A contramano de los grandilocuentes anuncios de la gestión Cambiemos sobre el combate al narcotráfico, su mirada punitiva respecto de la problemática de las adicciones ha generado más problemas que soluciones. Un trágico dato ilustra ese desequilibrio: en sólo dos años, los casos de muertes por sobredosis se duplicaron en el país. Mientras el Estado gastó cada vez más recursos en perseguir a los consumidores, se fueron desmantelando los programas de prevención y asistencia contra las adicciones.
A través de los denominados fallos Bazterrica (1986) y Arriola (2009), la Corte Suprema bajó un claro mensaje al declarar la inconstitucionalidad de la sanción penal por la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Los jueces, entonces, reconocieron que había sido un error perseguir al consumidor asimilándolo a un delincuente, e instaron a todos los poderes del Estado a ir en contra de los verdaderos narcotraficantes, y desplegar, en simultáneo, políticas preventivas en materia de salud.
A nivel nacional aún rige la Ley de Drogas 23.727, de 1989, que no contempla en absoluto las nociones planteadas por los magistrados supremos. «Este es el paradigma que ha regido durante décadas las políticas de drogas en la Argentina», explica a Tiempo el defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, quien sostiene que esa estrategia nos ubicó en «el triste privilegio de ocupar los primeros lugares en el ranking de consumo de cocaína, alcohol y marihuana en el continente».
Martello, quien recientemente publicó el libro Salió mal, en el que aborda la complejidad de las adicciones a través de historias reales, repasa el último informe de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (ex Sedronar), que cuenta con datos sólo hasta 2017. De allí se desprende que dos de cada diez muertes de personas de entre 15 a 64 años se vincula con el consumo de diversas sustancias, ilegales y legales como el alcohol o el tabaco, lo que representa una tasa de 54,9 por cada 100 mil habitantes. De ese total, el 69,4% corresponde a varones.
La fría estadística precisa que entre 2013 y 2017, el pico más bajo de muertes relacionadas con algún tipo de drogas (tabaco, alcohol, estupefacientes y sustancias de uso indebido) se registró en 2015, cuando hubo 14.371 casos. Hasta ese momento, los números venían en descenso: 14.536 en 2014 y 15.888 en 2013. Por el contrario, después de 2015 las cifras se acrecentaron: 14.985 en 2016 y 15.500 en 2017.
Pero son los casos fatales por sobredosis, que replican la misma parábola, los que proyectan un aumento sideral: fueron 74 en 2013; 64 en 2014; y 53 en 2015. Ya en 2016, fueron 63, incluidos los cinco chicos que murieron en abril durante la fiesta electrónica Time Warp, en Costa Salguero (ver aparte). Y en 2017, las muertes por sobredosis llegaron a cien, prácticamente el doble que dos años atrás.
«Ni bien asumió el gobierno de Mauricio Macri, una de las primeras medidas que tomó fue declarar la emergencia en adicciones, pero después no la prorrogó», se lamenta Martello, quien a la distancia resume que la medida contemplaba reasignar mayores recursos para tratar la problemática y que las provincias adhirieran, «pero todo quedó en un acto de demagogia. Lo correcto hubiera sido sacar una ley y no un decreto sin contenido».
El funcionario de la Defensoría bonaerense expresa que «hay un amesetamiento de la incidencia de la Sedronar en cuanto a los recursos. Respecto al presupuesto, en 2018 se perdieron 34 millones y medio; y en 2019, 114 millones». El organismo cuenta con unos 1600 millones para este año, de los cuales un 60% está destinado a atención y prevención; el resto son sueldos y «servicios no personales». Martello indica que de ese 60%, apenas 11 millones están dirigidos a prevención. «El resto es para tratamientos», señala.
A partir de una estimación de la Asociación de Pensamiento Penal, «cada causa judicial que se instruye por drogas, que generalmente se archiva, demanda unos 10 mil pesos entre gastos de personal policial, traslado de móviles y reactivos, entre otros», explica Martello. Estipulando que en el período 2011-2018 se iniciaron unas 65.492 causas por tenencia para consumo personal, se infiere que el Estado nacional gastó cerca de 655 millones. La Justicia bonaerense tampoco escatimó en recursos y más aun teniendo en cuenta que la provincia adhirió a la ley que habilita la persecución del narcomenudeo, por la cual se gastaron 1.048.060.000 pesos.
Para Martello, el camino es ir hacia «un enfoque absolutamente distinto. Las adicciones tienen que tener una mirada integral, que complemente el accionar de la prevención y la atención; que incluya el circuito del trabajo, la salud pública y los Derechos Humanos. Y tener lo que ahora no existe: un seguimiento del adicto en su contexto. Hoy el paciente puede tratarse y llegar a recuperarse, pero no sabemos qué pasa cuando vuelve a su contexto. El organismo no puede estar más aislado, tiene que estar vinculado a lo social».
«El sistema es expulsivo»
La psicóloga María Gracia Quiroga coordina el área de Promoción Humana, Salud Mental y Adicciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Recuerda que en el ’91, cuando trabajaba en el hospital José María Jorge, de Almirante Brown, solía tratar con los padres de los adictos; para 1995, el grupo mutó a allegados –novias, vecinos y otros familiares–, porque los padres «salían a buscar el mango»; años después, esos padres ya no iban porque estaban presos o muertos; para entonces, los propios adictos comenzaban a desertar, convertidos ellos mismos en padres.
«La Ley de Salud Mental estableció en 2013 que los hospitales públicos debían tener dispositivos de asistencia y contención para el consumidor y su familia, pero el sistema es expulsivo –sostiene la especialista–. Y por eso, las personas más vulnerables terminan vinculándose en situaciones delincuenciales. Es la profecía autocumplida: doña Rosa pide que detengan a los consumidores y el Estado va detrás de ellos, en vez de generar programas de prevención y actividades sociales, culturales y deportivas que lamentablemente se han ido vaciando».
Time Warp
La peor cara de la ausencia de las políticas de prevención se vio el 16 de abril de 2016, cuando murieron cinco jóvenes en la fiesta Time Warp, en el predio de Costa Salguero, en Costanera Norte. La causa ya pasó por tres jueces y dos fiscales y tiene 38 imputados, entre ellos, los organizadores del evento, funcionarios del gobierno porteño y agentes de Prefectura.
En la instrucción del caso, a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Federico Delgado, se estableció que al predio habían ingresado más de 20 mil personas, el doble de la capacidad contemplada. La principal hipótesis sostenía que las víctimas habían asistido a una trampa mortal que propiciaba las condiciones para el consumo desmedido de agua, tras la venta de pastillas de éxtasis.
El agua mineral era comercializada por los propios organizadores, y la provisión de agua de los baños fue interrumpida adrede. Víctor Stinfale, el abogado vinculado a Energy Group y DELL Producciones, pasó dos meses preso. Luego, la Cámara de Apelaciones benefició a los acusados y, una vez en la calle, Stinfale fue contra los funcionarios judiciales y logró separarlos de la causa.
