La rutina de Cintia Bongianino –39 años, docente de Geografía e Historia, vecina de Francisco Madero, en el partido bonaerense de Pehuajó– incluye dejar de hacer lo que estuviera haciendo y preparar a las apuradas la mochila de Clara, su hija de tres años, llevarla a la casa de su madre en la entrada al pueblo, distante a unas diez cuadras, y esperar a que la nube tóxica se disipe para volver.
“Si hoy tienen que fumigar, por la medida cautelar vigente los productores están obligados a avisarme 48 horas antes, así puedo retirar a mi hija y preservar su salud. Supuestamente tampoco lo pueden hacer los días con viento. Pero muchas veces no lo cumplen. Hubo noches en que vi una luz en el campo y salí a enfrentarlos con la policía. Recibí todo tipo de agresiones. Me pasé el verano peleando con esta gente. Aprovechaban la feria judicial para fumigar todo lo que querían y yo tenía que salir corriendo, no podía disfrutar de mi hija ni de mi casa”.
Fumigaciones enfrente de la casa
La madrugada del 17 de septiembre de 2023 hubo un quiebre en la vida de Cintia. Frente a la casa, cruzando la calle, la pareja de productores Ángela Cangele y Carlos Quiles fumigó –indiferente al fuerte viento– el campo arrendado. “A las dos de la mañana mi nena se despertó llorando, tenía la garganta con llagas, y terminamos en el hospital de Pehuajó, a unos veinte kilómetros. Le pregunté a la pediatra si podía tener relación con las pulverizaciones, me dijo que no y me mandó de nuevo a mi casa”, recuerda la mujer.
Luego de esa fumigación, que también provocó malestares en otros vecinos, Cintia y su ex pareja radicaron la denuncia en la fiscalía federal de Pehuajó (hartos de que los colegas provinciales no hiciesen nada), que solicitó el dictado de una medida cautelar para alejar las fumigaciones con agrotóxicos de todos los centros poblados del partido.
En noviembre de 2023, el juez federal Héctor Heim convocó a una audiencia pública respondiendo al requerimiento del fiscal y, sobre todo, a la intervención del defensor de menores por los problemas de salud de Clara. Además de los denunciantes y denunciados, participaron vecinos y vecinas afectados, ingenieros agrónomos y productores de la región. Finalmente, en diciembre, el juez hizo lugar a la cautelar: estableció una distancia de 300 metros de exclusión para las aplicaciones terrestres y una zona de amortiguamiento o de resguardo ambiental de otros 300 metros donde solo se pueden aplicar plaguicidas de banda verde y azul (supuestamente de menor toxicidad) por un plazo de 90 días. Además, exhortó al Concejo Deliberante a elaborar una ordenanza.
“A partir de ese momento –dice Cintia– se empezó a poner complicada la situación porque los denunciados comenzaron a buscar apoyo de los demás productores, comenzaron las presiones y la campaña sucia. Recibí muchos ataques, me decían ‘comunista’, o que tenía vínculos con los k para perjudicar al campo. Productores muy conocidos de la zona empezaron a nombrarme en notas periodísticas y me expusieron a mí y a mi familia. Se puso todo muy feo”.
Lejos de replegarse, Cintia fue interesándose más en las luchas de los pueblos fumigados a lo largo de todo el país, y de los antecedentes de la justicia estableciendo distancias de 1000 metros de protección a partir del aporte de la llamada “ciencia digna”. Lo siguiente fue ponerse en contacto con el abogado ambientalista Fernando Cabaleiro y presentarse en la causa como querellante.
Sucio e ilógico
Luego de vencerse el plazo de 90 días otorgado por el juez, Cintia solicitó no solo que se mantenga la medida cautelar, sino que además se amplíe la zona de protección a 1095 metros teniendo en cuenta los fundamentos científicos y jurisprudenciales. A fines de mayo de este año, el juez mantuvo la cautelar pero no hizo lugar a la ampliación, por lo que la querella interpuso una apelación ante la Cámara Federal de La Plata, que aún no resolvió. En simultáneo, por la presión de la Sociedad Rural local y el impulso de varios concejales que son al mismo tiempo productores o están estrechamente vinculados al agronegocio, el Concejo Deliberante de Pehuajó aprobó de manera exprés y por unanimidad (debe ser la única coincidencia entre los bloques de Unión por la Patria, Pro, Radicalismo y la Libertad Avanza) una ordenanza que retrotrajo la zona de exclusión a 150 metros.
“Nunca nos convocaron para aprobar esta ordenanza, lo que demuestra que fue un acuerdo político entre partidos y productores. Yo calculo que el juez no me va a sacar la medida cautelar para ponerme una ordenanza de 150 metros de protección porque sería regresivo –supone Cintia–. Durante la vigencia de la cautelar puse unas plantas en mi casa que después de dos fumigaciones ya están secas. Imaginate lo que eso les hace a nuestros cuerpos”.
Y agrega una reflexión final: “¿Hasta qué punto uno tiene que soportar la agresión del otro solo porque tiene plata? Nosotros reclamamos que respeten nuestra salud, recurrimos a la justicia y a la política, pero no nos dan una respuesta. Lo que ocurre es algo sucio e ilógico”.
Ordenanza
El abogado Fernando Cabaleiro, que representa a Cintia como querellante en la causa, avisó que, independientemente de lo que resuelva la Cámara Federal sobre la solicitud de ampliar la cautelar a 1095 metros de protección, van a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires porque “la ordenanza es manifiestamente inconstitucional por haberse violado el Acuerdo de Escazú, ya que no hubo audiencias ni consultas públicas, y por desproteger la salud humana al considerar un criterio de resguardo vetusto y desactualizado, no solo con el estado de la ciencia sino con la jurisprudencia vigente”.
