La antropóloga y activista feminista Rita Segato enseña que la violación es un crimen de poder porque busca la dominación –la moralización– de la mujer. El violador «siente y afirma que está castigando a su víctima por algún comportamiento que él siente como un desvío, un desacato a una ley patriarcal». La otra cuestión recurrente es el exhibicionismo: el violador nunca está solo. «Su interés –explica la especialista– es la potencia y la exhibición de esa potencia frente a otros hombres».

Eso es lo que ocurrió, casi en simultáneo, durante los primeros instantes del año, en lugares tan disímiles como pueden ser el camping de un balneario de la Costa Atlántica, un pueblo salteño y un barrio de la periferia de La Plata. Un grupo de varones adultos arengados por los excesos de la víspera, una menor de edad acorralada y el delito de violación que algunos intentan esconder detrás de la figura del consentimiento. «La manada», un eufemismo para nombrar este tipo de ataque sexual, tomado del caso de España, donde cinco hombres abusaron de una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín, se instaló, de manera prematura y trágica, en 2019.

Cinco amigos marplatenses –unos jugaban rugby, otros practicaban surf, el restante tocaba la guitarra– de entre 21 y 23 años llegan en la Traffic de uno de ellos al camping El Durazno, en Miramar, para pasar Año Nuevo. Los festejos incluyen, según la acusación de la fiscal Florencia Salas, luego convalidada por el juez de garantías Saúl Errandonea, el abuso sexual agravado con acceso carnal de una adolescente de 14 años dentro de una carpa. La víctima, que se hospedaba en uno de los bungalows del predio junto a sus padres, recién pudo relatar lo que sufrió el viernes en Cámara Gesell.

Antes habían declarado los imputados. Sólo dos reconocieron ante la fiscal Salas haber mantenido relaciones sexuales con la menor, aunque sostuvieron que fue «sin violencia». Los tres restantes dijeron que no se enteraron de nada porque estaban dormidos. Todos –Lucas Leonel Pitman, Tomás Agustín Jaime, Juan Cruz Villalba, Mariano Manuel Díaz y Roberto Fabián Costa– continuarán detenidos en la Unidad Penal 44 de Batán al menos 15 días más, cuando el juez deba resolver si los excarcela o les dicta la prisión preventiva.

El caso ya tuvo un castigado. Se trata del jefe de la Policía de Miramar, el subcomisario Andrés Hugo Caballero, desplazado luego de que la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense considerara que los policías a su cargo habían actuado con «lentitud» en los primeros momentos de la investigación. 

El destrato no sorprende. Hace apenas un mes, la vecina Mar del Plata había sido noticia por el vergonzoso fallo que absolvió a los imputados por el crimen de otra adolescente, Lucía Pérez, y que apenas los condenó por venderles drogas.

La abogada feminista Ileana Arduino analizó el veredicto en un artículo para la revista Anfibia. «Un denominador común de estos casos –escribió– es que parece no ser tan relevante lo que efectivamente hizo la persona acusada (que se supone que es la razón por la que llegamos a juicio: porque alguna persona es acusada de haber hecho algo) y lo relevante pasa a ser lo que hizo o dejó de hacer a lo largo de toda su vida (sexual) la víctima».

Feroz

Las coincidencias espantan. Primeras horas del año: una adolescente de 14 años que era buscada y un grupo de hombres que la viola. Un detalle vuelve todo más feroz: la madre de uno de los abusadores es la encubridora.

En Las Lajitas, un pueblo salteño de 20 mil habitantes, una madre se dispone a buscar a su hija, que había salido después del brindis. El llamado de una vecina la llevó hasta una casa, a pocas cuadras de la suya, donde los gritos se escuchaban desde la calle. La madre, desesperada, golpeó la puerta, pero desde adentro una voz femenina insistía en que no era su hija la que pedía a gritos por ayuda. La madre no le creyó y con una fuerza que parecía ajena derribó la puerta. Alcanzó a ver a un hombre escapando por el fondo de la vivienda y a otros dos, todavía adentro, vistiéndose apurados. Su hija estaba tendida en una de las camas, desnuda y semiinconsciente. 

La Fiscalía Penal de Joaquín V. González, Delegación Las Lajitas, detuvo e imputó a César Ismael Palma y Agustín Vicente Pérez, de 22 y 19 años respectivamente, del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado. También fueron detenidos Antonia Tomasa Gil, dueña de la casa donde sucedió el hecho, y Luis Rodrigo Gil, su sobrino y otro de los presuntos violadores.

En Villa Elisa, partido de La Plata, una chica de 15 años denunció un ataque sexual a manos de siete hombres que la llevaron a un descampado para intentar violarla. Según el relato de la víctima, todo sucedió alrededor de las 3 de la madrugada del 1°de enero, cuando volvía a su casa y fue interceptada por un grupo de «encapuchados que se manejaban con lenguajes de señas», que la manosearon y la llevaron hasta un baldío donde uno de los hombres intentó abusarla. La chica logró escapar y unos vecinos que la encontraron en estado de shock llamaron al 911 para denunciar el hecho. Hasta el momento, la Justicia sólo demoró a tres jóvenes de entre 19 y 21 años. «

Cautelar para preservar a la víctima de los medios

La asesora general tutelar del Poder Judicial porteño, Yael Bendel, presentó una cautelar para preservar la intimidad de la adolescente que denunció haber sido violada en Miramar. En el oficio dirigido al Ente Nacional de Comunicación, consignó que «los medios de comunicación masiva han dado un tratamiento inadecuado a la problemática familiar, transgrediendo los derechos fundamentales de la adolescente y su grupo familiar», y acompañó la presentación con copias de artículos periodísticos de los diarios Clarín, La Nación y Crónica. En redes sociales fue fuertemente criticado el artículo de Clarín que hablaba de la chica «que no debió estar allí», culpabilizándola.  La funcionaria destacó que cuando está en juego la intimidad de niños, niñas y adolescentes, es «imprescindible un abordaje con perspectiva de Derechos Humanos».

Jueces que no ven la intimidación

Fue, casualmente, hace menos de un mes. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, España, decidió el último 5 de diciembre mantener la libertad provisional a los cinco integrantes de «La Manada», el grupo de amigos que abusó de una joven de 18 años durante los festejos de San Fermín de 2016, en la ciudad de Pamplona, condenados en primera instancia a nueve años de prisión por abuso sexual múltiple.
Por mayoría, el tribunal opinó que no existen razones suficientes para cambiar la situación de los condenados ya que encontró «endeble» el riesgo de fuga.
En julio de 2016, durante la tradicional suelta de toros, los cinco amigos se habían prometido encontrar una mujer para tener sexo grupal. «Follarnos a una buena gorda entre los cinco en San Fermín sería apoteósico», se lo escucha decir a uno de ellos durante un audio del grupo de WhatsApp –nombrado La Manada– que posteriormente salió a la luz. El abuso se cometió cuando los cinco hombres entraron con una joven al zaguán de un edificio y mantuvieron relaciones sexuales, que fueron grabadas con sus celulares. La víctima afirmó luego que había accedido por miedo a los agresores.
En abril del año pasado, la Justicia española los condenó a nueve años de prisión, una pena inferior en comparación con los 22 que había solicitado la querella. En el fallo, los jueces justificaron que «no apreciaron violencia ni intimidación de los cinco hombres sobre la joven».
Los acusados abandonaron la cárcel el pasado 23 de junio luego del pago de una fianza de 6000 euros que les impuso la Audiencia de Navarra, que consideró que la «presión social» y la «pérdida de anonimato» de los integrantes de La Manada «hacen poco menos que impensable el riesgo de reiteración delictiva».