El próximo 8 de julio se cumplirán 16 años del fallo judicial que ordena al Estado sanear el Riachuelo. En la previa, hay movimientos que preocupan en torno a una causa de dimensiones descomunales y cuyos alcances afectan a millones de personas que viven en la cuenca. Mientras el impacto de la motosierra se hace sentir, las organizaciones de la sociedad civil advierten sobre lo mucho que falta para cumplir aquella sentencia y piden al Máximo Tribunal que interceda ante el desfinanciamiento por parte del Gobierno.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la Asociación Vecinos de La Boca (AVLB) –integrantes del Cuerpo Colegiado que interviene en la causa- entregaron un documento a la Corte, en respuesta al pedido de que analicen el último informe presentado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Con un relevamiento detallado del estado de situación compartieron su mirada crítica sobre lo hecho hasta ahora, pero también advirtieron sobre los riesgos de un retroceso ante los recortes y ajustes que recaen sobre el sector.
Además de pedir al Máximo Tribunal que tenga por incumplida la sentencia de 2008 en la llamada Causa Mendoza, convoque a una audiencia pública sobre el tema e inste a la designación de un Defensor del Pueblo, solicitaron que “se requiera al Jefe de Gabinete de Ministros la reasignación de partidas presupuestarias a efectos de que la Acumar cuente con los fondos suficientes a fines de desarrollar las tareas necesarias para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo”. Reclamaron también “que se ordene restituir todas las direcciones y coordinaciones eliminadas o disminuidas de categoría” por la nueva gestión.
Fondos congelados
En abril, el presidente de Acumar designado por el mileísmo –Lucas Figueras, quien ya había estado a cargo durante el macrismo- acudió a la cita del juez Jorge Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº2, para presentar el plan de acción del ente sobre la cuenca. Uno de sus ejes fue el ajuste presupuestario: aludió a los fondos congelados de 2023 y dio cuenta de un achique de la estructura del organismo en un 50%. Es decir, despidos y cierre de áreas.
“El informe de Acumar dice ‘acá no puedo avanzar porque no hay presupuesto’. Eso no es aceptable. La Corte debería exigir al Congreso partidas que permitan cumplir el fallo”, dijo Leandro Vera Belli, coordinador del área Tierra, vivienda y justicia económica del CELS, en diálogo con Tiempo.
En el informe presentado por las organizaciones sociales a la Corte alertan: “En el actual escenario inflacionario y sin presupuesto actualizado, la Acumar no podrá desarrollar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las acciones y programas comprometidos en el cumplimiento de las mandas que integran la condena”. Y agregan: “El argumento presupuestario por parte de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo es a todas luces insuficiente para desligarse del cumplimiento de una decisión judicial que ya tiene 16 años. La consecuencia es el empeoramiento de la calidad de vida de las personas que viven en la Cuenca Matanza Riachuelo”.
El desguace no sólo se da en forma de despidos y achique del organigrama. Tiene efectos cotidianos tan palpables como la suspensión de la entrega de bidones de agua potable en Villa Inflamable (Avellaneda). El titular de Acumar dijo ante la Justicia que esa provisión continuaba. El informe de las organizaciones advirtió que “lamentablemente, esto no es así. La distribución de bidones de agua potable a la población se interrumpió a fines de febrero último, y ello es de conocimiento de Acumar que fue notificada reiteradamente por quejas de los vecinos y mediante una nota” en mesa de entradas.
Cuentas pendientes
“Queda mucho camino por recorrer. No decimos que no se hizo nada. Estamos diciendo que, respecto de lo que se fijó hace 16 años, el cumplimiento es bajo en porcentaje”, apuntó Cristián Fernández, coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, para resumir el análisis sobre lo concretado y lo pendiente para acatar la sentencia de 2008.
“Las falencias de Acumar en el control de las descargas químicas y orgánicas de origen industrial es la causa principal de la contaminación de las aguas superficiales, del sedimento del cauce y del aire de la cuenca”, plantea el documento que firman FARN, CELS y demás organizaciones. Advierte al respecto que “resulta imprescindible esclarecer los motivos por los cuales existen 86 establecimientos declarados como agentes contaminantes cuyos Planes de Adecuación aún no han sido aprobados. Ello, dado lo prioritario de la posterior ejecución y puesta en marcha de dichos planes” para mejorar los niveles de calidad de agua y aire. Si bien en los últimos años hubo avances en esos aspectos, con cambios incluso visibles en el paisaje, hay mediciones con indicadores que siguen preocupando.
En materia habitacional, Acumar dio cuenta de un cumplimiento del 40% de las soluciones acordadas en el Convenio Marco de 2010. En su plan de acción para este año, indicó que podría concluir 1.255 soluciones habitacionales ya iniciadas. Pero, en función del desfinanciamiento y ajuste, las organizaciones advirtieron que “de lo expuesto por la propia Acumar en su presentación ante la CSJN el 22/05/2024, surge que el cumplimiento de esta manda se encuentra muy lejos de haberse alcanzado. Por otro lado, no se presenta ninguna estrategia o plan definido para alcanzar este cumplimiento”.
Así, el Cuerpo Colegiado advierte a la Corte que “Acumar no brinda ninguna propuesta ni estrategia a futuro de como concretar las obras necesarias, limitándose a plantear problemas financieros pero informando la desarticulación de aquellos programas que permitieron los magros avances que reseñan como logros”.
Muchos informes y un rumor
La respuesta de las organizaciones a la Corte en su pedido de analizar el último informe de Acumar se dio en un contexto particular, atravesado por un rumor que causó un sacudón. “La Corte Suprema de Justicia se apresta a cerrar, luego de 20 años, la causa en la que condenó al Estado nacional, a la ciudad de Buenos Aires y la provincia a sanear el Riachuelo”, publicó el diario La Nación.
“Si bien surgió como un rumor, los integrantes del Cuerpo Colegiado manifestamos sorpresa y preocupación por cualquier intento de cierre de la causa. Sería descabellado en este contexto, cuando más protección necesita la gente de la cuenca ante los recortes del Ejecutivo”, sostuvo María José Lubertino, presidenta de Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.
Una fuente que trabajó en el tema durante la gestión anterior contó que llamó la atención que la Corte estuviera “pidiendo un montón de informes, que hace tiempo no pedía, a los juzgados de Ariel Lijo y Jorge Rodríguez, al organismo, a los tres Estados, sobre cómo se viene avanzando. Eso despertó esta ola de rumores”. En este marco y en contra de esa posibilidad, “el Cuerpo Colegiado expresó que faltan un montón de cosas por hacer, pero que no sólo hay algo inconcluso sino que hay un deterioro. El desfinanciamiento es absoluto”.
Lo graficó con un ejemplo visible: los peses muertos flotando en el Riachuelo a la altura de Caminito. “A fines del año pasado hubo ahí una remada, veíamos patos, peces. Pero creo que se dejó de hacer todo. Que hay menor control a las empresas y un nivel muy notorio de disminución de limpieza. Lo que dicen los representantes del Ejecutivo, los colaboradores del Presidente en Acumar, es que no hay plata. Intentan desligarse de sus responsabilidades”.
Así de claro lo dijeron las organizaciones sociales en su documento al Máximo Tribunal: “Sólo la Corte Suprema puede y debe adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación. De no hacerlo, el nivel de cumplimiento efectivo de las acciones y medidas dispuestas para la solución del caso no sólo continuarán siendo insuficientes sino que se agravarán frustrando el principio de progresividad al extremo de vulnerar el principio de no regresión y dar lugar a retrocesos que vuelvan la situación al conflictivo punto de partida”.
