La historia comienza, según una de sus protagonistas, con un “grupito de pobres diablos”. Era el año 2018 y algunos pocos vecinos de Sastre, corazón sojero de Santa Fe, decidieron alzar la voz contra las fumigaciones que ponían en riesgo lo más querido. “Mi hija estaba terminando la quimioterapia –recuerda Sonia González– y vivíamos en una casa muy cerca del campo. A las seis de la mañana nos despertó un mosquito. Nos estaban fumigando en la cara”. El año anterior, el mismo día que festejaban el primer año de vida de Zoe, la hija de Sonia, debieron llevarla al hospital por una infección viral respiratoria que derivó en un linfoma. Lo que siguió fue la internación durante ocho meses en un sanatorio de Rosario. Cuando la madre preguntó la causa, el médico apuntó al contacto estrecho con los agrotóxicos. Además de las fumigaciones en los campos linderos, Sonia trabajaba en una empresa agropecuaria. Su oficina quedaba a seis metros del galpón donde se amontonaban los insumos químicos. No pudo alzar su voz porque necesitaba el trabajo y, sobre todo, la obra social. “Así que cuando nos dieron el alta, sabiendo que mi hija no podía tener más contacto con el veneno, empezó la lucha y, por supuesto, me echaron”.
Cinco años más tarde, los resultados están a la vista: la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la queja interpuesta por la Municipalidad de Sastre y dejó firme una sentencia de primera instancia que había delimitado una zona de exclusión de 1000 metros alrededor del ejido urbano para la aplicación terrestre de agrotóxicos.
El fallo –histórico– convierte a Sastre en el primer pueblo santafesino en lograr esa distancia de protección y el segundo a lo largo de todo el país, luego de Pergamino, en territorio bonaerense. “La historia se empieza a contar a partir del 2018, pero desde antes ya había un grupo de autoconvocados que veía que las fumigaciones enfermaban a la gente, y que nadie le daba lugar a su reclamo, nadie los tenía en cuenta”, destaca Sonia.
La enfermedad de Zoe –pudo finalizar su tratamiento y el año que viene recibirá el alta definitiva– fue la mecha que encendió la organización de aquellos vecinos hartos de respirar venenos. Se organizó una asamblea y se logró que el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza alejando las fumigaciones a unos escasos 200 metros del ejido urbano, sin embargo, la oposición de productores y del municipio alcanzó para vetar la normativa. En noviembre de 2018, el juez de San Jorge, Daniel Zoso, les otorgó una cautelar estableciendo 400 metros de distancia, hasta que la jueza Beatriz Forno, en plena feria judicial, revocó la resolución de su colega. En febrero de 2020, el juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail, resolvió establecer “un perímetro de exclusión o reserva de 1000 metros a contar desde el límite de la planta urbana de la localidad de Sastre y Ortiz (tal su denominación oficial), en el departamento San Martín, dentro del cual quedan prohibidas las fumigaciones terrestres con todo tipo de agroquímicos”. El fallo no mencionó a las aplicaciones aéreas porque una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante en 2019 había establecido una distancia de 3000 metros. La municipalidad presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema provincial que recién se pronunció hace unos días convalidando, entre otras pruebas científicas, los datos aportados por los campamentos sanitarios a cargo del director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi, que indicó una tasa de cáncer en Sastre por encima de la media nacional. El biólogo Rafael Lajmanovich, por su parte, presentó los resultados de 20 años de trabajo de laboratorio sobre áreas sojeras de Argentina y una docena de investigaciones a nivel internacional que demuestran el daño en la salud, especialmente en niños, que provoca vivir en pueblos fumigados.
Un pueblo enfrentado por las fumigaciones
Agotado los recursos provinciales, se espera que la Municipalidad de Sastre recurra a la Corte Suprema de Justicia de la Nación reiterando sus argumentos: que el fallo de primera instancia es “arbitrario y lesivo de sus derechos constitucionales”, y que se interpretó el material probatorio incluido en la causa de un “modo equivocado”.
“Lamentablemente, el pueblo está dividido –concluye Sonia–. Nosotros no somos enemigos de los productores agropecuarios, solo luchamos para vivir en un lugar más sano, queremos vivir para ver crecer a nuestros hijos. Ningún productor se ha fundido por esta restricción, pero quedaron muy dolidos, para ellos es inexplicable que un grupito de pobres diablos le haya sacado tantos metros de producción. No toman conciencia que nos estamos muriendo. Nosotros queremos vivir en paz, pero si nos quieren afectar la salud, nos vamos a defender”.
