El pozo LCAV-26 (h), operado por la empresa de servicios Nabors para YPF y Schlumberger se «salió de control» el 18 de octubre a la medianoche mientras los operarios intentaban sacar a la superficie un tubo de unos 70 metros para su análisis. En ese momento la presión del subsuelo superó a la de la superficie y, como resultado, el pozo arrojó lodo con hidrocarburos durante 36 horas. Con esa sustancia contaminante se cubrieron ocho hectáreas alrededor del pozo y el «efecto spray» generado por el viento afectó una zona de 45 hectáreas.
La limpieza manual del terreno y de la flora del área llevará alrededor de tres meses. Luego vendrá un trabajo de biorremediación que puede extenderse unos cinco meses más, por lo que recién en julio de 2019 podría volver a trabajarse en la zona de Bandurria Sur, como se conoce al área donde ocurrió el derrame.
El subsecretario de Ambiente provincial, Juan de Dios Lucchelli, señaló el jueves que aún no tenían definido el monto exacto de la multa porque todavía se estaba evaluando la afectación. «Lo que sí sabemos es que para este tipo de situaciones ambientales la pena ronda entre 100 y 23 mil Jus», explicó. El Jus es un sistema de medida judicial que hoy cotiza en $ 1237,04. Por eso se estima que en el mayor de los casos la multa llegaría a los 28 millones de pesos (763 mil dólares según la cotización del viernes 2 de noviembre).
Esa sería la multa ambiental más alta de la historia de Neuquén, pero está por debajo de la impuesta por San Juan a la Barrick Gold en marzo de 2016 por el derrame de cinco millones de litros de agua cianurada sobre la Cordillera y el río Jáchal, cuyas aguas desembocan en las provincias vecinas de San Luis y Mendoza. Entonces la multa fue de 145 millones de pesos, que al momento representaban 9,4 millones de dólares.
El antecedente más inmediato de multa por contaminación en Neuquén se produjo en diciembre de 2014, cuando se dispuso cobrarle 2.100.000 pesos a la empresa Indarsa por el derrame de desechos de la industria hidrocarburífera en el Parque Industrial de Neuquén. Esa multa aún no fue pagada, según informó el diario Río Negro.
Pero lo que vale no es sólo el importe, explica en diálogo con Tiempo Fernando Cabrera, integrante del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), sino quién es el responsable. «La exploración en esa zona es 51% YPF y 49% Schlumberger, pero la que pone la cara y se deslegitima es la empresa estatal, no la externa», añade.
El riesgo del «fracking»
La extracción de petróleo no convencional consiste en la inyección de un «fluido de fractura» compuesto por agua, arena y otros químicos a alta presión. Hasta un 80% de ese fluido luego vuelve a la superficie incluyendo metales pesados o elementos radiactivos presentes en las formaciones rocosas y que tienen efectos sobre la salud.
«YPF asegura que podemos encontrar esos fluidos en cualquier cocina, pero la verdad es que estamos hablando de entre 17 y 30 millones de litros, de los cuales muchos vuelven a la superficie», razona Cabrera. Y además hay un tema muy opaco en relación a la información. «Diez días pasaron para que la información empiece a salir a la luz en este caso y, en general, estos accidentes se conocen porque un trabajador, vecino, mapuche o puestero saca una foto. Ahora no están dejando acercarse gente con celulares por cuestiones de seguridad», agrega.
El OPSu r es u na de las más de 70 organizaciones y asambleas vecinales que firmaron un comunicado la última semana para pedir al Estado que detenga el fracking tomando en cuenta el informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas que advierte sobre Vaca Muerta. Según ese documento presentado apenas dos días antes del derrame, «la explotación total de todas las reservas de gas de esquisto [de Vaca Muerta] consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento de 1,5 grados Celsius, estipulado en el Acuerdo de París». «