bloques para que antes de fin de año tengamos una ley de alquileres nacional. Sin dudas, es una victoria de todas las organizaciones de inquilinos del país”.
